Regular la tecnología y aprender a gobernarla con sentido humano, es quizá uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra generación. Vivimos una transformación digital que avanza a una velocidad sin precedentes y que modifica la manera en que trabajamos, aprendemos, convivimos e incluso construimos nuestras relaciones personales. El desafío consiste en hacerlo sin frenar la innovación y sin renunciar a los derechos de las personas.
Celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum haya convocado a un amplio proceso de diálogo nacional para construir, mediante el consenso, una propuesta que permita regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes. Es una decisión responsable porque parte de una premisa fundamental: las grandes transformaciones no pueden imponerse desde el gobierno. Deben surgir desde la participación de especialistas, familias, docentes, estudiantes y de toda la sociedad.
La evidencia científica es cada vez más contundente. El uso excesivo de dispositivos digitales afecta el descanso, altera la convivencia familiar, modifica las formas de socialización y puede tener consecuencias importantes en la salud mental de niñas, niños y jóvenes. Sin embargo, sería un error responder a este fenómeno únicamente con prohibiciones. La solución pasa por educar para el uso responsable de la tecnología, fortalecer la alfabetización digital y generar entornos donde las personas aprendan a convivir con las herramientas tecnológicas sin convertirse en rehenes de ellas.
La inteligencia artificial y las plataformas digitales representan enormes oportunidades para democratizar el conocimiento, ampliar el acceso a la información y potenciar la creatividad. Pero también plantean riesgos que deben atenderse con responsabilidad pública. La tecnología debe estar al servicio de las personas, nunca al revés.
Desde el Senado de la República tuvimos la oportunidad de enfrentar otro de los grandes desafíos que plantea la revolución digital: la protección de quienes trabajan mediante plataformas tecnológicas.
Durante muchos años, miles de personas que conducen vehículos de aplicación, realizan entregas o prestan diversos servicios digitales permanecieron atrapadas en una zona gris. Trabajaban todos los días, cumplían horarios, seguían reglas establecidas por las plataformas y dependían económicamente de ellas, pero carecían de seguridad social, protección frente a accidentes o acceso a derechos laborales básicos.
Aquello representaba una nueva forma de precarización laboral que el Estado no podía permitir. Por ello impulsamos una reforma que reconoce que la innovación tecnológica no puede construirse sobre la vulnerabilidad de las personas.
Esta decisión tiene una importancia especial para nuestro país. Cada vez son más los jóvenes, madres y padres de familia que encuentran en las plataformas digitales una alternativa para generar ingresos. Ahora podrán acceder a cobertura médica, protección ante riesgos de trabajo y mayor estabilidad para sus familias. No estamos frenando el desarrollo tecnológico, sino que aseguramos que sus beneficios lleguen también a quienes hacen posible esta nueva economía. La responsabilidad digital no solo implica proteger a quienes usan la tecnología, sino también a quienes sostienen económicamente su funcionamiento.
Ambos temas forman parte de una misma visión de país. Así como buscamos proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital, también debemos garantizar que quienes participan en la economía tecnológica lo hagan con dignidad, seguridad y justicia.
La Cuarta Transformación ha demostrado que es posible construir un modelo de desarrollo donde el progreso científico y tecnológico camine de la mano de los derechos sociales. Esa es la diferencia entre dejar que el mercado decida por sí solo y asumir la responsabilidad del Estado para proteger a las personas.
El futuro será inevitablemente digital. Lo verdaderamente importante es decidir si ese futuro estará gobernado únicamente por algoritmos o también por principios de justicia, igualdad y bienestar colectivo.
X: @AnaLiliaRivra