Es una clase de paradoja de la historia que partiera el ingeniero Cárdenas en medio del escándalo que atraviesa el Instituto Nacional Electoral. El IFE nació justo como medida del régimen priista para lavar el fraude de 1988 del que Cárdenas fue víctima y dotar de legitimidad a la función de organizar elecciones. Y no, este no será otro texto que se sume a los lamentos de una comentocracia empeñada en anunciar, con nula rigurosidad conceptual, una vez más, la muerte de la democracia y el fin de la República, sino una invitación a recuperar la perspectiva histórica para reconocer la contradicción que marcó el nacimiento del IFE y comprender cómo, pese a una historia de fuertes controversias, la institución ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Hacía allá debemos dirigir nuestra muy averiada nave. Debemos pensar en cómo afrontar la crisis y, sobre todo, en las cualidades que debe reunir quien lleve el timón de una institución que algunos parecen empeñados en dar por hundida, entre las profecías de naufragio de una academia cada vez más trágica y menos original.

No se trata de minimizar la gravedad del episodio. Sin lugar a dudas debe investigarse hasta sus últimas consecuencias a Taddei y a todos los funcionarios involucrados en este caso. Su renuncia debe ser solo el inicio. Me parece, sin embargo, que Taddei y Morena aparecen en ciertos discursos como la encarnación de todos los males de la institucionalidad electoral. Este tipo de reduccionismos estridentes están cayendo en una suerte de esencialismo político que empobrece el análisis e impide examinar con rigor la complejidad del problema, sus causas estructurales y las responsabilidades concretas de los distintos actores involucrados.

Me parece por ejemplo un reduccionismo sostener que el escándalo se explica a partir de la concentración de facultades de Taddei para nombrar directivos. La reforma de 2024 efectivamente debilitó un contrapeso colegiado. Eso es indiscutible y merece una crítica importante y revisión exhaustiva. Hubo alertas de algunas consejerías al Órgano Interno de Control sobre posibles conflictos de interés de Jesús Octavio García González, quien estuvo al frente de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE desde el 24 de septiembre de 2025 hasta la primavera de 2026, cuando dejó el cargo en medio de esos señalamientos. Todo su actuar debe investigarse con rigor, incluida la responsabilidad de la Presidencia por su nombramiento. Pero las investigaciones apuntan también a prácticas presuntamente irregulares en contrataciones que se remontan a 2014 –e incluso antes– y comprenden a numerosos organismos electorales locales. Existe evidencia de una red de contratistas con una presencia prolongada en el mercado electoral, cuyo origen es anterior a la llegada de Taddei y que se han dedicado a simular competencia. No puede explicarse el origen de un fenómeno mediante una reforma posterior a su aparición, aunque esta haya podido facilitar su continuidad. Tampoco puede confundirse la facultad de nombrar funcionarios con las competencias de contratación, supervisión y fiscalización.

Lo que corresponde es reconstruir la cadena de decisiones y responsabilidades, identificar los mecanismos de control que fallaron y determinar si la reforma de 2024 agravó esas deficiencias. De otro modo, corremos el riesgo de sustituir una investigación institucional rigurosa por una explicación que confirma nuestras fobias.

Hemos resaltado que la carrera de Taddei empezó en el mismo servicio profesional del IFE-INE y que luego fue nombrada como consejera electoral del Instituto Electoral de Sonora por mayoría de votos del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova. Hay que explicar este razonamiento porque hace mucho que no hay voluntad de rigor analítico en cierto sector de la opinión pública: no se trata de culpar a Córdova por lo que hizo Taddei. Eso sería ridículo y de un analfabetismo político tremendo. Lo que este argumento pretende mostrar es que, así como aquel Consejo pudo haberse equivocado en sus decisiones, también pudo hacerlo el Comité de Evaluación que consideró idónea a Taddei para la presidencia del INE. Pero Taddei no es ese engendro político de Morena que algunos se empeñan en construir, como si atribuirle todos los males al partido bastara para satisfacer sus animadversiones y los dispensara de la tarea de pensar. Taddei es una burócrata electoral que no tuvo la altura de miras ni el liderazgo político que requiere una institución como el INE.

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Resulta particularmente interesante que Pamela San Martín, la única consejera que votó en contra de la integración del organismo electoral de Sonora en 2014, cuestionara, ojo aquí, el predominio de los perfiles técnicos en las designaciones. En su voto particular sostuvo que más que conocimientos especializados, la conducción de los organismos electorales requería independencia, pluralidad de trayectorias, comprensión de las realidades políticas locales y capacidad para tomar decisiones responsables frente a las presiones del poder.

