México exige, con razón, respeto y protección para sus connacionales en Estados Unidos frente a redadas, deportaciones, cancelaciones de visas y decisiones migratorias que pueden cambiar la vida de una persona en cuestión de horas. Pero ahora enfrenta una prueba incómoda dentro de su propia casa: alrededor de 400 empleados de nuestros consulados en Estados Unidos podrían perder sus visas A-2 y, con ello, su empleo y eventualmente su estatus migratorio. La paradoja es brutal: quienes durante años trabajaron protegiendo a mexicanos en problemas necesitan ahora que México los proteja a ellos.
No hablamos de una crisis surgida ayer ni de una decisión improvisada exclusivamente por la administración de Donald Trump. El origen del problema se remonta a 2016, cuando Estados Unidos modificó las reglas aplicables a determinadas visas A-2 utilizadas por personal contratado localmente en misiones diplomáticas y consulares, limitando su permanencia y eliminando en diversos casos la posibilidad de renovaciones indefinidas. México conocía desde entonces que tarde o temprano llegaría este momento. Hubo extensiones, excepciones y soluciones temporales, pero el reloj siguió corriendo hasta colocar hoy a cientos de trabajadores frente a una incertidumbre que pudo y debió atenderse con anticipación.
Ese antecedente importa porque sería demasiado fácil convertir el asunto en otra confrontación con Washington. Estados Unidos tiene derecho a establecer las reglas migratorias aplicables dentro de su territorio y México no puede exigir que una visa temporal se convierta automáticamente en residencia permanente. La pregunta incómoda corresponde entonces a nuestro propio gobierno: ¿qué se hizo durante diez años para proteger a quienes sabíamos que eventualmente enfrentarían este problema?
Una década era tiempo suficiente para diseñar alternativas. Pudo analizarse la incorporación de determinados trabajadores a esquemas administrativos distintos, negociar soluciones específicas con las autoridades estadounidenses, revisar caso por caso las posibilidades de regularización migratoria, planear relevos graduales o establecer mecanismos laborales que evitaran que empleados con décadas de antigüedad llegaran de pronto al borde del desempleo y de la pérdida de su condición migratoria. Si ahora alrededor de 400 personas se encuentran en riesgo, no estamos únicamente frente a una nueva política estadounidense; también estamos frente a una omisión acumulada del Estado mexicano.
Y detrás de la cifra existen historias personales que no pueden reducirse a expedientes. Hay trabajadores que llevan veinte, treinta o hasta cuarenta años sirviendo en consulados mexicanos. Personas que construyeron su familia, su patrimonio y su vida en Estados Unidos mientras representaban cotidianamente a México. Una empleada del Consulado en Los Ángeles con alrededor de cuatro décadas de servicio ha sido presentada como uno de los casos paradigmáticos de esta situación. Después de tantos años atendiendo compatriotas, resulta difícil aceptar que el final de su vida laboral pueda llegar acompañado de la pregunta elemental de qué ocurrirá ahora con ella.
Quienes trabajan en nuestros consulados no son simples piezas burocráticas. Muchos han recibido durante años a mexicanos que perdieron documentos, enfrentaron detenciones, tuvieron conflictos laborales, buscaron a un familiar, necesitaron asistencia jurídica o sintieron temor ante una posible deportación. Conocen organizaciones comunitarias, abogados, hospitales, policías, agencias migratorias y redes de apoyo locales. Buena parte de la eficiencia real de un consulado depende precisamente de esa experiencia acumulada, que no aparece en el organigrama ni puede sustituirse de la noche a la mañana contratando a una persona nueva.
Por eso la situación no constituye solamente un problema laboral o migratorio de esos empleados. También es un problema de capacidad institucional para México. Si cientos de trabajadores deben abandonar sus puestos en un periodo corto, habrá consulados que perderán conocimiento acumulado, relaciones comunitarias y experiencia indispensable precisamente cuando la política migratoria estadounidense se ha endurecido y cuando nuestros connacionales necesitan más protección que nunca.
Ahí aparece una contradicción todavía mayor. Frente a las acciones de ICE y al endurecimiento migratorio de Trump, México ha insistido correctamente en fortalecer la red consular, ampliar la asistencia jurídica y acompañar a nuestros paisanos. Se pide a los consulados estar alertas, atender emergencias, informar derechos, localizar detenidos y reaccionar frente a posibles abusos. Pero no puede exigirse a una estructura que proteja eficazmente a millones de mexicanos mientras una parte importante de quienes la sostienen trabaja bajo incertidumbre sobre su propio futuro.
La defensa consular comienza también dentro del consulado.
Claudia Sheinbaum tiene ahora la oportunidad de demostrar coherencia. Hace apenas unos días defendió correctamente la necesidad de exigir claridad cuando decisiones estadounidenses afectan a ciudadanos mexicanos y sostuvo que, si existen pruebas o elementos contra una persona, deben presentarse por las vías correspondientes. Esa misma lógica debe aplicarse a quienes trabajan para nuestro país sin tener apellido famoso, cargo político ni acceso a Palacio Nacional. Los derechos no pueden depender de la relevancia pública de quien los reclama.
El canciller Roberto Velasco enfrenta también una prueba especialmente significativa. Conoce durante años la relación con América del Norte y llegó recientemente a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la expectativa de mostrar capacidad, firmeza y talento negociador. Éste es exactamente el tipo de asunto en el que puede demostrar que la diplomacia no consiste únicamente en reuniones de alto nivel, tratados o fotografías con mandatarios extranjeros. Una Cancillería se mide también por su capacidad para proteger personas.
