“Quien primero destruye las libertades de un pueblo es quien primero le reparte dádivas y larguezas”.
Plutarco
“Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos”.
Octavio Paz
Donald Trump ofreció cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos conservan ambas cámaras del Congreso en las elecciones del 3 de noviembre próximo. El autodenominado “Trump Dividend” costaría alrededor de 1.2 billones de dólares, requeriría autorización legislativa y carece —todavía— de una fuente suficiente de financiamiento. Trump promete primero, presupuesta después y cobra los votos entre ambas cosas. La planeación financiera puede esperar; las urnas, no.
De este lado del río Bravo, Morena perfeccionó la modalidad inversa: deposita durante años y presenta los derechos sociales como generosidad presidencial. México opera en prepago: primero entrega y después pasa la factura electoral. Trump propone el postpago: primero ganen los republicanos y después —dice— llegará el cheque. La democracia, ahora también disponible en cómodos planes de pago.
Trump ofrece pagar después de ganar; Morena asegura ganar después de haber estado pagando. Cambia el momento del depósito, no la utilización electoral del dinero público.
Conviene precisar: ninguna de las dos prácticas constituye necesariamente compra de voto en sentido jurídico. Ni las transferencias universales mexicanas ni la promesa de Trump están condicionadas a un voto individual comprobable. No son idénticas legalmente; son homólogas políticamente: formas de inducción electoral financiadas o prometidas con recursos que no pertenecen al partido que busca beneficiarse. El descaro político, por desgracia, suele moverse más rápido que el tipo penal.
Susan Stokes y sus coautores distinguen, en Brokers, Voters, and Clientelism, las políticas programáticas —regidas por normas públicas y generales— del clientelismo, en el cual el beneficio supone reciprocidad política. La perversión comienza cuando un derecho deja de comunicarse como derecho y empieza a administrarse como favor.
En México, Ana de la O mostró, mediante el despliegue experimental del entonces programa Progresa, que la exposición a transferencias puede modificar la participación y el apoyo al partido gobernante. Eso no convierte automáticamente la política social en clientelismo; explica por qué resulta indispensable separar el beneficio público de la identidad partidista. Morena ha hecho exactamente lo contrario: el dinero sale del erario, atraviesa el gobierno y llega al beneficiario con la firma imaginaria de Morena y Sheinbaum.
Así se partidiza electoralmente la capacidad económica del Estado. El presupuesto deja de ser instrumento de gobierno y se convierte en infraestructura permanente de un partido político en campaña.
Regeneración Nacional hace tiempo que ya no necesita sacar dinero de su caja: hace campaña con la caja del Estado, de todos nosotros. Una austeridad verdaderamente republicana... Sustituye derechos por gratitud, políticas públicas por dádivas y ciudadanos por “pueblo”.
Ahora bien, el mecanismo necesita también enemigos. Trump reparte promesas y señala migrantes, mexicanos y demócratas; Morena distribuye transferencias y acusa a conservadores, oligarcas y… al gobierno estadounidense. El beneficio retiene; el miedo moviliza. Por eso resulta peculiar que Claudia Sheinbaum reclame a Estados Unidos que no utilice a México en su campaña mientras su movimiento utiliza a Trump como antagonista electoral.
No se equivoque, presidenta: la maña se parece en ambos lados, incluido el uso del vecino como espantapájaros. La soberanía se invoca frente al otro; electoralmente, se explota.
¿Y el árbitro? En México, el INE inaugura el proceso electoral entre nombramientos cuestionados, campañas anticipadas y dudas sobre su imparcialidad. El problema no es únicamente que vista colores parecidos a los del gobierno de Clara Brugada, sino que vaya perdiendo los propios.
Las coincidencias, ya se sabe, también votan. El consejero Arturo Castillo lo dijo con inquietante claridad: “El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”. Ya no parece un árbitro vendido; parece algo quizá más triste: un árbitro rendido.
Y esto, lo confieso, me produce una indignación difícil de administrar. Trump y Morena llegaron al poder denunciando elecciones robadas, élites podridas y mecanismos amañados. Una vez instalados, no desmontaron aquellas prácticas: las modernizaron, ampliaron y pusieron a trabajar para ellos. Quienes juraron terminar con las trampas del establecimiento se convirtieron EN EL establecimiento y conservaron las trampas. La transformación consistió, al parecer, en perfeccionar la maquinaria...
Lo verdaderamente inconcebible es que esto suceda en pleno siglo XXI, después de décadas de ir construyendo instituciones, fiscalización, padrones confiables y autoridades autónomas. Cambiamos la despensa por la transferencia electrónica y el sobre con billetes por un dividendo de cinco mil dólares, pero regresamos al contrato político más primitivo: yo te doy, tú me apoyas; yo te asusto, tú me obedeces. La tecnología avanzó. La democracia retrocedió.
La democracia no ha muerto; acaso sea peor: está desahuciada mientras conserva las apariencias de una vida normal. Hay campañas, urnas, consejeros, debates y resultados, pero la competencia está vacía pues el gobernante utiliza el presupuesto para fidelizar electores, fabrica al enemigo que debe mantenerlos unidos y encuentra enfrente a un árbitro que baja la mirada. Seguimos votando, sí; lo que se vuelve cada vez más incierto es si seguimos eligiendo… Posiblemente ya eligieron por nosotros.
Prepago o postpago, la cuenta siempre termina a nombre del contribuyente; la deuda, a nombre de la democracia.