La difícil combinación entre pobreza, marginación y violencia se registra de forma frecuente en comunidades indígenas de nuestro país, lo que resulta muy lamentable debido a las condiciones de vulnerabilidad en que éstas, lamentablemente, se encuentran tornándose en presa fácil de grupos de la delincuencia.
Ese hecho ocurre en un marco de omisión, incapacidad, insuficiencia o hasta de confabulación de las autoridades que debieran combatir los abusos que se perpetúan. Trátese del ejército, de la guardia nacional o de los cuerpos de seguridad y prevención estatales y municipales, ocurre la explotación arbitraria y hasta el desplazamiento de comunidades indígenas en algunas regiones del país.
Se trata de un fenómeno que tiene lugar en lugares donde se registran los niveles más altos de pobreza, como sucede en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En efecto, la delincuencia organizada ha demostrado tener un gran olfato para detectar las regiones más vulnerables para penetrarlas y someter a sus habitantes.
Un grito desesperado ha sido emitido por comunidades nahuas de la montaña baja de Guerrero al verse sometidas a ataques despiadados por parte del grupo conocido como “los ardillos” que, durante años, han asolado la zona; en este momento se denuncian ataques con armas de fuego y con drones, sin que las autoridades los auxilien, protejan y detengan a los criminales.
Los hechos que se denuncian, si bien ocurren en estos momentos, forman parte de una larga secuela de sucesos que se remite a años atrás cuando la organización delictiva que comandaba Beltrán Leyva sufrió la captura de éste, de lo que se derivaron reacomodos y luchas internas para asumir el liderazgo y aprovechar la red que estaba desquebrajada. De esa nueva recomposición surgieron “los ardillos” que desde entonces han trabajado para garantizar sus intereses en la región.
Sin embargo, las comunidades indígenas han resistido negándose a someterse y entregarse a la organización criminal. Se trata de pueblos indígenas ubicados en el municipio de Chilapa, Guerrero, y específicamente de comunidades de Xicotlán, Acuecuetlán y Tula, principalmente.
En ese contexto, se reunió el Congreso Nacional indígena, CNI. para denunciar que comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, enfrentan la violencia que se adjudica al grupo “los ardillos”. El gran impacto que ha tenido el despliegue de los ataques armados y el desplazamiento que éste ha ocasionado, sin que se tenga respuesta por parte de las instancias encargadas de proporcionar seguridad, ha hecho que se plantee el involucramiento de las autoridades estatales como parte fundamental de la inseguridad en que se vive.
Son especialmente evidentes las agresiones que se han recibido en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán por medio de drones y de ataques armados. Conforme al pronunciamiento realizado por el CNI, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, viven una grave situación de hostigamiento, al tiempo de denunciar que el grupo “los ardillos” tiene en asedio a comunidades de la montaña baja de Guerrero. En la parte final de su denuncia señalan:
“Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia contra el CIPOG-EZ y denunciamos la situación de guerra que viven las comunidades indígenas que se atreven a resistir. Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero. Hasta ahora son ya 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos”.
Las páginas escritas y los discursos pronunciados a favor de las comunidades y pueblos indígenas que se expresan y circulan para exaltar el signo e identidad que a la Nación aportan, y que alentaron la reforma constitucional a su artículo segundo, debe corresponderse con una visión y acción del Estado que, en términos efectivos, alienten su desarrollo.
Es motivo de indignación y de vergüenza que ocurran hechos como los que aquí se denuncian.