Los asuntos judiciales en materia mercantil y civil en México. Cuentan con leyes y códigos que se aplican en su proceso. Parte fundamental es la notificación y emplazamiento a juicio y en muchos casos se recurre a los edictos para su cumplimiento.
Los edictos son notificaciones públicas que los jueces ordenan cuando no se localiza al demandado. En teoría sirven para que nadie pueda decir que “no fue avisado” de un juicio. En la práctica, son un trámite caro, ineficiente y obsoleto.
En el ámbito federal, la ley obliga a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en un periódico de la entidad donde vive la persona buscada. Cada publicación cuesta no menos de 15 mil pesos por día; con facilidad superan los 20 mil pesos por un solo edicto. Si no se pagan, la consecuencia es grave: el juicio se sobresee o la demanda se desestima, aunque el asunto tenga fondo. Es decir, un derecho fundamental como el acceso a la justicia queda supeditado a la capacidad económica de costearlos.
Los juicios ejecutivos mercantiles son el camino que bancos, sofomes, financieras y empresas usan para cobrar deudas documentadas en pagarés, cheques o contratos. La característica principal es que inician con embargo de bienes, para asegurar el pago. De acuerdo con datos del INEGI y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), estos juicios son los más promovidos en México: en algunos tribunales representan más del 40% de la carga en materia mercantil. El problema es que, aunque la ley los llama “ejecutivos”, en el caso de los juicios especiales hipotecarios, los acreedores (bancos, sofomes, Infonavit) demandan para recuperar el crédito respaldado con una casa o un departamento. Primero se exige el pago, después se embarga el inmueble y, si no hay solución, se subasta. En la realidad, un juicio hipotecario que debería resolverse en meses puede tardar entre 3 y 7 años. Durante todo ese tiempo, ni el acreedor recupera su dinero ni el deudor puede resolver con certeza su situación.
Aun ganando el juicio, queda pendiente la ejecución de la sentencia, que en muchos casos se convierte en un nuevo proceso igual de largo y costoso. En México, no es raro encontrar asuntos que llevan más de 10 años en etapa de ejecución, aun cuando ya existe una sentencia firme. Los jueces, en lugar de asumir con rigor su obligación de ejecutar, trasladan la carga a la parte actora: piden nuevos escritos, verificaciones y diligencias que deberían impulsar de oficio.
La lógica es perversa. Quién obtuvo sentencia a favor, ahora debe nuevamente aportar elementos actualizados, más gastos y más tiempo. Y lo peor: como los jueces carecen de métricas claras de gestión y desempeño, no hay consecuencias reales por estas omisiones. Si un juez retrasa indebidamente, el órgano superior muchas veces lo cubre institucionalmente. Si una apelación o un amparo revoca su decisión, el caso vuelve al mismo juzgado, donde todo sigue igual. La rendición de cuentas se limita a controles internos opacos, sin sanciones públicas ni correctivos visibles. Este modelo judicial eleva los costos financieros y afecta los criterios de aprobación de créditos en los bancos. Si un pagaré o una hipoteca tardan años en recuperarse, las instituciones elevan las tasas, endurecen requisitos o simplemente dejan de prestar.
La reforma judicial en curso parece enfocarse en cambiar personas por afinidad política, en lugar de atacar los problemas reales: costos onerosos como los edictos, duración excesiva de juicios ejecutivos mercantiles e hipotecarios, formalismo excesivo que multiplica trámites y retrasa resoluciones, y ejecución ineficiente de sentencias, que equivale a volver a empezar el pleito.
La justicia no puede ser un lujo reservado para quien pueda pagar edictos de 20 mil pesos o aguantar 5 años de pleito. La justicia no es política ni ideología: es confianza, certeza y tiempos razonables. Sin atender estos temas técnicos y de fondo, la justicia seguirá siendo un terreno de simulación costosa, que desalienta a los ciudadanos y encarece el crédito en México.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx