El lector seguramente recordará la operación ilícita cometida por la alcaldesa Delfina Gómez en Texcoco en 2022. De acuerdo a información pública, la ex funcionaria, y hoy gobernadora del Estado de México, descontó el 10% de los sueldos de los trabajadores del ayuntamiento para financiar las campañas de Morena en ese año.
Así fue reportado por diversos medios de comunicación. El Tribunal Electoral, en una decisión considerada por muchos como tímida, confirmó los actos y sancionó a Morena por más de 4 millones de pesos. A juicio de las autoridades electorales, no existía evidencia de que Gómez y su campaña hubiesen resultado directamente beneficiados, por lo que la sanción fue impuesta al partido en solitario.
Este tipo de delitos electorales podrían estar a la orden del día frente a una reducción de los presupuestos de los partidos. Si bien no se han dado a conocer los detalles de la reforma electoral, se espera que el financiamiento de los partidos sea objeto de disminución.
Morena y sus aliados resultarían beneficiados, pues a pesar de ver reducido su financiamiento legal, recurrirían a operaciones fraudulentas, como el realizado en Texcoco, para paliar los huecos financieros dejados por los recortes; amén del probable financiamiento por parte del crimen organizado.
No sería nuevo, pues durante las campañas de 2024 se hizo evidente una absoluta falta de transparencia, sumado a las incapacidades del INE por la ausencia de funcionarios responsables en los cargos, en relación con los gastos de las “corcholatas”.
Los partidos de oposición, por su parte, no contarían con los mismos recursos “extraoficiales” pues no presencia territorial en el país se ha visto reducida como resultado de los comicios electorales.
En suma, la reforma electoral, y muy particularmente el componente relativo al financiamiento de los partidos, podría conducir a reproducir las prácticas de Texcoco, a la vez que profundizaría la inequidad de la contienda en favor del oficialismo.