A dos años del gobierno de la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y a siete años de la denominada Cuarta Transformación, vale la pena reflexionar en torno a lo que este proceso ha significado. Mucho se habla del bienestar: políticas del bienestar, programas del bienestar, productos del bienestar; incluso las voces que se oponen a este proyecto lo utilizan de manera peyorativa para hacer referencia a una supuesta falta de eficiencia o calidad, denominándolas como “ocurrencias del bienestar”, pero ¿qué hay detrás de poner en el centro el bienestar como paradigma en el contexto actual?
El bienestar, según el enfoque desde donde se aborde, puede referir a diversas cosas; una coincidencia tiene que ver con garantizar condiciones materiales para cubrir las necesidades humanas, permitiendo que las personas alcancen un estado de satisfacción y plenitud. Bajo la implementación de las políticas neoliberales en sexenios anteriores, se apelaba a una noción de progreso y desarrollo que en términos reales dejaba al margen a las poblaciones que históricamente fueron relegadas. Bajo la lógica del sistema capitalista, las políticas de bienestar no tenían cabida, porque en el discurso y la práctica se contraponen al modelo de acumulación y despojo que lo caracteriza.
Implementar un proyecto que reivindica el bienestar de la población no es tarea fácil, debido a que reconoce y nombra a quienes no tenían lugar en el modelo tradicional, junto con sus necesidades, entendiendo sus contextos abordados desde la complejidad. La resistencia a este proyecto no es exclusiva de los sectores que han perdido sus privilegios; la denostación puede venir también de quienes se benefician de la implementación de estas políticas del bienestar, atrapados en la idea de que son parte de un sector privilegiado que los distancia de lo que consideran marginal; por eso lo desprecian.
No solo en el discurso, sino en la práctica, las acciones de este gobierno se traducen en políticas que no tienen precedentes, en justicia social para resarcir la tremenda deuda histórica que este país tiene con las poblaciones más vulneradas; las infancias, juventudes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, clase trabajadora, campesina y población indígena o afrodescendiente son reconocidas por la política del bienestar. La trascendencia no es menor, al igual que la resistencia ante la implementación de estas, en un contexto donde aún se requiere impulsar cambios estructurales de fondo.
Los programas del bienestar —elevados a rango constitucional en el artículo 4.°— benefician actualmente a más de 42 millones de personas. Entre los más representativos destacan las becas para educación básica, media superior y superior; la pensión para personas adultas mayores; el programa Salud Casa por Casa como medida de prevención; el acceso a vivienda; el incremento de más del 100% al salario mínimo; la reducción paulatina de la jornada laboral y los apoyos al campo para consolidar la soberanía alimentaria.
Desde esta visión, se promueve la igualdad sustantiva, las mujeres son protegidas mediante la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio; asimismo, las poblaciones indígenas y afrodescendientes son reconocidas en la Constitución como sujetos de derecho público. Este modelo prioriza la atención a las causas como pilar de la justicia social. En ese sentido, la presidenta Sheinbaum lo define como “haber convertido el amor en política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México”.
Por ello, debemos advertir del peligro de que las narrativas o percepciones distorsionadas se impongan sobre la realidad material tangible y los datos objetivos que se traducen en bienestar, en cambios reales en la vida de las personas. Transformar la vida pública garantizando el bienestar de todas y todos no es sencillo frente al escenario nacional e internacional; impulsar una distribución justa de la riqueza trastoca intereses al intentar “transformar la manera de entender y ejercer el poder público”.
En ese sentido, no es menor que la presidenta Claudia Sheinbaum inicie su Segundo Informe de Gobierno enfatizando el papel de las y los servidores públicos bajo este modelo y la responsabilidad que conlleva gobernar para todas y todos con los principios de honestidad y justa medianía. Es un recordatorio pertinente para quienes integran este proyecto: asumir el compromiso de no traicionar la confianza del pueblo para asegurar que el bienestar llegue a cada rincón del país es una tarea permanente.