Max Weber advirtió sobre la necesidad de distinguir entre la competencia técnica del funcionario y las cualidades propias del liderazgo político. La primera exige conocimientos especializados, dominio de los procedimientos y capacidad administrativa; el segundo requiere juicio, responsabilidad, sentido de la proporción y aptitud para conducir instituciones en circunstancias de conflicto. En La política como vocación, Weber identificó tres cualidades fundamentales del dirigente: pasión, responsabilidad y mesura (Augenmaß). Esta última supone la capacidad de mantener distancia frente a los acontecimientos, ponderar sus consecuencias y no permitir que las convicciones personales sustituyan el juicio sobre la realidad.

En el caso de Taddei, además de lo que se le acusa que ya de por sí es sumamente grave, su presidencia ha estado marcada por un estilo de dirección autoritario, una limitada disposición a la negociación y una preocupante incapacidad para construir consensos dentro del órgano colegiado que encabezó. No puede ningún liderazgo construirse desde esa estreches de miras. Desde su llegada, los numerosos cambios y separaciones de personal, que según algunos testimonios habrían generado un clima de temor e incertidumbre entre los trabajadores, plantean serios cuestionamientos sobre su manera de ejercer la autoridad. En lugar de fortalecer la cohesión institucional, su estilo de conducción parece haber profundizado las divisiones internas y debilitado la confianza entre las distintas áreas del instituto. Asimismo, tanto durante la crisis actual como a lo largo de su presidencia, mostró, a mi juicio, una notable falta de habilidad para explicar las decisiones institucionales, responder oportunamente a las controversias y ofrecer a la ciudadanía información clara y convincente. Su comunicación fue predominantemente reactiva e insuficiente, precisamente en momentos que exigían transparencia, presencia pública y capacidad para asumir responsabilidades. Dice mucho su resistencia a renunciar al final.

Pero si no queremos otro perfil como el de Taddei, es importante decir que tampoco queremos uno como el de Córdova. Mi crítica se dirige, fundamentalmente, a la distancia entre la defensa de la pluralidad que reivindica en su discurso y su disposición a reconocer la legitimidad de interpretaciones políticas y jurídicas distintas de las propias. En términos weberianos, a su incapacidad para balancear su ética de la convicción con la ética de la responsabilidad y confundir sus propias convicciones con la única mirada válida de comprender su función en el INE. Durante su presidencia, sus diferencias con otras autoridades, incluido el Tribunal Electoral, y sus constantes enfrentamientos públicos con el gobierno de López Obrador, particularmente en las controversias presupuestarias y la organización de la revocación de mandato, pusieron a prueba esa capacidad de interlocución institucional. Desde luego, defender la autonomía del INE frente a las presiones del poder político era parte de sus responsabilidades. Pero una cosa es defender la independencia de una institución y otra convertir las controversias institucionales en enfrentamientos personales, en los que la firmeza de las propias convicciones termina desplazando la prudencia que exige el ejercicio del cargo. No es gratuita la percepción de Córdova como opositor en lugar de árbitro electoral.

Para mí, sin embargo, el ejemplo más claro de la falta de mesura y conciencia de la responsabilidad de Córdova se ve en la controversia que contribuyó a generar sobre la asignación de diputaciones de representación proporcional. Sostuvo públicamente que el contenido literal de la Constitución y los precedentes de décadas eran sencillamente inconstitucionales. Acusó irresponsablemente al INE y al TEPJF de favorecer a Morena pese a que durante su trayectoria como consejero había participado en la aplicación de las reglas de asignación y había reconocido los límites del propio diseño constitucional. Fue sumamente irresponsable la pretensión de Córdova y su grupo de presentar una interpretación controvertida como la única constitucionalmente admisible, sin hacerse cargo suficientemente de los precedentes, de la propia actuación institucional y de la existencia de otras lecturas jurídicamente fundadas. En mi opinión, personas como Córdova no logran separar sus convicciones morales y preferencias políticas personales de la responsabilidad que exige el cargo para hacer valer la Constitución, producto de acuerdos siempre imperfectos.

Por ello regresamos a Weber, la política exige convicciones, ciertamente, pero también distancia frente a ellas, responsabilidad por las consecuencias de los propios actos y, sobre todo, mesura. Sin esa capacidad de reconocer los límites del propio juicio, la defensa de la democracia corre el riesgo de convertirse en una defensa de la propia interpretación de la democracia. Por tanto, ante la crisis que vive el INE, más que nunca se requiere no solo un perfil técnico, que sí es evidentemente algo importante, pero sobre todo un perfil con un liderazgo que entienda el sentido de la responsabilidad sobre todo en momentos adversos.

No necesitamos un capitán o capitana que se crea dueña del barco, ni uno que confunda su autoridad con la infalibilidad de su juicio, sino alguien capaz de deliberar en medio de las diferencias y mantener el rumbo cuando arrecian las tormentas. La destreza técnica es indispensable, pero no sustituye a la prudencia política. Y acaso sea esa la lección que convenga recuperar antes de seguir escuchando las profecías de naufragio de quienes parecen más interesados en anunciar el hundimiento que en contribuir a evitarlo.