Por momentos, el entusiasmo tecnológico de los gobiernos se parece más a un acto de fe que a una política pública. Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como parte del proceso de digitalización de la economía impulsado por el Gobierno federal y la banca, se eliminarán los pagos en efectivo en gasolineras y casetas. El anuncio, realizado en el marco de la 89 Convención Bancaria, fue acompañado de una promesa seductora: pagos más simples, inmediatos y sin comisiones a través de CoDi, respaldado por Banco de México.
Pero la historia económica enseña que cada avance técnico conlleva una disputa por el poder y en este caso también de soberanía, libertad y clase. Pensar en quienes más efectivo utilizan no solo nos hace mirar hacia quienes se encuentran en la informalidad, también nos hace mirar a quienes cuentan con menor acceso a la banca, quienes desconfían de ella, adultos mayores y personas con ingresos irregulares. En este caso, la pregunta de fondo no es tecnológica, sino profundamente política: ¿quién controla el dinero y bajo qué condiciones?
Visa y Mastercard son dos de las redes de pagos electrónicos más grandes del mundo. Aunque muchas personas piensan que “son bancos”, en realidad no lo son: funcionan como intermediarios tecnológicos que permiten que el dinero viaje entre bancos, comercios y usuarios. Para que la tarjeta de cualquier banco pueda utilizarse para pagar en comercios, necesita formar parte de al menos una de estas redes. Aquellas no son instituciones públicas sino que son empresas privadas transnacionales norteamericanas, Visa tiene su sede en Foster City y Mastercard tiene su sede en Purchase.
Aunque están basadas en EU, operan en prácticamente todo el mundo y procesan pagos en más de 200 países pero así como operan mediante acuerdos también son instrumento político de control económico que tiene capacidad de saber cuanto dinero se mueve en un país o bloquearlo cuando aquel país incurre en sospechas o delitos como “terrorismo”. Rusia, Irán, Corea del Norte de plano son países excluidos por tales empresas y no aceptan operaciones como sanción a guerras, Venezuela y Cuba tienen restricciones duras por el embargo estadounidense.
Si un país depende totalmente de pagos electrónicos, depende indirectamente de estas redes y cualquier falla, sanción o decisión corporativa puede afectar transacciones a gran escala. A menos que esta decisión sea parte de las exigencias de Estados Unidos para mantener con vida al T-MEC, no se explica que México decida por algo así, ni siquiera por quedar bien con la industria banquera. Se vuelve un tema de soberanía financiera, no solo de tecnología.
Además de todo, la narrativa de la eficiencia digital omite una realidad del país y es que el efectivo no es un rezago o una costumbre antigua pasada de moda, es una garantía a la que muchos países están volviendo por el contexto de guerras. En escenarios como el mexicano, donde la desigualdad financiera es una experiencia cotidiana, eliminar el efectivo no modernizar sino que excluye. Millones de personas como adultos mayores que mes con mes retiran en efectivo su pensión del bienestar, trabajadores informales, comunidades sin acceso estable a internet, etc., quedarían al margen de una economía diseñada desde la lógica bancaria, no desde la vida real.
Antes de digitalizar, la ciberseguridad y la educación para prevenir fraudes antecede pues el dinero bancarizado es vulnerable a todo tipo de riesgos sofisticados, y la confianza no se decreta. México recuerda el Fobaproa y ese emblema fue parte del triunfo de López Obrador, uno de los peores errores que un no se termina siquiera de pagar. En un país donde los rescates bancarios, fraudes financieros, la clonación de tarjetas y los abusos bancarios forman parte de la memoria colectiva, el efectivo sigue siendo un refugio de certidumbre. Tener el dinero en la mano no es una nostalgia sino que es una forma de control sobre lo propio y también eso es libertad.
Es bastante impositivo que solo se puedan pagar ciertos bienes con tarjeta pues por ahí comienza el control. Ahora es la gasolina y casetas, pronto será todo tipo de operaciones.
Más aún, la promesa de “cero comisiones” suena, en el mejor de los casos, parcial o un poco falsa. México encabeza desde hace años el ranking de ganancias bancarias por comisiones, muchas de ellas opacas y desproporcionadas. Pensar que la digitalización eliminará estos costos sin una reforma estructural del sistema financiero es, cuando menos, ingenuo. Aunque no cobren comisiones por pagar con tarjeta en casetas y gasolineras, la banca sigue cobrando comisiones cuando no se mantienen los mínimos en saldo o cuando no se contratan seguros “optativos”.
El argumento global tampoco juega a favor de la desaparición del efectivo ni de las medidas para hacer pagos electrónicos obligatorios. En Nueva York, por ejemplo, se han aprobado leyes para obligar a los comercios a aceptar pagos en efectivo, reconociendo que su exclusión afecta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. En países altamente bancarizados, incluso, las autoridades han recomendado mantener reservas de efectivo ante posibles fallas sistémicas, ciberataques o crisis geopolíticas. La dependencia absoluta de infraestructuras digitales, muchas de ellas controladas por gigantes como Visa y Mastercard, además de tener un riesgo técnico, son vistos como una cesión de soberanía y un factor relevante ante los acontecimiento mundiales y la inestabilidad de Donald Trump.
Renunciar al efectivo es, en el fondo, renunciar a una dimensión esencial de la autonomía financiera. Es aceptar que cada transacción pase por intermediarios, que cada consumo deje rastro, que cada peso dependa de sistemas que pueden fallar, ser vulnerados o, peor aún, ser utilizados como mecanismos de control.
La digitalización no es el enemigo. El problema es su imposición sin matices, sin gradualidad y sin garantías. Una política pública responsable no elimina opciones ni tendría que restringir las libertades, por el contrario, debería poderlas ampliar con seguridad. Obligar a elegir entre lo digital y lo inexistente no es progreso sino que es coerción y personas dedicadas al comercio, a la compra venta en la Central de Abasto, al transporte público y otro tanto grupo de personas sin duda estarán ante la complicación cotidiana por una medida de tal nivel.
Defender el efectivo no es resistirse al futuro. Es recordar que no hay innovación legítima si en el camino se sacrifica la libertad. Porque, al final, el dinero no es solo un medio de intercambio sino que es también una herramienta de autonomía. Y esa, en cualquier democracia que se respete, debería ser innegociable.