Pareciera que la muerte es el precio del éxito si es que aquel se logra en alguna reserva natural en la provincia de México.
Martina Amates González, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, fue asesinada junto con su hija, Ivana Esperanza Gama Amates, y Eliseo Muñoz Reyes, integrante de la Unión de Pobladores y prestador de servicios turísticos del parque. Los tres fueron torturados y asesinados.
El horror nos ha tomado por costumbre y pareciera que esto es una noticia más de la nota roja, tan vendida. El móvil del crimen está relacionado con la presión de grupos criminales para extorsionar a turistas, así como para obtener dinero de las atracciones naturales mexicanas.
Caminar una ruta de senderismo puede costar la vida, pero hasta el cargo más básico es interpretado por la maña como éxito y la mínima lucha por sobrevivir, como un desafío. En cuanto el crimen toma el control de un territorio, quienes cuidan nuestros bosques terminan enfrentando tres caminos posibles, en cada uno, la vida es moneda perpetua. Es posible colaborar y obtener beneficios así como guardar silencio por miedo o para evitar problemas, en el peor de los casos, negarse, denunciar o intentar resistirse e irremediablemente, convertirse en una víctima más.
El saqueo de miles de hectáreas de bosques junto con la tala ilegal, los residuos químicos sin manejo adecuado por la operación de laboratorios clandestinos junto con la caza furtiva, la extorsión y el control de actividades económicas dentro de las Áreas Naturales Protegidas es negocio del crimen organizado.
Pilcaya ya tenía antecedente. En abril de 2025, Maricela Morales Ortiz, excandidata a la alcaldía de ese municipio, fue asesinada a balazos sobre la carretera Taxco-Cacahuamilpa junto con otras tres personas. Martina Amates formaba parte de ese mismo grupo político. La sucesión no es casual. El poder local y la renta que produce una maravilla natural se disputan en el mismo tramo de carretera.
Las Grutas de Cacahuamilpa han operado bajo gestión de la comunidad. Durante años, autoridades de Taxco y de Pilcaya plantearon la entrada de la iniciativa privada y los habitantes de la región defendieron que el sitio permaneciera en manos locales. Una de las líneas de investigación apunta al interés de un grupo delictivo por controlar la administración del parque.
El derecho mexicano diseñó las Áreas Naturales Protegidas como instrumento central de conservación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente les otorga un régimen especial de uso del suelo, de aprovechamiento y de vigilancia. Ese diseño supuso un Estado con presencia territorial permanente. La realidad ofrece guardaparques desarmados, con contratos precarios y con presupuestos que se recortan cada ejercicio fiscal. La norma protege un territorio que el Estado no ocupa.
En este espacio sostuve que la naturaleza debería ser titular de derechos. Si así lo fuera, un representante tendría que defender sus intereses y por si fuera poco, el derecho más básico a existir podría entenderse como amenazado por el crimen organizado. Hoy creo que me inundan más dudas que certezas puesto que ese reconocimiento tal vez ni siquiera tendría algún efecto protector. No es el punto la ley y el derecho sino que no existe autoridad capaz de contener el avance criminal que poco a poco, avanza como un cáncer que nos secuestra los espacios hasta hacernos llegar a la metástasis irremediable de nunca volver a reconocerlos como antes eran o como antes funcionaban.
México ratificó el Acuerdo de Escazú en 2021. Su artículo 9 obliga al Estado a garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales y a prevenir e investigar los ataques en su contra. El país acumula compromisos internacionales que no se traducen en protección efectiva ni en investigación.
Dos mujeres, madre e hija, trabajadoras del mismo parque y vecinas de la comunidad El Transformador, hoy no están. La Fiscalía de Guerrero abrió carpeta por el triple homicidio, pero la cantaleta de pedir justicia ya resulta asfixiante. Se antoja pedir que no nos maten.
La respuesta oficial fue el refuerzo de vigilancia policial durante el operativo de verano. Un dispositivo temporal responde a la temporada turística, pero no a la captura del territorio. El día que se retire, la administración del parque volverá a quedar frente al mismo interlocutor armado.
¿Qué protege un decreto de protección cuando el Estado no garantiza la vida de quién abre la reja cada mañana? ¿En serio nos sentiremos tranquilas de poder viajar, como antes?