El balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) nos debe doler a todos y todas.
Durante el 2025 se registraron un total de 501 asesinatos de niñas y adolescentes en México, pero solo 58 de estos casos fueron clasificados como feminicidio.
Pese a que existe una reducción del 11.5% respecto a 2024, las cifras son escalofriantes y REDIM sostiene que el derecho a la vida no debe ser jamás vulnerado y, por ende, ninguna disminución es suficiente.
En México, el feminicidio está definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal como el homicidio de una mujer por razones de género, lo que incluye circunstancias como violencia sexual previa o posterior al crimen, lesiones o mutilaciones, infamantes, antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, o la existencia de una relación sentimental entre victimario y víctima. La baja proporción de casos clasificados como feminicidio frente al total de asesinatos de niñas y adolescentes plantea interrogantes sobre la correcta aplicación de la normativa y la identificación de las motivaciones de género detrás de estos crímenes.
La violencia contra niñas y adolescentes no solo se manifiesta en los homicidios, sino también en otros delitos como lesiones dolosas, extorsión, secuestro, corrupción de menores, trata de personas, violencia familiar, violencia de género y violación.
Por desgracia, la violencia contra nuestras infancias que terminan en feminicidios y se anuncian; no siempre a gritos, en su mayoría son delitos tratados de forma silenciosa, siendo invisibilizadas hasta que el desenlace es fatal y nos horroriza y lastima.
Todavía recordamos con dolor el caso de Karla, de nueve años de edad, y sus hermanas gemelas Meredith y Medelin, de once, quienes fueron halladas sin vida en Sonora un día después de que se encontrara el cuerpo de su madre. La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGES) determinó que se trata de cuatro feminicidios, señalando como responsable a la pareja de la madre, quien mantenía vínculos con un grupo delictivo.
El trágico suceso tuvo lugar en julio del año pasado: el cuerpo de la madre fue localizado en una zona rural del estado, y horas después, las tres niñas fueron encontradas abrazadas, ultimadas de un balazo. Esta es una tragedia que jamás debió ocurrir.
Este caso generó una fuerte reacción en la sociedad mexicana, con manifestaciones en varias ciudades exigiendo justicia para las víctimas y mayores medidas de protección para niñas y adolescentes en contextos de riesgo. Organizaciones como la REDIM destacaron que situaciones de vinculación con grupos delictivos aumentan la vulnerabilidad de las familias, especialmente de las mujeres y las menores, quienes se convierten en blanco de violencia estructural y criminal.
Hay otros casos, otros nombres que también nos duelen.
Ante esta situación, es urgente que las autoridades implementen medidas efectivas para prevenir la violencia contra niñas y adolescentes, fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. También es fundamental trabajar en la erradicación de las estructuras de género que perpetúan la desigualdad y la violencia, así como en la educación y sensibilización de la población para construir una sociedad más justa e igualitaria.