En los espacios legislativos, quien preside la mesa directiva goza de amplio margen de maniobra y cuenta con asesoría permanente. En el Poder Judicial, y sobre todo en la Suprema Corte, presidir exige otra cosa. Reclama conocimiento fino sobre el turno que reciben los proyectos, comprensión jurídica y, ante todo, ecuanimidad y prudencia.
Esa diferencia entre perfiles responde a la naturaleza misma del trabajo. En los cuerpos de representación impera cierto desorden natural, propio de toda democracia. En los tribunales que integran juristas la expectativa se invierte. Se espera orden y estructura, desde la sesión del pleno hasta la dinámica cotidiana. Esa estructura mental distingue a la abogacía. Desde temprano, el rigor lógico y metodológico moldea la mente.
El hecho es que en las últimas semanas la ministra Lenia Batres ha admitido, por voz propia, que percibe tensiones en su contra. Ha sugerido que los votos de sus colegas quizá respondan a cuestiones personales antes que a razones estrictamente jurídicas. Al mismo tiempo, su perfil para presidir la Corte durante los próximos dos años, cuando concluya el periodo que hoy encabeza el ministro Hugo Aguilar, se cuestiona a diario.
Cuando dos juristas disienten con argumentos hay una señal de discusión saludable. También es verdad que contra la ministra Batres han operado gestos de clasismo y desprecio, dirigidos a su persona antes que a sus argumentos. Aun así, las confusiones frecuentes durante las sesiones del pleno y las confrontaciones invitan a preguntarse si al país, y a la propia presidenta, le conviene que ella asuma la presidencia.
El debate no es sencillo. Ella fue la segunda más votada y la reforma judicial deposita en el voto popular la aptitud para conducir las sesiones. Bajo esa lógica, le correspondería la presidencia. Pero las mayorías también se equivocan. A veces razonan con lógica de representantes cuando el cargo reclama a un jurista.
Mi preocupación apunta al conflicto de interés que ha mostrado en algunos asuntos. Ha favorecido a instituciones que encabezan sus familiares frente a derechos ciudadanos. También inquieta la aparente distracción con que descuida cuestiones básicas, como conceder el uso de la voz a otros ministros. Cuidar una institución supone conducirla con solvencia. Lejos de las confrontaciones personales contra la ministra, no tengo certeza de que ese cuidado quede garantizado.
La Corte enfrenta, en suma, su propio intríngulis. ¿Cómo resolverá esta sucesión sin provocar una crisis? ¿Y qué estará dispuesta a aceptar la ministra Batres si la presidencia que dio por prometida no llega a sus manos?