“La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha sido olvidado”.
B. F. Skinner
Yo no pago impuestos para que el gobierno reparta títulos. Los pago para que existan buenas escuelas, buenos maestros y universidades capaces de formar médicos, ingenieros, abogados, científicos y maestros. Parece una obviedad. En México, bajo la 4T, dejó de serlo.
El fraude educativo de este gobierno no es únicamente presupuestario. Es mucho más profundo. Consiste en hacer creer que acceso significa educación, que matrícula significa aprendizaje y que un título, por el simple hecho de llevar el sello del Estado, necesariamente contiene una profesión.
Eso no es cierto.
La gran confusión —deliberada, pienso yo— ha sido sustituir el derecho a la educación por el supuesto derecho automático a una credencial de estudiante. Se abrieron puertas, se multiplicaron planteles, se entregaron becas y se presumieron cifras de inscripción. Lo que nunca se ha querido demostrar —porque no pueden— es lo esencial: que detrás de cada lugar, cada certificado y cada diploma existen conocimientos verificables, profesores suficientes, infraestructura adecuada y competencias profesionales reales.
La promesa era noble: que ningún joven quedara fuera por falta de oportunidades. ¿Quién podría oponerse? El problema comenzó cuando el gobierno decidió que la solución no era construir instituciones de excelencia, sino debilitar la cultura de la evaluación.
Ahí está el verdadero cambio de régimen educativo de la 4T.
Para el lopezobradorismo, el examen dejó de ser una herramienta para medir conocimientos y pasó a presentarse como un instrumento de exclusión. El mérito se convirtió en una palabra sospechosa. La exigencia académica pasó a verse como un resabio “neoliberal”. Evaluar comenzó a confundirse con discriminar.
Pero eliminar los exámenes no elimina la desigualdad. Como romper el termómetro no desaparece la fiebre. Lo único que desaparece es la posibilidad de saber qué tan grave es el problema.
Esa es la lógica que une a las Universidades para el Bienestar, la expansión de la Rosario Castellanos, las universidades impulsadas por el gobierno capitalino y la Nueva Escuela Mexicana. Son proyectos distintos, pero comparten una misma filosofía: sustituir la calidad verificable por la inclusión declarativa.
Primero desacreditan la evaluación. Después eliminan filtros. Luego presumen el crecimiento de la matrícula. Finalmente, dejan de publicar aquello que realmente permitiría juzgar el éxito del modelo: cuántos alumnos desertan, cuántos concluyen, cuántos tardan en titularse, cuántos encuentran empleo en la profesión que estudiaron y qué tan preparados están frente a estándares nacionales e internacionales.
El resultado es una curiosa innovación administrativa: universidades que presumen inscritos, pero rara vez hablan de egresados.
La propia Auditoría Superior de la Federación encontró desde las primeras revisiones que las Universidades para el Bienestar nacieron sin indicadores suficientes para medir su impacto, sin una definición clara de su población objetivo y con deficiencias en la planeación de diversas sedes. Es decir, el problema no era únicamente construir universidades, sino demostrar que realmente estaban cumpliendo el propósito para el que fueron creadas. Si el propio gobierno no diseñó mecanismos para evaluar su desempeño, ¿cómo pretende convencer a los mexicanos de que el experimento funciona?
Más aún. El gobierno presume hoy poco más de 62 mil estudiantes inscritos en las Universidades para el Bienestar. Perfecto. Pero una matrícula no es un resultado académico. Lo relevante sería conocer cuántos continúan después del primer año, cuántos concluyen sus estudios, cuántos obtienen oportunamente su título y cédula profesional, cuántos consiguen empleo en aquello que estudiaron y cuál es el desempeño de esos egresados frente a profesionistas formados en otras instituciones públicas. Esos son los indicadores que cualquier sistema universitario serio presentaría con orgullo… si los tuviera.
Y aquí aparece otra paradoja. Ni siquiera bajo los parámetros que la propia 4T fijó puede hablarse de un éxito incuestionable. Su meta no era únicamente abrir sedes o aumentar la matrícula, sino garantizar educación superior de calidad y ampliar la movilidad social. Sin embargo, continúan las quejas por retrasos en títulos y cédulas; persisten dudas sobre infraestructura, planta docente y evaluación; y el gobierno sigue sin publicar información sistemática sobre eficiencia terminal, inserción laboral o aprendizaje alcanzado. Presume los insumos, pero continúa ocultando los resultados.
La Rosario Castellanos ilustra otro problema: confundir crecimiento con consolidación. Multiplicar sedes puede hacerse en pocos años; construir comunidades académicas, investigación, cuerpos docentes sólidos y prestigio universitario requiere décadas.
La educación superior no se inaugura. Se construye.
Las universidades impulsadas desde el gobierno de la Ciudad de México responden a la misma lógica: si las instituciones tradicionales no tienen suficientes lugares, reduzcamos el peso de la evaluación. Pero una universidad no es un edificio ni una plataforma digital. Es investigación, debate, libertad académica y exigencia. Sin ello, el riesgo es convertirla en una oficina pública de expedición diferida de títulos.
Suena duro.
Lo es.
Más grave aún resulta lo ocurrido en la educación básica.
La Nueva Escuela Mexicana está llena de conceptos difíciles de cuestionar: comunidad, inclusión, pensamiento crítico, saberes locales, formación integral. El problema nunca fueron esas palabras. El problema fue implantar una reforma gigantesca sin construir, al mismo tiempo, un sistema independiente que permitiera evaluar si estaba funcionando. Y cuando todavía existía un organismo encargado de medir resultados, la solución fue aún más ingeniosa: desaparecerlo.
Hay que reconocer cierta creatividad administrativa. Si el estetoscopio puede arrojar malas noticias, siempre existe la opción de dejar de usarlo.
Hoy el gobierno diseña el modelo educativo, produce los libros de texto, “capacita” a los docentes, aplica sus propios instrumentos y decide qué resultados hace públicos.
Eso no es evaluación.
Es una auditoría donde el auditado redacta el dictamen.
Después llegan las conferencias donde se declara que el modelo fue un éxito antes de que exista evidencia suficiente para demostrarlo. La propaganda sustituyó a los indicadores y el discurso reemplazó a los resultados.
Eso es lo que más indigna.
Porque el fraude no se comete contra las universidades tradicionales. Ni siquiera contra la oposición.
Se comete contra los jóvenes de menores ingresos.
A ellos se les promete movilidad social y muchas veces solo se les entrega movilidad estadística. Se convierten en una cifra más de matrícula y, al egresar, deberán competir en un mercado laboral donde el conocimiento sigue importando, aunque el gobierno haya decidido fingir lo contrario.
Los sistemas educativos serios no eligen entre inclusión y exigencia. Hacen ambas cosas: detectan rezagos, fortalecen escuelas, amplían oportunidades y, después, evalúan si funcionó. Aquí ocurrió exactamente al revés.
Se declaró que evaluar era el problema.
Y se confundió justicia social con bajar la vara.
Emparejar hacia abajo.
Por eso el reciente debate sobre sustituir exámenes por sorteos o desacreditar los procesos de admisión no es una anécdota aislada. Es la consecuencia lógica de una idea que lleva años incubándose: que el conocimiento es secundario y que basta con repartir lugares para haber resuelto el problema educativo.
No.
El conocimiento sigue importando.
La excelencia también.
Y el Estado tiene la obligación de demostrar que las universidades que financia con el dinero de quienes sí pagamos impuestos forman profesionistas, no simplemente egresados.
Mis impuestos deben servir para formar médicos que sepan diagnosticar, ingenieros que sepan calcular, abogados que sepan litigar y maestros que sepan enseñar.
No para imprimir credenciales.
Ése, a mi juicio, es el verdadero fraude educativo de la 4T.