El Infonavit no nació para esto.
Cuando Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazzo de la Vega siendo secretario de Trabajo impulsó su creación, lo hizo con la idea de construir una institución al servicio de los trabajadores, no del poder.
Apoyado en juristas como Mario de la Cueva, el modelo se diseñó para funcionar como equilibrio entre Estado, empresarios y sindicatos. Financiado por aportaciones patronales con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna a los trabajadores.
Muñoz Ledo lo definió con claridad: el Infonavit debía ser patrimonio de los trabajadores, no botín de intereses políticos o económicos.
Hoy, esa advertencia es letra muerta.
De institución social a caja chica
Bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, el instituto ha dejado de ser un instrumento social para convertirse en una estructura de financiamiento al servicio del poder político y de su red de negocios.
Romero Oropeza llegó acompañado del mismo grupo que antes rodeó Pemex. Su gestión en la paraestatal estuvo marcada por pérdidas, opacidad y señalamientos de corrupción. Aunque no existen acusaciones directas en su contra, incluso autoridades en Estados Unidos documentaron esquemas de sobornos a funcionarios durante ese periodo.
La continuidad tiene nombres: Marcos Manuel Herrería Alamina, actual secretario general del Infonavit, en su paso por Pemex fue señalado como parte de un esquema de asignación de contratos dirigidos a presuntas redes del huachicol fiscal. Hoy,en el Infonavit, el patrón es el mismo: adjudicaciones millonarias a empresas sin trayectoria en el sector de lavivienda.
Lo mismo pasa con Javier Núñez López, exchofer de Andrés López Beltrán quien, tras haber estado en Pemex, hoy ocupa un cargo clave en planeación en Infonavit. Frida Palacios García, que aparece desde la gestión de Rocío Nahle, ocupó la coordinación financiera en Pemex y su esposo, Víctor David Palacios Gutiérrez, era titular de la subsecretaría de Hidrocarburos en SENER; a este último se le vincula con operaciones de huachicol y por favorecer a su hijo en venta de diésel. Pero más allá de sus nombres, lo grave es lo que hacen.
Negocios cruzados
El programa “Vivienda para el Bienestar”, fue presentado como solución a los abusos del pasado, sin embargo, reportes apuntan a que se han asignado miles de millones de pesos sin procesos competitivos transparentes a empresas vinculadas con Romero Oropeza.
Lo más delicado es que las compañías beneficiadas son firmas que antes operaban en sectores completamente distintos, como el energético o el industrial, que ahora reciben contratos para la construcción de vivienda.
Casos como Inmobiliarios Mexicanos, Interservicios de Tabasco o Metal Mecánica PGB confirman la reasignación de negocios públicos hacia grupos privilegiados que no garantizan experiencia ni calidad en el sector.
Este sistema de adjudicación de los recursos públicos también plantea otro tipo de riesgos: lo que se está construyendo. Se replican errores del pasado como dimensiones reducidas, urbanización deficiente y cuestionamientos sobre la calidad de los materiales y la construcción.
Aunque México ya enfrentó el fracaso de casas abandonadas y desarrollos sin servicios, todo indica que esa historia podría repetirse.
El costo lo pagan los trabajadores
El impacto real lo resienten los derechohabientes que adquieren viviendas de bajo valor a través de créditos cuyo trámite es lento, burocrático y puede extenderse durante meses. Pero, hay algo más difícil de justificar, que el Infonavit, creado para facilitar el acceso a la vivienda, en muchas ocasiones ofrece condiciones menos competitivas que la banca comercial.
Tasas más elevadas, menor flexibilidad y esquemas de financiamiento poco claros, que colocan al trabajador en una posición de desventaja a pesar de que son sus propias aportaciones las que sostienen el sistema.
Una distorsión profunda del modelo original. El modelo diseñado para ser una herramienta de justicia social, convertido en un mecanismo corrupto, donde el trabajador financia, no decide y se endeuda por décadas.
El Infonavit administra cientos de miles de millones de pesos que, sin contrapesos efectivos, pueden convertirse en una herramienta política de gran alcance.
La historia tiene ejemplos de lo que pasa cuando las instituciones públicas se subordinan a los intereses del partido en turno: corrupción, ineficiencia y pérdida de confianza. Y el Infonavit, claramente, no es la excepción.
X: @diaz_manuel