La legitimidad del voto no excluye la responsabilidad de demostrar capacidad para ejercer el poder.
La democracia representativa constituye, sin duda, una de las mayores conquistas políticas de la civilización. Después de siglos en los que el poder fue patrimonio de monarquías, aristocracias, dictaduras o élites económicas y militares, las sociedades modernas lograron consolidar un principio que hoy resulta irrenunciable: el poder público sólo encuentra legitimidad cuando emana de la voluntad libre de los ciudadanos. El sufragio universal, el derecho a votar y a ser votado, la igualdad jurídica y la alternancia pacífica en el ejercicio del poder son logros que costaron generaciones enteras de luchas, sacrificios y transformaciones institucionales. Nadie que crea auténticamente en la democracia puede proponer retroceder un solo paso en esas conquistas.
Pero reconocer la grandeza de la democracia no significa asumir que ha alcanzado su punto de perfección. Ninguna institución creada por el ser humano permanece inmutable. Todas evolucionan conforme cambian las circunstancias históricas, las necesidades sociales y el grado de complejidad de las comunidades que sirven. La democracia no puede ser la excepción. Si durante siglos fue perfeccionando sus mecanismos para ampliar libertades, garantizar derechos y fortalecer la representación ciudadana, resulta perfectamente legítimo preguntarnos cuáles son los nuevos desafíos que enfrenta en el siglo XXI y qué ajustes podrían fortalecerla sin alterar su esencia.
Las preguntas incómodas no debilitan a la democracia; por el contrario, constituyen una de sus mayores fortalezas. Los sistemas autoritarios temen al cuestionamiento porque descansan sobre dogmas; las democracias, en cambio, progresan precisamente porque aceptan revisar críticamente sus instituciones y corregir aquello que la experiencia demuestra perfectible. Por ello, no debería incomodarnos abrir un debate serio sobre algunos de los supuestos que durante décadas hemos dado por inamovibles. La verdadera amenaza no consiste en discutir cómo mejorar la democracia, sino en resignarnos a creer que ya no admite perfeccionamiento alguno.
Entre esas preguntas existe una que, tarde o temprano, las sociedades democráticas tendrán que afrontar con serenidad y profundidad: ¿basta con ganar una elección para estar en condiciones de gobernar, o una democracia madura también debería reflexionar sobre la aptitud necesaria para ejercer las responsabilidades del poder?
La sola formulación de esta interrogante suele provocar respuestas encontradas. Hay quienes consideran que cualquier requisito adicional al respaldo ciudadano vulneraría el derecho constitucional de ser votado y abriría la puerta a mecanismos de exclusión incompatibles con un régimen democrático. Otros sostienen que la protección de los derechos políticos debe armonizarse con otro derecho igualmente relevante: el de la sociedad a ser gobernada por personas que cuenten con las capacidades indispensables para ejercer adecuadamente funciones cuyo impacto alcanza la vida, el patrimonio, la seguridad y el futuro de millones de ciudadanos.
Se trata, sin duda, de una discusión delicada. Precisamente por ello debe abordarse con absoluto desapasionamiento y alejada de coyunturas políticas, simpatías partidistas o referencias personales. No pretende favorecer ni perjudicar a quienes hoy participan en la competencia electoral, ni mucho menos convertirse en un instrumento para restringir derechos fundamentales. La reflexión tiene un alcance mucho mayor: preguntarnos si la evolución de la democracia exige comenzar a discutir no sólo quién llega al poder, sino también qué condiciones objetivas debería reunir quien aspira a ejercerlo.
Antes de intentar responder esa pregunta conviene distinguir tres conceptos que con demasiada frecuencia se utilizan como si fueran equivalentes, cuando en realidad corresponden a dimensiones distintas del ejercicio democrático: legitimidad, aptitud y perfil.
La legitimidad proviene exclusivamente de la voluntad popular expresada mediante el voto. Ninguna autoridad puede sustituir esa decisión soberana. Son los ciudadanos quienes determinan, en elecciones libres, quién habrá de ocupar los cargos públicos de representación. Ese principio constituye el corazón mismo de la democracia y permanecerá siempre fuera de cualquier discusión seria.
La aptitud, en cambio, pertenece a un ámbito diferente. No se refiere a la popularidad, al carisma ni al respaldo electoral, sino a la capacidad real para asumir las enormes responsabilidades inherentes al ejercicio del poder. Comprende condiciones funcionales, cognitivas, emocionales, éticas y de juicio indispensables para comprender problemas complejos, procesar información, evaluar alternativas, tomar decisiones bajo presión, conducir instituciones, enfrentar crisis y mantener el equilibrio que exige la conducción del Estado.
