Escribe Raymundo Riva Palacio en El Financiero que Israel Vallarta —recientemente liberado tras años en prisión acusado de secuestro— demandará a los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola con el respaldo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Riva Palacio, algo habitual en él, no presenta una sola prueba de ese supuesto apoyo estatal y, aun así, acusa directamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de operar detrás de esa acción judicial. Se trata de una infamia más del columnista; lo acostumbrado en su trayectoria.
Pero, incluso si la demanda llegara a presentarse, Ciro y Loret no tendrían de qué preocuparse. Ni siquiera Loret, subrayo, a pesar de que cometió una terrible falta ética al presentar en televisión como montaje las escenas de la aprehensión de Vallarta. Riva Palacio, otra vez mentiroso, dice que no fue montaje sino recreación. Allá don Raymundo y sus manías frente a la 4T. Paradójicamente, uno de los mejores argumentos jurídicos para defenderlos fue elaborado por quien hoy colabora con la presidenta Sheinbaum: Arturo Zaldívar.
En el Amparo Directo en Revisión 2045/2009, redactado por el entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece uno de los precedentes más importantes sobre la libertad de expresión en México. La resolución surgió del prolongado litigio entre La Jornada y el historiador Enrique Krauze, y fijó criterios que hoy siguen siendo obligatorios para resolver conflictos entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información. Hay otros casos que también defenderían a Loret y a Ciro, como el de Sergio Aguayo, a quien el máximo tribunal libró de una severa condena de indemnización impuesta a favor de uno de los priistas Moreira de Coahuila.
El primero de esos criterios es el llamado sistema de protección dual. La Corte distinguió entre la protección que merece un ciudadano particular y la que corresponde a una figura pública. Mientras el primero goza de una tutela más amplia sobre su honor y su vida privada, quienes desempeñan funciones públicas o participan de manera relevante en asuntos de interés general deben aceptar un ámbito de privacidad mucho más reducido.
De ello deriva un segundo principio: las figuras públicas están obligadas a soportar un umbral mayor de crítica. Políticos, funcionarios, periodistas, intelectuales y demás protagonistas del debate público se exponen voluntariamente al escrutinio social y, por esa razón, deben tolerar expresiones severas, vehementes, incisivas e incluso perturbadoras.
Zaldívar sostuvo además que las opiniones y los juicios de valor no están sujetos a una prueba de verdad o falsedad, como sí ocurre con la imputación de hechos. La libertad de expresión protege no solo los comentarios mesurados o amables, sino también aquellos que resulten molestos, hirientes, provocadores o formulados con un lenguaje áspero o cáustico, siempre que guarden relación con un asunto de interés público.
La sentencia también reafirmó la doctrina de la malicia efectiva. Evidentemente Israel Vallarta cae en la categoría de figura pública, y a Ciro y a Loret los protege otro hecho: a este hombre, hoy declarado inocente, en su momento lo acusó y encarceló un gobierno. Si ese proceso estuvo mal integrado o no, era un asunto cuya verificación no correspondía a los comunicadores. Cuando una figura pública reclama una afectación a su honor, no basta con demostrar que una información fue equivocada o que le causó molestia; debe acreditarse que quien la difundió sabía que era falsa o actuó con una total y manifiesta despreocupación hacia la verdad.
Finalmente, Zaldívar dejó claro que la libertad de expresión tampoco es absoluta. El límite constitucional aparece cuando las expresiones son puramente injuriosas, completamente desvinculadas del tema en discusión y dirigidas exclusivamente a denigrar a una persona sin aportar nada al debate público.
Así que, si Israel Vallarta procede legalmente contra Ciro Gómez Leyva o Carlos Loret de Mola, serán los propios criterios elaborados por Arturo Zaldívar los que probablemente constituyan su defensa más sólida. Resulta una ironía notable: mientras Riva Palacio intenta convertir el caso en una conspiración gubernamental sin aportar prueba alguna, el precedente jurídico más firme para proteger a los periodistas que menciona fue construido precisamente por quien hoy forma parte del equipo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum.