Hay temas que no admiten tibieza. Cuba es uno de ellos. No por consigna ni por nostalgia, sino por una cuestión elemental de dignidad, de historia compartida y de solidaridad entre pueblos. Lo que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa no es un debate ideológico: es el uso del castigo económico como instrumento de presión política.
La amenaza de imponer aranceles de hasta 100% a los países que suministren petróleo a Cuba confirma una lógica de fuerza: convertir el comercio en arma y la asfixia económica en método. No es una discusión técnica ni de mercado; es coerción abierta. Y sus efectos no recaen sobre gobiernos abstractos, sino sobre la vida cotidiana de millones de personas.
En ese contexto, la postura del gobierno mexicano ha sido clara y responsable. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró principios que no son nuevos, pero sí cada vez más necesarios: la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el rechazo a cualquier acción que provoque una crisis humanitaria y la apuesta por la vía diplomática. México dialoga; no confronta. Pero tampoco normaliza el castigo colectivo.
Los datos importan. El suministro de petróleo a Cuba representa menos del 1% de la producción nacional. No es una operación que ponga en riesgo las finanzas mexicanas ni los equilibrios macroeconómicos. Su peso es, sobre todo, humanitario y simbólico. El petróleo no es un lujo: es electricidad, hospitales funcionando, refrigeración de alimentos y transporte. Negarlo implica aceptar apagones, parálisis de servicios básicos y un deterioro directo de la vida.
Por eso, mientras se exploran soluciones diplomáticas, México ha optado también por enviar ayuda humanitaria —alimentos y bienes esenciales— a través de la Marina. Es una decisión que habla de responsabilidad internacional y de coherencia histórica. Y conviene decirlo sin caricaturas: la solidaridad mexicana con Cuba no nació ayer ni es patrimonio de un solo gobierno. Ha sido una constante de nuestra política exterior durante décadas, con distintos signos políticos.
El endurecimiento actual tiene, además, una lectura inevitable: la política hacia Cuba suele recrudecerse en momentos electorales en Estados Unidos. La presión no se explica solo por La Habana, sino por la política interna estadounidense y por la influencia de sectores que han hecho del castigo a Cuba una bandera permanente. El mensaje no va dirigido únicamente a la isla, sino a toda América Latina: salirse del guion tiene costos. Y el mundo observa, porque estas medidas nunca son “locales” cuando se diseñan desde el poder.
No es menor, en este endurecimiento, el papel de Marco Rubio, figura central del ala más dura del exilio cubano-americano en Florida. Su trayectoria ha estado marcada por la defensa de una estrategia de castigo permanente hacia Cuba, contraria a cualquier vía de entendimiento. Más que producir una política exterior eficaz, esa visión ha sostenido un conflicto congelado: inmovilidad, sufrimiento y un expediente que se reactiva cada vez que conviene a la política interna estadounidense.
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel ha denunciado que esta amenaza constituye un bloqueo energético orientado a la asfixia económica del país. Es un lenguaje más duro que el mexicano —y es lógico—, pero describe una realidad concreta: sin combustible no hay electricidad, y sin electricidad se paralizan hospitales, servicios básicos y la vida cotidiana de millones de personas. La diferencia de tonos es evidente —Cuba habla desde la defensa directa; México desde la diplomacia preventiva—, pero el fondo es el mismo: impedir que el castigo colectivo se vuelva normal.
La historia demuestra que esta estrategia no solo es inhumana, sino ineficaz. El bloqueo no ha logrado sus objetivos declarados, pero sí ha agravado carencias. Y aun así, Cuba ha sostenido indicadores sociales básicos —en salud, educación y atención médica— que en otros contextos de asfixia económica colapsan. Eso no elimina sus problemas, pero sí obliga a reconocer una verdad incómoda: el castigo no es solución; es una forma de dominación.
México, consciente de su vecindad y de su relación estratégica con Estados Unidos, actúa con prudencia. Defender la vía diplomática no es claudicar; es ejercer política exterior con cabeza fría y principios claros. Rechazar una crisis humanitaria no es provocación: es humanidad.
Porque al final, más allá de aranceles, decretos y amenazas, hay verdades que resisten cualquier presión. Como escribió Nicolás Guillén: “Tengo lo que tenía que tener”.