Finalmente, el perfil incorpora elementos que, sin formar parte estrictamente de la aptitud funcional, resultan igualmente determinantes para el éxito de un gobierno: experiencia, preparación, liderazgo, visión estratégica, sensibilidad social, capacidad para integrar equipos competentes, disposición para escuchar, habilidad para construir consensos, integridad personal y profundo respeto por el Estado de derecho. El perfil explica, muchas veces, por qué dos personas igualmente aptas pueden producir gobiernos radicalmente distintos.
Distinguir estos conceptos modifica profundamente el debate. La legitimidad la otorgan los ciudadanos; la aptitud responde a la capacidad objetiva para ejercer el cargo; el perfil refleja las cualidades que pueden convertir un gobierno simplemente funcional en un gobierno verdaderamente trascendente. Confundir estos planos ha impedido, durante mucho tiempo, discutir con serenidad un tema que probablemente acompañará la evolución institucional de las democracias durante las próximas décadas.
La relevancia de esta distinción se aprecia con mayor claridad cuando observamos cómo funciona prácticamente cualquier otra actividad de enorme responsabilidad dentro de una sociedad organizada. La inmensa mayoría de las funciones cuyo desempeño puede afectar la vida, la seguridad o el patrimonio de terceros exige acreditar previamente determinadas aptitudes. No basta la buena voluntad ni el deseo legítimo de ejercer una profesión; tampoco resulta suficiente la popularidad o el reconocimiento social. La confianza pública descansa, precisamente, en la certeza de que quien desempeña esas funciones ha demostrado reunir las capacidades necesarias para hacerlo.
Nadie abordaría un avión comercial con tranquilidad si supiera que el piloto jamás fue sometido a procesos rigurosos de formación, certificación y evaluación periódica. Tampoco aceptaríamos que un cirujano ingresara al quirófano únicamente porque obtuvo el respaldo mayoritario de sus colegas. Jueces, ministerios públicos, controladores aéreos, militares, policías, operadores de instalaciones estratégicas, notarios, ingenieros responsables de grandes obras públicas y decenas de profesiones más están sujetas a requisitos permanentes de preparación, certificación, actualización y, en muchos casos, evaluación continua. No porque se desconfíe de las personas, sino porque la magnitud de las responsabilidades hace indispensable ofrecer garantías adicionales a la sociedad.
Paradójicamente, cuanto mayor es la trascendencia de las decisiones que adopta un gobernante, menores parecen ser las exigencias objetivas para acreditar que posee las condiciones necesarias para ejercerlas. Basta cumplir los requisitos constitucionales de edad, nacionalidad, residencia y elegibilidad, obtener el respaldo de una mayoría electoral y asumir el cargo. A partir de ese momento, las decisiones que adopte podrán influir sobre la economía nacional, la seguridad pública, la política exterior, la educación, la salud, la impartición de justicia, la estabilidad institucional e, incluso, sobre la vida de generaciones enteras.
No deja de ser una paradoja digna de reflexión. Exigimos certificaciones para conducir un avión con trescientas personas a bordo, pero prácticamente ninguna para conducir un país con millones de habitantes. Naturalmente, gobernar no es una ciencia exacta ni una actividad susceptible de medirse mediante un examen convencional. La conducción política involucra liderazgo, sensibilidad, visión, capacidad de negociación y una enorme diversidad de factores imposibles de reducir a una prueba estandarizada. Sin embargo, reconocer esa complejidad no debería impedirnos discutir si existen determinadas capacidades funcionales cuya acreditación pudiera fortalecer la confianza pública y la calidad del ejercicio gubernamental.
Es importante subrayar que la aptitud para gobernar no puede confundirse con la edad cronológica. La experiencia demuestra que existen personas de edad avanzada con extraordinaria lucidez, energía y capacidad de decisión, del mismo modo que también hay individuos considerablemente más jóvenes cuyas condiciones personales les impedirían asumir responsabilidades de semejante magnitud. La aptitud tampoco depende del nivel académico. La historia registra gobernantes con una sólida formación universitaria que condujeron desastrosamente a sus naciones, mientras otros, con trayectorias educativas más modestas, dejaron una huella profundamente positiva. Reducir el debate a la edad o a los títulos profesionales sería simplificarlo hasta hacerlo irrelevante.
