La revolución digital de las últimas dos décadas ha dado lugar a un nuevo paradigma de comunicación global entre las personas. Nuestras múltiples y variadas interacciones en el ciberespacio se han visto potenciadas y facilitadas, como nunca antes, en relación con todo tipo de fines loables como la educación, la ciencia, el altruismo, la colaboración activista en torno a las libertades y derechos humanos, lo ambiental, lo recreativo, lo financiero y económico, la realización de trámites y el acceso a servicios públicos, entre muchos otros.
Literalmente hemos llevado y extendido a la virtualidad nuestras conciencias y vidas. En muchos sentidos, habitamos la nube y en breve haremos lo propio en uno o varios de los universos paralelos que los humanos hemos creado y que, al menos hoy, denominamos metaverso. Las ventajas de lo que nos ofrece el ámbito digital son indiscutibles, aumentan vertiginosamente y las experimentamos a cada instante.
Sin embargo, en nuestro andar por ese camino, bordeado por inmensas posibilidades de desarrollo humano compartido, hemos aprendido que lo digital debe regularse con eficacia porque la inmaterialidad de lo virtual no escapa a la actividad indebida o ilegal, cuyos efectos son materializados, en ambas realidades, por personas. Por ello, desde 2016 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció que los derechos y libertades de las personas también deben estar protegidos en Internet. El despliegue de los derechos humanos en el espacio público digital, como son el derecho a la identidad, la libre expresión, el libre acceso, la no discriminación, la seguridad e integridad, la privacidad, entre otros, convoca a la reflexión colectiva sobre el desarrollo conceptual y normativo de lo que se conoce como derechos digitales.
Nuestra actividad en el ciberespacio genera un halo y huellas digitales acerca de nuestra persona. Tales elementos constituidos por información personal, con nuestro consentimiento o sin él, son rastreados, analizados, transferidos y activamente aprovechados por todo tipo de actores y agentes digitales que cuentan con acceso a desarrollos tecnológicos basados en inteligencias artificiales que sirven a diversos fines económicos, sociales, políticos y, en ocasiones, delictivos.
La intrusión, la transferencia, el tratamiento, la sustracción y el análisis no informados, no consentidos o abiertamente ilegales de datos personales de las y los usuarios de redes y plataformas, ocurre a cada nanosegundo. El problema es que al tratarse de información privada, tales actos implican una invasión a la esfera personal, en todo caso, violenta su derecho humano a la autodeterminación informativa y afecta su capacidad de ejercerlo con efectividad.
Los límites y alcances en las relaciones entre grupo y persona, entre lo público y lo privado, fundamentales para configurar nuestras sociedades, se desdibujan y reconfiguran mientras que cada vez más sus definiciones, de por sí dinámicas, se dan en términos de datos e información, su producción, flujo, reutilización y mercantilización.
En tal inteligencia, diferentes tipos de marcos regulatorios, científicos y sociales son aplicados alrededor del mundo con el objeto de proteger la privacidad, la intimidad y el control de las personas sobre sus datos personales en los medios digitales. Por ejemplo, existen leyes de privacidad o regulaciones de protección de datos influyentes que, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, determinan quién puede recopilar qué información para qué fines y quién tiene voz en la generación de tales definiciones.
Sin embargo, para efectos prácticos y aplicativos, puede ser muy difícil entender por qué diferentes marcos enfatizan diversos aspectos de la privacidad, cómo definen los datos y qué pretenden proteger precisamente, y de quién. Ello, sin dejar de entender que, a medida que las plataformas y otros contextos digitales tienen un alcance cada vez más global, el choque entre diferentes enfoques regulatorios en esta materia se vuelve frecuente.
En tal contexto vale la pena explorar vías para entrelazar las diferentes dinámicas tecnológicas, éticas y regulatorias existentes y aplicables al ciberespacio para potenciar la utilidad de los diferentes enfoques, no afectar el desarrollo que nos ofrecen los medios virtuales y, sobre todo, para dar prevalencia a la vigencia, respeto y efectiva garantía de los derechos digitales y a la autodeterminación informativa de las personas.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX