Esta semana el FBI reconoció la participación de agentes estadounidenses en el operativo de detención y traslado de Ismael El Mayo Zambada. La declaración provocó una inmediata reacción del gobierno mexicano y reavivó uno de los debates más delicados de la relación bilateral. Más allá del personaje involucrado o del combate al crimen organizado, lo que hoy se encuentra bajo escrutinio es la forma en que se desarrolló una operación que, de confirmarse plenamente, habría implicado la actuación de autoridades extranjeras dentro del territorio mexicano.
Durante meses, la versión oficial sostenida por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, fue que ninguna autoridad estadounidense había participado en la captura del líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la información dada a conocer recientemente por el FBI contradice esa versión al reconocer que sí hubo presencia de personal estadounidense durante el operativo que culminó con la detención y traslado de Zambada a territorio norteamericano.
Fue precisamente esa revelación la que provocó la reacción del gobierno mexicano y de la Fiscalía General de la República. Ambas instituciones solicitaron explicaciones formales sobre el papel desempeñado por las autoridades estadounidenses y cuestionaron directamente la veracidad de las declaraciones que Ken Salazar sostuvo cuando aún era embajador. Desde la perspectiva del Estado mexicano, el problema ya no radica únicamente en la captura de un presunto líder criminal, sino en la posibilidad de que se haya ocultado información sobre la forma en que ésta se llevó a cabo.
El caso resulta especialmente delicado porque ocurre en un contexto donde la soberanía nacional se ha convertido en uno de los principales ejes de tensión entre ambos gobiernos. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral ha estado marcada por una política exterior mucho más agresiva hacia México. Las amenazas de intervención para combatir a los cárteles, las presiones comerciales, las diferencias en materia migratoria y los constantes cuestionamientos sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a la delincuencia organizada han configurado un escenario particularmente complejo.
Por ello, la discusión trasciende el expediente judicial de Zambada. Si efectivamente existieron agentes estadounidenses participando en un operativo dentro de México sin el conocimiento o la autorización expresa de las autoridades nacionales, el asunto adquiere una dimensión institucional que inevitablemente despierta preocupaciones sobre el respeto a la jurisdicción mexicana.
Al mismo tiempo, tampoco puede perderse de vista el otro lado de la discusión. La captura de uno de los principales líderes del narcotráfico representa un objetivo legítimo para cualquier estrategia internacional de combate al crimen organizado. Sin embargo, incluso ese objetivo debe desarrollarse bajo reglas claras de cooperación entre Estados soberanos. El combate a las organizaciones criminales no puede convertirse en una justificación para diluir los principios que rigen las relaciones internacionales.
El episodio también deja abierta una interrogante política importante. Si la versión inicialmente presentada por las autoridades estadounidenses no reflejaba con precisión lo ocurrido, inevitablemente se erosiona la confianza entre ambos países. La cooperación en materia de seguridad depende, en buena medida, de la credibilidad mutua. Cuando esa confianza se debilita, cualquier esfuerzo conjunto enfrenta mayores obstáculos.
No es casualidad que este tema haya adquirido tanta relevancia. En los últimos meses el debate sobre la soberanía mexicana ha ocupado un lugar central en la agenda pública, impulsado tanto por las posturas del gobierno de Estados Unidos como por las respuestas de la administración de Claudia Sheinbaum. En ese contexto, cualquier indicio de una actuación unilateral de autoridades extranjeras dentro del país adquiere un peso político mucho mayor que el que tendría en otro momento de la relación bilateral.
Por ahora, la exigencia del gobierno mexicano es conocer con precisión cómo ocurrió la operación y cuál fue el nivel de participación de las autoridades estadounidenses. Más allá de las responsabilidades penales del propio Zambada, lo que está en juego es esclarecer si se respetaron los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países y si las instituciones mexicanas fueron informadas oportunamente sobre una operación que terminó desarrollándose en su propio territorio.
Las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han estado marcadas por un delicado equilibrio entre cooperación y respeto a la soberanía de ambos Estados. Combatir al crimen organizado es una responsabilidad compartida, pero esa cooperación solo puede sostenerse sobre reglas claras, confianza mutua y pleno respeto al derecho internacional. En un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más complejos de los últimos años, esclarecer con total transparencia lo ocurrido en la captura de Zambada resulta indispensable. No solo para determinar responsabilidades, sino para preservar la credibilidad de una cooperación que seguirá siendo fundamental para ambos países.