La discusión, en realidad, debe situarse en otro plano. Lo que interesa no es cuántos años tiene una persona ni cuántos diplomas cuelgan de su pared, sino si conserva las capacidades funcionales indispensables para comprender la complejidad de los asuntos públicos, procesar información suficiente, valorar escenarios, escuchar opiniones técnicas diversas, resistir presiones indebidas, tomar decisiones prudentes en momentos de crisis y mantener el equilibrio emocional que exige el ejercicio cotidiano del poder. Ninguna de estas cualidades garantiza, por sí sola, un buen gobierno; pero su ausencia sí puede incrementar considerablemente el riesgo de uno malo.
El siglo XXI ha añadido nuevos elementos a esta reflexión. Nunca antes un jefe de Estado había debido enfrentar, casi simultáneamente, desafíos sanitarios globales, amenazas cibernéticas, inteligencia artificial, terrorismo internacional, crisis climáticas, mercados financieros interdependientes, cadenas globales de suministro, desinformación masiva y transformaciones tecnológicas que modifican la economía a una velocidad sin precedentes. Gobernar hoy exige capacidades que hace apenas unas décadas ni siquiera figuraban entre las responsabilidades tradicionales del poder público. El Estado contemporáneo administra una complejidad infinitamente mayor que la conocida por generaciones anteriores.
Si las responsabilidades del cargo han aumentado de manera exponencial, parecería razonable preguntarse si las exigencias para ejercerlo deberían permanecer exactamente iguales. No se trata de restringir el acceso a la política, sino de reflexionar sobre la conveniencia de fortalecer las garantías que la democracia ofrece tanto a quienes aspiran legítimamente al poder como a la ciudadanía que deposita en ellos su confianza.
Por supuesto, cualquier planteamiento en este sentido despierta objeciones legítimas. La primera consiste en advertir el enorme riesgo de que un mecanismo de evaluación pueda utilizarse con fines políticos para excluir adversarios incómodos o manipular procesos electorales. La preocupación es plenamente válida. Precisamente por ello, cualquier propuesta orientada a acreditar aptitudes tendría que construirse sobre bases institucionales extraordinariamente sólidas, con autonomía absoluta respecto de los gobiernos, reglas previamente establecidas, criterios científicos verificables, transparencia total, derecho de audiencia, posibilidad de revisión jurisdiccional y controles constitucionales que impidieran cualquier utilización facciosa.
El remedio nunca podría resultar peor que el problema. La democracia perdería toda legitimidad si un eventual sistema de evaluación terminara convirtiéndose en un instrumento para limitar arbitrariamente el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes. Por ello, la discusión no consiste en entregar esa facultad a un grupo de expertos o a una autoridad administrativa. La soberanía popular permanece intocable. Lo que se debate es si resulta posible construir mecanismos que fortalezcan, y no sustituyan, la decisión libre de los ciudadanos.
Quizá la principal objeción a una reflexión de esta naturaleza sea el temor de que alguien pretenda sustituir el juicio ciudadano por el criterio de especialistas o de instituciones técnicas. Ese riesgo existe y debe ser reconocido con absoluta honestidad. Pero precisamente por ello resulta indispensable dejar claro que la voluntad popular jamás puede ser reemplazada. En una democracia auténtica, el voto seguirá siendo el único instrumento legítimo para decidir quién gobierna. La discusión no consiste en quitarle esa facultad al ciudadano, sino en preguntarnos si el propio sistema democrático puede incorporar mecanismos que ofrezcan mayores garantías sobre la capacidad de quienes aspiran a ejercer las responsabilidades públicas de mayor trascendencia.
En realidad, las democracias modernas han evolucionado constantemente mediante la incorporación de nuevos controles, nuevas instituciones y mayores exigencias de transparencia. Hubo un tiempo en que no existían organismos electorales autónomos, tribunales especializados, sistemas de fiscalización del gasto de campaña, declaraciones patrimoniales, obligaciones de transparencia o mecanismos de rendición de cuentas. Todas esas innovaciones surgieron porque la sociedad comprendió que el simple acto de votar no agotaba las necesidades de una democracia de calidad. Cada generación ha encontrado nuevas formas de fortalecer sus instituciones sin alterar el principio esencial de la soberanía popular.
La reflexión sobre la aptitud para gobernar podría formar parte de esa misma evolución. No como una verdad definitiva ni como una propuesta acabada, sino como un debate que las democracias del siglo XXI difícilmente podrán evitar conforme aumente la complejidad del Estado y la magnitud de las decisiones que deben adoptarse desde el poder público. Las responsabilidades del gobierno contemporáneo ya no guardan proporción con las que enfrentaban los Estados hace cincuenta o cien años. Hoy una decisión equivocada puede desencadenar crisis financieras, conflictos diplomáticos, emergencias sanitarias, colapsos tecnológicos o profundas fracturas sociales con consecuencias que trascienden fronteras y generaciones.
Al mismo tiempo, conviene recordar que la aptitud constituye solamente una parte de la ecuación. Un gobernante puede poseer excelentes condiciones intelectuales y funcionales y, sin embargo, fracasar por carecer de visión de Estado, sensibilidad social, prudencia política, integridad ética o capacidad para escuchar y construir acuerdos. Del mismo modo, una persona con enorme liderazgo puede carecer de los conocimientos o del equilibrio necesarios para enfrentar decisiones extraordinariamente complejas. Por ello resulta indispensable distinguir entre legitimidad, aptitud y perfil. Son conceptos complementarios, pero no intercambiables. La democracia necesita de los tres para ofrecer gobiernos de mayor calidad.
Quizá el mayor error consista en creer que esta discusión pretende establecer una especie de élite política o convertir el acceso al poder en un privilegio reservado para unos cuantos. Nada más distante de ese propósito. La democracia nació precisamente para romper los privilegios de sangre, riqueza, apellido o posición social. Ese principio permanece intacto. Cualquier ciudadano debe conservar el derecho de aspirar legítimamente al ejercicio del poder. Lo que aquí se plantea es una cuestión distinta: si el enorme poder que la sociedad deposita en sus gobernantes justifica también la obligación de ofrecer a esa misma sociedad las mayores garantías posibles sobre la capacidad con la que ese poder será ejercido.
La evolución de la medicina ofrece una analogía interesante. Durante siglos bastaba con que un médico afirmara conocer su oficio. Hoy nadie discutiría la necesidad de estudios, certificaciones, especialidades, evaluaciones periódicas y procesos permanentes de actualización. Esa evolución no restringió el derecho a ejercer la medicina; fortaleció la confianza de los pacientes y elevó la calidad del servicio. La pregunta es si la política puede permanecer indefinidamente ajena a una lógica semejante, cuando las decisiones de un gobernante afectan simultáneamente a millones de personas.
Naturalmente, ninguna evaluación podrá medir valores como la honestidad, la sensibilidad humana, la prudencia, el patriotismo o la grandeza de espíritu. Tampoco garantizará que un buen candidato se convierta necesariamente en un gran gobernante. Gobernar seguirá siendo una de las tareas más complejas que puede asumir un ser humano. Sin embargo, reconocer que ninguna evaluación es perfecta no significa renunciar a explorar mecanismos que contribuyan a disminuir riesgos y elevar los estándares del servicio público. En prácticamente todas las actividades humanas se procura reducir la posibilidad del error; parecería razonable preguntarnos por qué habría de excluirse precisamente la actividad que más repercute sobre el destino colectivo.
Los dos ensayos anteriores de esta serie sostuvieron que ganar una elección no agota las exigencias de una democracia y que la representación política atraviesa una profunda crisis de legitimidad. La reflexión de hoy pretende dar un paso adicional. Si aspiramos a perfeccionar la democracia, quizá haya llegado el momento de discutir también la calidad del ejercicio del poder. Porque la democracia no sólo debe preocuparse por garantizar que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes; también debe procurar que quienes reciban esa confianza cuenten con las mejores condiciones posibles para honrarla.
No se trata de desconfiar de los ciudadanos ni de sustituir su decisión. Se trata, precisamente, de respetarla tanto que procuremos ofrecerle instituciones cada vez más sólidas, gobiernos cada vez más capaces y servidores públicos cada vez mejor preparados para responder a la enorme responsabilidad que libremente les ha sido conferida.
La democracia conquistó el derecho de decidir quién gobierna. El gran desafío del siglo XXI quizá consista en reflexionar, con la misma serenidad y responsabilidad, sobre cómo asegurar que quienes reciban esa confianza posean la aptitud necesaria para ejercerla en beneficio de todos.
Porque el voto otorga la legitimidad.
El perfil puede inspirar confianza.
Pero la aptitud es la que, todos los días, convierte el poder en buen gobierno… o en una oportunidad perdida para toda una nación.
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