La soberanía energética exige poder mantener encendidas las ciudades, funcionando las fábricas y abastecidos los servicios esenciales cuando ocurre una contingencia. Esa capacidad se construye con reservas, infraestructura, proveedores alternativos y decisiones económicas. México enfrenta una contradicción que el discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación elude: proclama independencia mientras una parte decisiva de su electricidad depende del gas que llega de Estados Unidos.
Aproximadamente tres cuartas partes del gas consumido en México provienen de nuestro vecino del norte, y cerca de 60% de la generación eléctrica utiliza ese combustible. Según la serie de la Administración de Información Energética estadounidense, las exportaciones por ducto a México pasaron de alrededor de 900 millones de pies cúbicos diarios en 2010 a un promedio de 6,640 millones en 2025. Entre enero y julio de 2026 alcanzaron 6,770 millones diarios; en julio, 7,340 millones. La dependencia ha adquirido una escala estratégica.
Esta integración ofrece ventajas reales: combustible abundante, precios competitivos y cercanía geográfica. Ha permitido sostener actividad industrial y generación eléctrica. Pero precisamente por su importancia, se necesita una política de seguridad que reconozca sus vulnerabilidades. Concentrar el abastecimiento en un país, mediante infraestructura transfronteriza difícil de sustituir, reduce el margen mexicano frente a fallas, fenómenos climáticos o desacuerdos graves.
La coyuntura reciente muestra esa exposición.
El 9 de octubre, el Financial Times informó que, durante una llamada de mediados de septiembre, Donald Trump promovió acuerdos energéticos con Claudia Sheinbaum y discutió mayores compras mexicanas de gas estadounidense. La información fue atribuida a fuentes familiarizadas con las conversaciones y a un funcionario estadounidense. No equivale a un compromiso oficial de volumen, precio o duración, pero sitúa el gas dentro de una negociación comercial más amplia.
En paralelo ocurrieron restricciones técnicas. CENAGAS reportó una reducción temporal en Inyección Ramones entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre. Después, Tennessee Gas declaró fuerza mayor por reparaciones y levantó la medida el 7 de octubre. Estos hechos no acreditan un embargo ordenado por Washington. Su relevancia consiste en demostrar cómo una contingencia en infraestructura estadounidense puede estrechar rápidamente el margen operativo mexicano.
Las declaraciones del titular de CENAGAS, Cuitláhuac García, hicieron visible otro problema. Primero describió una situación crítica y aludió a un margen de hasta tres días; posteriormente descartó el riesgo de desabasto y aclaró la ausencia de almacenamiento en instalaciones. Un margen de maniobra operativo no equivale a tres días de reservas físicas. El propio organismo reconoce que SISTRANGAS carece de capacidad propia de almacenamiento operativo y estratégico. Las terminales privadas existentes no constituyen, por sí solas, una reserva integrada al sistema nacional.
¿Qué ocurriría ante un corte completo y sostenido? Se trata de un escenario de estrés, no del desenlace más probable. La pérdida rondaría 6,700 millones de pies cúbicos diarios. El operador tendría que priorizar usuarios esenciales, ajustar consumos industriales y buscar combustibles alternativos. La electricidad sería un canal inmediato de transmisión del daño: CFE informó en 2023 que abastecía de gas a 92 centrales, con 44 gigawatts de capacidad. Esa cifra mide instalaciones expuestas; no permite afirmar que todas se apagarían simultáneamente.
El impacto alcanzaría a empresas que consumen gas directamente y a aquellas que requieren electricidad continua. El antecedente de febrero de 2021 resulta ilustrativo: INDEX reportó 2,600 empresas afectadas, 1.3 millones de trabajadores asociados y pérdidas estimadas de 2,700 millones de dólares durante dos días de apagones y restricciones. Son cifras de una crisis distinta, no una predicción del siguiente episodio. Muestran, sin embargo, la velocidad con que una restricción energética puede convertirse en pérdida industrial y laboral.
La sustitución tampoco se resuelve con una llamada a otro vendedor. Altamira y Manzanillo reúnen una capacidad nominal de regasificación cercana a 1,100 millones de pies cúbicos diarios: alrededor de 16% del volumen perdido en el escenario planteado. Incluso ese porcentaje es un techo teórico, condicionado por disponibilidad de cargamentos, buques, contratos y ductos interiores. Comprar gas natural licuado exige competir en el mercado mundial y pagar licuefacción, transporte, regasificación y entrega a los centros de consumo.
El costo revela la dimensión del problema. Un ejercicio hipotético de reemplazo de todo ese volumen durante treinta días, suponiendo que pudiera conseguirse y entregarse, arroja aproximadamente 1,000 millones de dólares adicionales con una prima de cinco dólares por millón de unidades térmicas británicas. Con una prima de diez dólares, el sobrecosto rondaría 2,100 millones; con veinte, 4,200 millones. Son pruebas de sensibilidad, no cotizaciones ni estimaciones del daño total. Excluyen pérdidas de producción, costos financieros y efectos cambiarios.
Estados Unidos también resentiría la pérdida de un comprador importante. Recolocar gas requiere capacidad de transporte y compradores disponibles. Parte podría permanecer en su mercado doméstico, ingresar a almacenamiento o buscar otros destinos; exportarlo a Europa o Asia requeriría capacidad de licuefacción y buques. No todo el gas de un ducto fronterizo puede convertirse inmediatamente en un cargamento marítimo. La asimetría radica en que México tendría que reemplazar un insumo indispensable para mantener funcionando su economía.
La respuesta mexicana requiere reservas estratégicas integradas, conexiones redundantes, capacidad firme de transporte y opciones de importación de gas licuado. También exige protocolos públicos de contingencia, acuerdos de reducción temporal del consumo industrial, inversión en producción nacional y una red eléctrica con mayor capacidad de transmisión, generación diversificada y almacenamiento. Son proyectos con costos y plazos; su ausencia también tiene un precio, que aparece cuando el sistema enfrenta una emergencia.
La soberanía jurídica mexicana permanece. La capacidad de ejercerla bajo presión depende de las alternativas disponibles. La propiedad estatal de una empresa no garantiza que su combustible llegue, que sus centrales operen o que sus usuarios reciban energía. Presentar esa propiedad como prueba suficiente de independencia confunde control nominal con seguridad efectiva.
Los límites de la demagogia aparecen cuando la realidad exige entregar lo prometido. Un gobierno puede pronunciar soberanía todos los días, pero necesita demostrar cómo sostendría la electricidad y la producción ante una interrupción. Mientras esa respuesta dependa decisivamente de la continuidad del suministro estadounidense, la proclamada soberanía energética seguirá siendo una aspiración cuya fragilidad pagan las empresas, los trabajadores y los hogares mexicanos.