La crónica de los sucesos que dieron lugar a la renovación del INE en 2023 está inscrita en una trama muy clara; ella da cuenta de la intención de capturar al órgano electoral para evitar así posturas autónomas e independientes que contravinieran los intereses del gobierno. Sobre ese tema no parece necesario abonar, pues se encuentran consignadas múltiples declaraciones del expresidente Obrador para descalificar, repudiar y hasta fustigar las decisiones del Consejo General de ese instituto y, especialmente, a las de quien estuvo al frente de dicha instancia, debido a considerarse afectado por ellas.
No se encontrará en lo que va de la historia del IFE y del INE una fase de ataques tan reiterados y sistemáticos al órgano electoral, como las escenificadas por el gobierno anterior y, consecuente con ello, su clara intención de hacer de la renovación de su Consejo una oportunidad para alinearlo a los intereses oficialistas. Esa trama condujo a que se bloqueara la posibilidad de que la Cámara de Diputados resolviera directamente la elección y, por tanto, se recurriera a lo previsto en ese supuesto, consistente en proceder a la insaculación entre las candidaturas aprobadas.
Por cierto, una insaculación emanada de una relación de aspirantes calificada por el Comité Técnico de Evaluación, dominado por el gobierno a partir del peso de su partido en el Congreso y de la afinidad que le ha profesado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes tuvieron incidencia para la integración de esa entidad evaluadora. Así llegó Guadalupe Taddei a presidir el INE, lo que hizo que su nominación y nombramiento emanara de un operativo para que el órgano electoral y la mayoría de sus consejeros, en los hechos, estuvieran anuentes a colaborar sometidos al gobierno.
Si alguna duda hubiese sobre el alineamiento del INE a los intereses del gobierno, hay que ver la resolución que tomó para la integrar la Cámara de Diputados, que logró convertir una votación de Morena y sus aliados del 54% de los votos, en una representación de más del 70% del total de los integrantes de ese órgano legislativo, lo que bien se conoce como una brutal sobrerrepresentación que, a su vez, rompió los límites que se habían impuesto para garantizar la pluralidad y evitar el avasallamiento de una fuerza política o coalición.
A la captura del órgano electoral se correspondió otra, la de la presidencia del Consejo General del INE, ésta mediante la reforma que se aprobó en el Congreso por parte del oficialismo, conocida por el otorgamiento de los llamados superpoderes a esa instancia, y que fracturó los equilibrios internos, la colegiabilidad y la capacidad interna de control. La ruta de los excesos y de la corrupción en el INE quedó dibujada desde ese momento.
El oficialismo preparó dos cooptaciones correlacionadas, pues una condujo a la otra: la del INE que se materializó en su órgano de gobierno, especialmente, la presidencia del mismo, lo que derivó en un intercambio de prebendas; la primera es la que obtuvo Morena para alcanzar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados; la segunda se refiere a los superpoderes que capturó la presidencia del INE para operar la conducción de ese órgano y así ejercer su presupuesto, contrataciones y adquisiciones de forma discrecional.
Pero el tema es que tal modelo de gestión del INE evidenció pronto sus excesos y contradicciones; pronto generó una brutal corrupción que derivó en un escándalo desorbitado ante la opinión pública; una vez que salieron a flote algunas de las operaciones que se llevaron a cabo por la administración del instituto electoral se preparó un mal logrado deslinde del gobierno.
El oficialismo ha apurado una estrategia de control de daños consistente en desmarcarse, presurosamente, de su vínculo con la ex presidenta del INE Guadalupe Taddei y, para lograrlo, vincularla groseramente con alguna otra figura, como ahora se intenta hacer con el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba. La trama que se escribe para ello resulta grosera y burda, degrada al gobierno y a su partido por la pobreza de los argumentos en la que pretende sostenerse.
Ahora se intenta acreditar que las empresas vinculadas a los actos de corrupción habían desplegado sus prácticas desde hace varios años, pero bajo esa tesis queda mal parado los dispositivos de un gobierno que llegó hace 8 años al poder y que, de ser el caso, debió de conocer de los hechos que se anuncian y actuar en consecuencia.
Resulta evidente que el vínculo entre Morena, el desaseo en el INE y los excesos de la expresidenta de ese órgano, Guadalupe Taddei, están consolidados y forman parte de una trama de efectos nocivos que resultan difícil de calcular, que, adicionalmente, ponen en vilo la vida democrática del país.
Frente a tales circunstancias la estrategia oficialista es desprestigiar al INE y deshacerse de sus evidentes vínculos con la expresidenta de ese instituto, pero los hechos ahí están: Morena pavimentó el camino para el arribo de Guadalupe Taddei al organismo electoral y la hizo su cómplice, al tiempo que le otorgó facultades extraordinarias para corresponder y afirmar su colaboración obsequiosa.
El problema es que ese modelo centralizador, de debilitamiento de controles y de ruptura de equilibrios no sólo tiene que ver con las reformas que se impulsaron en el INE; también son visibles en la operación de otros órganos como el IMSS, el sistema de adunas, PEMEX y la CFE, como lo anuncian los grandes actos de corrupción que se han evidenciado en esas instituciones. Por lo pronto el nexo que imbrica a Morena, al INE y a Guadalupe Taddei ha cobrado la mayor visibilidad a pesar de los intentos para ocultarlo.