Velasco debe buscar una solución integral y no únicamente una nueva prórroga. Conseguir unos meses adicionales puede ser indispensable para evitar una emergencia inmediata, pero después de una década de extensiones no sería suficiente. Cada expediente necesita revisarse individualmente. Habrá empleados que puedan acceder a otra categoría migratoria, otros con vínculos familiares que permitan una regularización, algunos próximos al retiro y casos en los que el retorno a México resulte inevitable. Pero ninguno debería llegar al último día sin saber cuáles son sus opciones, qué derechos laborales conserva o cómo será acompañado por el Estado mexicano.
Tampoco puede ignorarse la situación laboral. Muchos de estos empleados no pertenecen formalmente al Servicio Exterior Mexicano y han trabajado durante años bajo esquemas locales que los colocan en condiciones distintas a las de los diplomáticos de carrera. Esa diferencia quizá resultaba administrativamente cómoda mientras todo funcionaba, pero hoy demuestra su fragilidad. Si una persona desempeñó durante décadas funciones permanentes y necesarias para México, nuestro Estado no puede tratarla como si fuera fácilmente sustituible cuando aparece una dificultad migratoria.
No todo podrá resolverse como desearían los trabajadores. Sería irresponsable prometer que México puede garantizar residencia en Estados Unidos a todos o impedir que Washington aplique su legislación. Hay límites jurídicos reales y algunas personas probablemente tendrán que regresar. Pero existe una enorme diferencia entre enfrentar una circunstancia inevitable con apoyo institucional y ser abandonado a la suerte después de haber servido durante décadas.
El gobierno mexicano tiene además una obligación de transparencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores debería informar con claridad cuántos trabajadores están realmente afectados, en qué consulados se encuentran, qué plazos enfrentan, qué alternativas se negocian con Estados Unidos y qué medidas laborales se ofrecerán a quienes no puedan permanecer allá. La incertidumbre prolongada sólo multiplica angustia y rumores.
No basta con afirmar que “se está atendiendo el asunto”. Quienes tienen su vida suspendida necesitan fechas, opciones y soluciones.
La situación adquiere todavía mayor relevancia porque ocurre en un momento particularmente delicado de la relación bilateral. La administración Trump endureció controles migratorios, visas y revisiones sobre extranjeros y mantiene bajo especial escrutinio diversos aspectos de la relación con México. Precisamente por eso nuestras instituciones deberían actuar con mayor previsión y no esperar a que cada crisis alcance su fecha límite.
La relación con Estados Unidos siempre tendrá espacios de cooperación y desacuerdo. México debe respetar la soberanía estadounidense para establecer sus normas migratorias y, al mismo tiempo, utilizar toda su capacidad diplomática para proteger legítimamente los intereses de sus ciudadanos y de quienes trabajan para nuestro Estado. Ambas cosas son compatibles.
Lo que no sería aceptable es esconder una omisión mexicana detrás del discurso de soberanía.
La política exterior madura también consiste en reconocer errores propios.
Si durante diez años se administró el problema mediante prórrogas, es momento de dejar de patear el balón hacia adelante. Sheinbaum y Velasco pueden recibir una circunstancia heredada de varias administraciones y, al mismo tiempo, ser quienes finalmente la resuelvan. No tienen por qué justificar lo que se hizo o dejó de hacerse antes; tienen la obligación de impedir que continúe ocurriendo.
Hay además una dimensión moral que no debería perderse entre reglamentos y categorías migratorias. Quien dedica décadas a servir a una institución construye una relación de reciprocidad con ella. El Estado exige disciplina, experiencia, responsabilidad y lealtad a sus trabajadores. A cambio adquiere también obligaciones frente a ellos.
No puede haber lealtad de un solo lado.
Sería especialmente doloroso que México permitiera que quienes durante años dijeron a nuestros paisanos “el consulado está aquí para ayudarte” terminen descubriendo que, cuando ellos necesitaron auxilio, nadie estaba del otro lado del mostrador.
La defensa de los mexicanos en Estados Unidos no puede reducirse a discursos frente a ICE o a protestas cuando existe una deportación injusta. Se demuestra también protegiendo a quienes diariamente mantienen abierta la puerta del consulado, contestan teléfonos, procesan documentos, acompañan casos y sostienen la relación del Estado mexicano con sus comunidades.
México tiene frente a sí una oportunidad para actuar antes de que una dificultad administrativa se transforme en una injusticia humana. Estados Unidos puede mantener sus reglas y México negociar dentro de ellas. Hay margen para soluciones individualizadas, apoyos laborales, alternativas migratorias y una transición ordenada. Lo que no debería existir es indiferencia.
Claudia Sheinbaum y Roberto Velasco deben involucrarse directamente. No para convertir el asunto en pleito diplomático, sino para evitar que termine en abandono burocrático. Hay trabajadores que llevan más tiempo sirviendo en los consulados de lo que muchos funcionarios llevan participando en la vida pública. Merecen respeto, certeza y una respuesta del país al que representaron.
Durante años, ellos trabajaron por los mexicanos. Ahora México debe trabajar por ellos.
Porque la protección consular pierde autoridad moral cuando quienes la brindan quedan desprotegidos.
México debe proteger a quienes trabajan por los mexicanos en Estados Unidos. Y debe hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
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