En la campaña de Bill Clinton por la Presidencia de la República en Estados Unidos durante 1992, la oficina de asesoría del demócrata tenía una frase que rezaba ”es la economía, estúpido”; con ella se pretendía superar discusiones estériles e interminables sobre el comportamiento de las preferencias electorales y afinar la propuesta y el discurso desde la centralidad del tema económico. Más célebre se hizo la expresión debido al triunfo que él obtuvo sobre su adversario George H. W. Bush en los comicios de ese año.
A manera de parafraseo de esa expresión, se puede aducir ahora, es la política, estúpido; ella alude al núcleo duro que permite señalar el origen de los graves problemas que enfrentamos en el país. En efecto, el régimen político autoritario caracterizado por la concentración del poder, la ruptura de los equilibrios, el ataque y vulneración de las instancias autónomas, la intimidación y amenazas a la libertad de expresión, la eliminación de los mecanismos de transparencia, el sistema de gobierno como expresión exclusiva de un sólo partido y de sus intereses para mantener su predominancia en el ejercicio del poder (es decir un sistema de partido hegemónico), la onda expansiva de la corrupción y de su encubrimiento oficial, y el mecanismo para lograr el sobreendeudamiento del país, define, en buena medida, la causa primigenia de nuestras graves dificultades.
La lista se puede ampliar, pero queda claro que las decisiones de política pública tomadas durante estos 8 años de gobiernos emanados del partido Morena, se han podido instrumentar gracias a las atribuciones inéditas que ha traído al gobierno el famoso cambio de régimen político, que de inmediato se confrontó con las instancias que no le eran subordinadas y que tenían dispositivos orgánicos autónomos, como lo fue con el poder judicial, especialmente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el INE y con el propio Congreso.
Después de que las elecciones intermedias de 2021 las fuerzas de oposición dieron un reacomodo que mejoró su presencia en la Cámara Baja del Congreso, y que impidieron la marcha expedita del paquete de reformas que el gobierno lopezobradorista pretendía; pero se formuló un cierre de esa administración con una orientación decidida a alcanzar un dominio que les brindara la mayoría calificada al nuevo gobierno y así cumplir con la agenda de reformas que se encontraba pendiente por no haberse podido instrumentar.
El despliegue de la estrategia encaminada a alcanzar tal propósito no pudo ser más cuestionable, merced a un proceso interno, el de las corcholatas, marcado por una grosera promoción anticipada de figuras políticas del oficialismo y de un gasto distendido e ilimitado en su promoción que, incluso, dio lugar a ser denunciado por uno de los participantes (Marcelo Ebrard) para señalar las ventajas y la participación de instituciones de gobierno en la promoción de quien ahora ocupa la presidencia del país.
Consecuente con ese diseño, las elecciones de 2024 fueron concomitantes con la dispersión de un gasto público extraordinario gracias al sustento de un endeudamiento brutal e histórico, bajo el pretexto de terminar las obras emblemáticas del Tren Maya, el Tren Interoceánico y la Refinería de Dos Bocas, las cuales pronto exhibieron sus excesos, problemas de construcción y operativos, así como un nocivo impacto ambiental. Los descarrilamientos en los dos primeros dan cuenta de ello, mientras los reiterados accidentes y escurrimientos muestran las inconsistencias del tercero.
Las acciones puestas en marcha por el morenismo implicaron un obtuso procedimiento para convertir el 54% de los votos que alcanzaron Morena y sus aliados en las votaciones para diputados en los comicios de 2024, en una representación de más del 70% en ese órgano, mediante una interpretación obtusa y con graves deficiencias por una parcialidad que evadió atenerse a la revisión integral de las disposiciones aplicables, poniéndose en manos de un alineamiento oficialista personificado por el INE y el Tribunal Electoral, al tiempo que en la Cámara de Senadores se emplearon métodos gansteriles y propios de gatilleros para intimidar a legisladores cuya ausencia o reconversión política se requería, a fin de obtener la representación que requerían.
En efecto, se construyó una supermayoría artificial del partido en el gobierno en desmedro de la pluralidad política y de la presencia opositora. En ese contexto, no extraña que los inversionistas hablen de que uno de los principales obstáculos que enfrentan para ampliar sus proyectos en el país es la debilidad del Estado de derecho; de igual forma señalan el asunto de la inseguridad. Por otra parte, las calificadoras de deuda refieren los excesos del endeudamiento del país y los límites que se advierten en su estrategia fiscal; por otra parte, eclosiona la corrupción en el INE y las evidencias de que tal cosa ocurriera por el esquema de concentración de facultades, que diera lugar a los llamados superpoderes de la presidencia de su Consejo General. ¿No es todo ello un producto del modelo autoritario en vigor?
A su vez, el asunto del huachicol fiscal y de los narco-negocios vinculados a narco políticos, visibiliza la podredumbre que acompaña la discrecionalidad en las decisiones de las instituciones de gobierno, y los nexos inconfesables que han construido quienes las presiden. El país se encuentra dominado por los vicios y desvíos que acompañan al despotismo autoritario y por la expansión de una criminalidad que toma el dominio del Estado, al tiempo que impone sus intereses y reglas en amplias franjas del territorio nacional e hipoteca nuestra soberanía. En efecto, es el modelo político de gobierno.
El problema que prendió las alarmas en el INE se encuentra más allá de los excesos de quien fuera su presidenta de su Consejo; tiene su base en un esquema de gobierno y de ejercicio de la política que no sólo impactó a ese instituto, pues está vinculado con la manera como gobiernan los que gobiernan de forma unilateral y autoritaria; es la política, estúpido.