En la compleja red de intereses de instituciones públicas y privadas que conviven en la Ciudad de México, las acusaciones de fraude en la Fundación Haghenbeck reabren la interrogante de ¿quién vigila a quienes administran el patrimonio destinado al bien común?
La fundación, históricamente vinculada a labores asistenciales y de beneficencia, enfrenta señalamientos que van más allá de simples disputas internas. Son denuncias que apuntan a posibles irregularidades en el manejo de recursos, decisiones discrecionales y una estructura opaca que habría desviado el propósito original de la institución. Y, lo más preocupante no es el presunto fraude, sino las relaciones políticas que parecen rodearlo y que podrían estar actuando como manto de protección.
Poder y conflictos de interés
En el centro de la polémica aparece el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, cuya cercanía con figuras clave de la fundación, como la apoderada legal, Verónica Blanco, ha levantado sospechas legítimas sobre un posible conflicto de interés por lo que implica en términos de acceso privilegiado al poder.
Investigaciones periodísticas revelaron que Cravioto habitó durante más de 15 años un departamento en Polanco propiedad de la fundación que hoy enfrenta denuncias ante la Fiscalía por despojo, fraude y falsificación de documentos.
El dato, aparentemente menor, adquiere otra dimensión, por la posición que ocupa en el gobierno capitalino.
El escándalo se amplificó luego del operativo en que ocurrió el desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, predio ligado a la organización. Para activistas y observadores, la coincidencia entre las decisiones gubernamentales y los intereses de la fundación resulta, por decir lo menos, inquietante y, la salida de Cravioto del inmueble en febrero de 2026, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades, lejos de cerrar el caso, terminó por alimentar las sospechas.
Aunque el funcionario ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que su estancia fue estrictamente como inquilino, presentando contratos y pagos comprobables e incluso respaldados por facturas recientes, se mantienen dudas sobre todo por la relación inquilino-propietario con la apoderada legal de la fundación.
El presunto saqueo
Más allá de los nombres, el asunto radica en el manejo del patrimonio de la fundación. Familiares del filántropo Antonio Haghenbeck y de la Lama han denunciado que directivos, apoderados legales y administrativos habrían saqueado bienes mediante la venta de propiedades, obras de arte y antigüedades para beneficio personal.
Incluso han salido a la luz documentos fiscales que apuntan a desvíos superiores a 200 millones de pesos entre 2023 y 2025, transferidos a cuentas personales, familiares y proveedores fantasma.
Entre los señalamientos destaca que la apoderada legal habría recibido pagos millonarios, al igual que personas cercanas a su entorno.
Y un elemento especialmente delicado: la negativa de las autoridades a transparentar información. Los familiares Haghenbeck solicitaron datos sobre la venta de propiedades, pero la Junta de Asistencia Privada —organismo encargado de supervisar este tipo de instituciones y que depende del propio gobierno capitalino— clasificó la información como confidencial.
En su declaración Patricio Haghenbeck acusa que no existe una autoridad efectiva que controle a quienes hoy administran la fundación, lo que ha permitido, según su versión, un saqueo sistemático.
El problema es público, no privado
En este punto el caso deja de ser un conflicto privado para convertirse en un problema público. Cuando actores políticos de alto nivel mantienen vínculos estrechos con organizaciones que manejan recursos significativos y, además, enfrentan acusaciones de irregularidades.
No se trata de acusar culpabilidades, sino de exigir claridad. La respuesta institucional hasta ahora ha sido insuficiente: silencios, evasivas y una preocupante falta de rendición de cuentas. Todo en una ciudad que presume avances en transparencia.
La Fundación Haghenbeck administra recursos y confianza. Y si esa confianza se fractura, difícilmente se recupera.
Si las acusaciones son infundadas, corresponde demostrarlo con auditorías independientes y apertura total. Si son ciertas, las consecuencias deben ser ejemplares, sin importar los nombres o los cargos de los involucrados.
X: @diaz_manuel