Las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, ponen nuevamente en evidencia el rotundo fracaso de los gobiernos de Morena en materia de protección civil.
Abandono
Los daños por las intensas lluvias no son únicamente resultado de las condiciones climatológicas, sino del abandono sistemático de la infraestructura urbana, drenajes, alcantarillado, sistemas de agua potable y vialidades. Los gobiernos morenistas han recortado presupuesto en rubros clave, dejando a regiones enteras vulnerables. Hoy, cualquier lluvia intensa tiene el potencial de convertirse en una catástrofe.
Reducir el presupuesto federal para la prevención de inundaciones tiene un alto costo humano. Durante el sexenio de Felipe Calderón se destinaban cerca de 50 mil millones de pesos, con Peña Nieto unos 45 mil millones y con AMLO la cifra cayó a 25 mil millones, justificando la decisión en una política de austeridad que en realidad es ahorrar a toda costa para desviar los recursos a otros rubros políticamente más redituables.
El golpe más devastador fue la eliminación del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), un instrumento creado en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo concebido para responder con rapidez y eficiencia a los efectos de huracanes, sismos, inundaciones y otros fenómenos naturales.
El FONDEN, reconocido internacionalmente por su modelo de operación, permitía movilizar recursos de manera inmediata, auditable y transparente para la reconstrucción y el auxilio a la población.
El recorte se profundizó
Sin ofrecer evidencias de malversación, AMLO aseguró que el FONDEN estaba lleno de corrupción y en 2020 lo eliminó junto con otros 108 fideicomisos. Basando la decisión en dichos y declaraciones políticas, convirtió cuantiosos recursos —que acusaba de “caja chica de gobiernos anteriores” — ahora sí, en la caja chica de su administración, que los absorbió y usó sin reglas, transparencia ni rendición de cuentas.
Las consecuencias han sido desastrosas. En 2022, el huracán Agatha dejó en Oaxaca a más de 11 mil afectados que no recibieron apoyo federal oportuno; pero, el caso más emblemático, fue el huracán Otis que en 2023 arrasó con Acapulco dejando más de 50 muertos, desaparecidos, miles de damnificados y una ciudad colapsada.
Cinco días tardó el gobierno en declarar la emergencia, mientras la sociedad civil se activó para mandar ayuda, misma que fue confiscada o desaparecida. La gobernadora Evelyn Salgado brilló por su ausencia y AMLO, montó un fallido show para llegar por carretera, para después retirarse y evitar enfrentar la indignación ciudadana.
Veracruz, Nahle y Sheinbaum
Siguiendo el estilo de su jefe político, en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle canceló la póliza estatal contra desastres naturales que estuvo vigente hasta mayo de 2025 y brindaba una cobertura de hasta 400 millones de pesos. En su lugar, creó una aseguradora estatal —la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI)— que no tiene capital, registro, personal técnico ni reservas. En pocas palabras: una simulación.
Desde el 1 de junio de 2025, Nahle dejó a Veracruz completamente desprotegido. Ante los estragos de las intensas lluvias el gobierno estatal no tiene mecanismos de prevención ni fondos de emergencia.
Lo preocupante es que, en lugar de asumir su responsabilidad como presidenta de todos los mexicanos, Claudia Sheinbaum llegó a Poza Rica con la fórmula morenista de siempre: “Vamos a hacer un censo”, “No hay datos”, “Hay que hacer un diagnóstico”, cuando en realidad lo que no hay, son soluciones.
En su patética respuesta, la mandataria federal lejos de asignar recursos o activar mecanismos de ayuda, recurre al discurso hipócrita de pedir que funcionarios donen parte de su salario, de que nada se va a ocultar y que acudirán los siervos de la nación. Medidas simbólicas que no resuelven absolutamente nada.
Lo alarmante es que, en el vacío que deja el Estado, el crimen se organiza y toma su lugar: videos en redes sociales muestran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entregando despensas en Tihuatlán, Veracruz.
Hombres armados, con pasamontañas, reparten víveres mientras los ciudadanos hacen fila, una indignante escena donde el narco suple al Estado en sus funciones más básicas.
Estas tragedias no son solo naturales, son políticas y resultado de decisiones tomadas desde el poder: desmantelar el FONDEN, recortar presupuestos, simular seguros inexistentes, minimizar el riesgo climático. Todo en nombre de una supuesta “austeridad” que en realidad es un instrumento de control político.
Nahle no solo ha fallado en proteger a su estado, tiene en su gabinete a personajes involucrados en la corrupción del sector energético: Miguel Reyes, Ángel Carrizales, Víctor David Palacio y otros operadores del llamado “huachicol fiscal”; ninguno por mérito o experiencia en gestión de riesgos, sino por protección política e impunidad.
Esta tragedia bien podría ser el principio del fin político para la administración de la gobernadora y una prueba de fuego para el gobierno federal.
Si algo urge, es una reforma profunda de las políticas de protección civil, para eliminar el uso clientelar de la tragedia y sustituirlo por acciones técnicas y contundentes basadas en la evidencia, no en caprichos ni ocurrencias. Y, aunque a algunos les moleste, es momento de exigirlo con firmeza.
X: @diaz_manuel