Todas las instituciones del Estado mexicano tienen a su cargo la ineludible obligación de documentar y hacer el debido registro de sus actos. Esta obligación se refiere a cualquier ejercicio de gestión que realicen las instituciones públicas con motivo del ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones, así como para el cumplimiento de sus funciones. En lo normativo, deriva principalmente de dos fuentes con carácter y jerarquía legal general que, consecuentemente, aplican en todo el territorio nacional y respecto de todo ámbito y nivel de gobierno, nos referimos a las leyes generales en materia de transparencia y archivos vigentes en nuestro país.
Ahora bien, desde una perspectiva de desarrollo y avance democrático, el cabal cumplimiento de esta obligación permite el ejercicio del derecho de acceso a la información que se relaciona con la materialización de la transparencia pública. Lo anterior, posibilita a las personas conocer con certeza los elementos documentales objetivos que a su vez permite una debida rendición de cuentas. Esto, porque en tales registros y archivos se reflejan, las razones, justificaciones, motivos y fundamentos que dieron y dan forma a las diversas decisiones públicas.
Contar con tal información cumple con el objetivo de permitirnos conocer los diversos procesos de gestión pública que realizan nuestras instituciones, analizarlos, someterlos a escrutinio, cuestionarlos, considerar su validez y conformidad normativa y, en su caso también, señalar y denunciar irregularidades, para conducir los procedimientos institucionalizados que den lugar al debido establecimiento, adjudicación y sanción de las responsabilidades en que incurran, tanto personas servidoras públicas como particulares. En otras palabras, la existencia y la debida conservación de archivos públicos también da lugar al control de las personas sobre sus instituciones y representa un instrumento más para combatir la corrupción.
Hablar de apertura institucional presupone, de modo necesario, la existencia y generación constante de archivos y registros verdaderos, ciertos, completos, accesibles, útiles y crecientes en sus alcances informativos de cara a la obligación que con los mismos se debe satisfacer. Esto, a su vez, presupone una homologada gestión, administración, conservación y tramitación de todos los acervos conforme a procesos archivísticos correspondientes de toda institución pública, a lo largo y ancho del país.
A través de la observancia y garantía aplicativa de los marcos normativos generales ya mencionados, de modo contundente se destierran tanto a la secrecía como a la discrecionalidad que imperaban anteriormente y opacaban el ejercicio de las funciones de toda la administración pública y que permitían espacios para la corrupción. Tales condiciones socavaban toda aspiración social de una buena administración y las relativas a la confianza y la legitimidad pública; sin las cuales no hay democracia sustancial que sea posible o viable.
La democracia presupone a la transparencia y a la rendición de cuentas como principios, bienes públicos, valores normativos y herramientas que en su aplicación al ámbito público, abonan al efectivo empoderamiento de las personas. Ello, al dar pie a su libre e informado ejercicio de muchas otras libertades y derechos humanos; pero también a decidir, cuestionar y exigir cuentas a sus representantes e instituciones de modo permanente o cuando menos, constante. Esto no solo dota de materia a la responsabilidad pública tanto vertical como horizontal, sino que a su vez es un desincentivo para la comisión de conductas constitutivas de corrupción.
Las personas necesitamos confiar en nuestras instituciones. Sin embargo, esa confianza se cimenta y solidifica, a través de la normalidad en la aplicación de la normativa, en la responsividad y en la responsabilidad de parte de las instituciones y de todas las personas servidoras públicas que las integran. Revisemos, controlemos, participemos y, en su caso, denunciemos, es nuestra forma de contribuir a lograr tal normalidad.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX