Rubén Rocha Moya duró apenas 34 horas de regreso en la gubernatura de Sinaloa. A estas alturas, el episodio podría quedar como otra extravagancia del folclor político mexicano: un gobernador que vuelve, Morena se deslinda, la presidenta se inconforma y el gobernador vuelve a irse. Pero sería un error. Porque detrás de este vodevil hay una discusión mucho más profunda: ¿qué quiere ser la Cuarta Transformación después de López Obrador? Y, sobre todo, ¿quién va a decidirlo?

Circulan versiones sobre el respaldo del llamado obradorismo duro al regreso de Rocha e incluso sobre un supuesto visto bueno del expresidente. No sabemos si ocurrió y no vamos a inventarlo. No somos los López-Dóriga, los Loret ni los Riva Palacio, acostumbrados a convertir el trascendido en sentencia: no somos chayoteros; si no podemos demostrar que López Obrador ordenó el regreso de Rocha, no diremos que lo hizo. Pero tampoco necesitamos resolver ese misterio para entender lo esencial: Rocha regresó sin el aval político de Claudia Sheinbaum, el oficialismo cerró filas con la presidenta y treinta y cuatro horas después estaba nuevamente fuera.

Si aquello fue una medición de fuerzas, Claudia ganó. Y tenía que ganar. México tiene una presidenta constitucional y no puede existir una presidencia paralela, ni siquiera bajo la sombra monumental de López Obrador. Hasta ahí, estoy con Claudia. En la disputa ideológica, no: en esa quiero que gane el obradorismo duro. Porque una cosa es reconocer la autoridad de la presidenta y otra muy distinta entregarle un cheque en blanco para definir por sí sola el rumbo ideológico de un movimiento que no nació con ella y que tampoco le pertenece a una sola persona.

La izquierda mexicana ya cometió una vez el error que Morena corre el riesgo de repetir: permitir que sus adversarios decidieran cuál era la izquierda buena y cuál la mala. La derecha construyó una izquierda moderna, responsable, democrática, civilizada, y frente a ella otra radical, populista, rijosa y peligrosa. Lo grave no fue que nuestros adversarios utilizaran esas etiquetas; lo verdaderamente humillante fue que una parte de nuestra propia izquierda aceptara ser evaluada con ellas.

Después de 2006, mientras López Obrador sostenía la resistencia, Nueva Izquierda —Los Chuchos— asumió el papel de la izquierda razonable, negociadora e institucionalmente aceptable. El calderonismo encontró dentro del propio PRD quién aceptara su certificado de buena conducta.

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Ahí comenzó la derrota del PRD: no cuando perdió elecciones, sino cuando perdió la batalla cultural y empezó a preguntarse qué debía hacer para que la derecha lo considerara una izquierda respetable. Después perdió las banderas, luego perdió a la gente y finalmente perdió hasta el registro. Eso es lo que significa realmente perredizarse: no tener corrientes internas ni discutir por el poder, sino permitir que alguien externo a la izquierda determine cuáles de las posiciones son aceptables y cuáles deben ser condenadas. Y aquí aparece una diferencia inquietante con el pasado. El certificador ya no sería solamente la derecha mexicana. Puede comenzar a ser Washington.

Estados Unidos está adquiriendo una capacidad cada vez más visible para modificar la correlación interna de fuerzas de Morena: a unos políticos les cancela visas, a otros los acusa y a otros los presenta como interlocutores confiables. Omar García Harfuch acaba de ser elogiado por el director de la DEA como “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”; prácticamente al mismo tiempo, desde ese mismo país surgieron voces reclamando acciones contra Rocha. No necesito convertir esa coincidencia en una conspiración para reconocer que políticamente resulta significativa. ¿Estamos construyendo una relación soberana con Estados Unidos o estamos comenzando, poco a poco, a utilizar la aprobación estadounidense como criterio para ordenar nuestras propias filas? Ésa es una pregunta que Morena no puede darse el lujo de evadir.

La desconfianza de una parte del obradorismo hacia Harfuch tampoco comenzó ayer. En 2023 ganó claramente las encuestas para gobernar la Ciudad de México y finalmente no fue candidato; circularon entonces versiones sobre la oposición personal de López Obrador que nunca fueron demostradas y que no presentaré ahora como hechos. Pero detrás de aquella desconfianza existe una discusión ideológica real: qué tipo de proyecto debe conducir Morena, cuánto puede desplazarse hacia el centro, cuál debe ser su relación con Estados Unidos y hasta dónde puede llegar el pragmatismo sin convertirse en renuncia. Esa discusión pertenece a los mexicanos y, particularmente, a quienes construyeron este movimiento. No puede resolverse en Washington.

Que el obradorismo duro deba ganar esa batalla ideológica no significa que tenga razón en cada movimiento ni que la soberanía pueda convertirse en coartada para la impunidad. Si alguien utilizó a Rocha para desafiar a la presidenta, se equivocó. Si Estados Unidos acusa a un mexicano, no debemos declararlo culpable porque Washington lo diga, pero tampoco inocente por la misma razón: debe investigarlo México, con pruebas, debido proceso y nuestras leyes. El principio funciona en ambos sentidos. Así como ninguna bandera antiimperialista puede absolver anticipadamente a nuestros compañeros, ninguna acusación, visa cancelada o expediente estadounidense puede otorgar a Washington el derecho de decidir quién sí y quién no puede gobernar México.

Claudia Sheinbaum ha defendido una fórmula que comparto plenamente: cooperación sin subordinación. El problema es conseguir que siga significando exactamente eso. Las claudicaciones históricas rara vez se presentan como claudicaciones; se llaman pragmatismo, responsabilidad, estabilidad, realismo, “no había alternativa”. Y la suma de concesiones aparentemente razonables puede terminar construyendo una dependencia que nadie decidió formalmente. Por eso no encuentro contradicción en mi posición: Claudia debe ganar la disputa por la autoridad del Estado; el obradorismo debe ganar la disputa por el rumbo ideológico del movimiento. Debe ganar la soberanía, una izquierda que no se avergüence de ser izquierda y la resistencia a cualquier pretensión estadounidense de decidir nuestro destino. Si para conservar esas banderas es necesario discutirlas incluso con nuestra propia presidenta, habrá que hacerlo.

Ya vimos qué ocurre cuando una izquierda empieza a buscar respetabilidad frente a sus adversarios: se llamó PRD. La Cuarta Transformación no nació para conseguir un diploma de izquierda civilizada, sino porque millones de mexicanos decidieron que ese diploma ya no nos importaba.

Rocha puede terminar siendo una anécdota; la pregunta histórica es mucho más grande: ¿quién tendrá derecho a decidir qué clase de izquierda debe gobernar México? Claudia ganó la batalla por la autoridad presidencial. Y eso es bueno. Ahora corresponde impedir que, en nombre de esa victoria, Morena entregue a alguien —ni siquiera a la propia presidenta y mucho menos a Washington— el derecho de expedir certificados sobre qué tan buena, moderada o aceptable debe ser nuestra izquierda.

X: @Renegado_L