Donald Trump nunca se ha caracterizado por contenerse al expresar sus ideas. La pregunta es si habla deliberadamente de manera extravagante y ofensiva para dominar la conversación pública o si, por el contrario, su relación con la realidad se deteriora y termina diciendo lo primero que se le ocurre. Tal vez ambas explicaciones sean parcialmente ciertas.
Entre sus declaraciones más recientes figuran la decisión de rebautizar el Lago Ontario como “Lago América”, la propuesta de cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América” y, anteriormente, la sustitución de “Golfo de México” por “Golfo de América” en la nomenclatura oficial estadounidense. Podrían parecer simples excentricidades, si no formaran parte de una conducta política más amplia.
También ha amenazado con demoler el Kennedy Center, atacado reiteradamente el voto por correo y respaldado la reducción de las recomendaciones de vacunación infantil. En otros casos, presenta como verdaderas afirmaciones que contradicen la evidencia disponible. La acumulación de episodios vuelve cada vez más difícil distinguir entre la provocación calculada, la propaganda y el extravío.
Más graves son sus amenazas contra otros países. Ha presionado a Dinamarca por Groenlandia; mantiene una guerra comercial con Canadá mientras insiste en presentarlo como un posible estado número 51, y ha planteado repetidamente la posibilidad de utilizar fuerzas estadounidenses contra los cárteles dentro de territorio mexicano.
Trump también ha insinuado que Washington podría reconsiderar su posición histórica de neutralidad sobre la soberanía de las islas Malvinas o Falkland. No ha respaldado formalmente la reclamación argentina, pero se negó a garantizar el apoyo estadounidense al Reino Unido y afirmó que su gobierno revisa esa postura. Javier Milei interpretó esas palabras como una señal favorable para Argentina.
No se trata de bromas inofensivas. Cuando el presidente de la principal potencia mundial convierte las fronteras y la soberanía de otros países en material para ocurrencias, amenazas o negociaciones, introduce una peligrosa incertidumbre en las relaciones internacionales.
Y si esta conducta no encuentra límites, ¿quién será el siguiente?
Otros dirigentes observan desde las sombras, toman nota y dirigen la mirada hacia los territorios de sus vecinos. Trump no inventó el revisionismo territorial, pero contribuye a legitimarlo. Sus admiradores y otros gobernantes autoritarios entienden perfectamente la señal: las fronteras pueden volver a discutirse si quien las cuestiona posee suficiente poder.
Vladímir Putin lleva años aplicando esa lógica en Ucrania y ejerciendo presión sobre los Estados bálticos y la OTAN. Algo semejante, aunque en un contexto muy distinto, apareció recientemente en la respuesta del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a las sanciones británicas contra los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Después de que el gobierno británico denunciara la violencia de los colonos y prohibiera el comercio con los asentamientos, Ben-Gvir exigió que Israel reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas. Afirmó que las islas son “territorio argentino ocupado” y que los británicos se las arrebataron violentamente al pueblo argentino.
La contradicción resulta difícil de ignorar. Ben-Gvir rechaza que Cisjordania sea un territorio ocupado, pero descubre repentinamente las virtudes del anticolonialismo cuando necesita atacar al Reino Unido. La soberanía deja así de ser un principio y se convierte en un instrumento de represalia diplomática.
Las relaciones internacionales no pueden funcionar de ese modo. Las disputas territoriales, los tratados y los derechos de las poblaciones no se resuelven redibujando mapas, cambiando nombres o colocando una bandera estadounidense sobre Canadá y otra argentina sobre las Malvinas.
Precisamente por eso el comportamiento de Trump es peligroso. Sin embargo, surge inevitablemente otra pregunta: ¿estamos ante una estrategia política consciente o ante un presidente cuyo juicio comienza a deteriorarse?
No es posible diagnosticar a una persona a distancia, y mucho menos convertir una discrepancia política en un dictamen psiquiátrico. Sí es legítimo, en cambio, evaluar públicamente la capacidad, el criterio y el comportamiento de quien ejerce la Presidencia de Estados Unidos. Trump tiene 80 años y controla decisiones con consecuencias militares, económicas y nucleares. La pregunta sobre su aptitud para gobernar no puede despacharse como una simple descortesía.
Algunas de sus declaraciones son indudablemente deliberadas. Trump conoce el valor político del escándalo: dice algo desmesurado, obliga a sus adversarios a reaccionar y consigue que el debate público vuelva a girar en torno a él. La extravagancia es también una técnica de poder.
Pero incluso si todo fuera una representación destinada a los votantes de MAGA, quedaría otra pregunta incómoda: ¿qué idea tiene Trump de sus propios seguidores? Su propaganda parece partir de la convicción de que aceptarán cualquier afirmación, por absurda que resulte, siempre que confirme sus agravios y moleste a sus adversarios.
En realidad, la respuesta clínica importa menos que las consecuencias políticas. Sea cálculo, deterioro o una mezcla de ambos, Trump está normalizando una idea peligrosa: que las fronteras, la soberanía y los acuerdos internacionales son apenas líneas en un mapa que los gobernantes poderosos pueden borrar y volver a trazar.
Cuando esa idea se instala en la política mundial, nunca falta quien intente convertir la ocurrencia de uno en la invasión del siguiente.