Hay algo peor que el silencio frente a una masacre: condenarla solemnemente, documentarla con precisión, aprobar resoluciones, convocar reuniones de emergencia, pronunciar discursos indignados y permitir que al día siguiente continúe exactamente igual. Ésa es quizá la imagen más devastadora que está dejando la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. Ya no son solamente críticos externos quienes cuestionan la eficacia del organismo. Desde su propia tribuna, jefes de Estado, gobernantes y el propio secretario general están reconociendo que existe una distancia cada vez más peligrosa entre lo que la comunidad internacional declara intolerable y aquello que realmente es capaz de impedir.
António Guterres abrió el debate con palabras excepcionalmente severas. Condenó nuevamente los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, pero afirmó también que la magnitud de muerte y destrucción sufrida posteriormente por los palestinos en Gaza supera cualquier cosa que haya presenciado durante sus años al frente de Naciones Unidas. Recordó las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia, exigió el cumplimiento del derecho internacional y advirtió que la violencia, los desplazamientos y la expansión de asentamientos en Cisjordania están destruyendo las posibilidades de una solución política. Lo verdaderamente alarmante, sin embargo, no es escuchar nuevamente una condena, sino comprobar que el secretario general de la organización creada precisamente para preservar la paz mundial puede describir semejante tragedia delante de los representantes de prácticamente todos los gobiernos del planeta y, después de hacerlo, carecer de instrumentos propios suficientes para detenerla.
Recep Tayyip Erdogan llevó la crítica directamente al corazón de la estructura institucional al cuestionar que más de 190 países integren Naciones Unidas, pero cinco conserven un privilegio capaz de paralizar las decisiones fundamentales del Consejo de Seguridad. Lula da Silva volvió igualmente sobre el inmovilismo del Consejo y la necesidad de reformar un sistema que ya no refleja la distribución real del poder mundial. El rey Abdullah II de Jordania denunció la situación de Gaza y Cisjordania y sus consecuencias para toda la región, mientras el emir de Catar, cuyo país ha desempeñado tareas de mediación, utilizó términos extraordinariamente duros para describir el sufrimiento palestino.
Las posiciones de esos gobiernos no son idénticas y tampoco tienen por qué serlo. Existen diferencias profundas respecto de Israel, Hamás, Palestina, Irán, Estados Unidos y el futuro de Medio Oriente, pero detrás de esas divergencias aparece una coincidencia difícil de ignorar: el sistema internacional está demostrando enormes dificultades para detener la muerte de civiles cuando las grandes potencias o sus aliados están involucrados.
Y Gaza no es el único espejo. Ucrania lleva años demostrando los límites del sistema cuando uno de los protagonistas de una guerra es además miembro permanente del Consejo de Seguridad y posee derecho de veto. Sudán ha padecido una guerra devastadora, desplazamientos masivos, hambre y atrocidades mientras la atención internacional aparece y desaparece. En otros conflictos de África, Asia y Medio Oriente se repite el mismo patrón: llamados urgentes, sesiones extraordinarias, informes, condenas, demandas de alto al fuego y una realidad sobre el terreno que demasiadas veces continúa avanzando por su propia lógica sangrienta.
No es que Naciones Unidas permanezca callada. Ése precisamente es el punto. Habla muchísimo, investiga, documenta, denuncia, contabiliza víctimas, organiza ayuda, recibe refugiados, alimenta poblaciones, despliega personal humanitario y advierte reiteradamente a los gobiernos sobre violaciones al derecho internacional. Miles de funcionarios y trabajadores humanitarios realizan una labor extraordinaria, muchas veces arriesgando y perdiendo la vida. El problema comienza cuando llega la hora de detener al que dispara, porque una cosa es describir una atrocidad y otra impedirla; una cosa es aprobar una resolución y otra conseguir que se cumpla; una cosa es condenar un bombardeo, un ataque terrorista, una invasión o el asesinato deliberado de civiles y otra muy distinta lograr que quien posee los aviones, los misiles, los soldados o las armas deje de utilizarlos.
Ahí se encuentra la gran herida de Naciones Unidas. La organización fue construida para someter la fuerza al derecho, pero terminó dependiendo en buena medida de la voluntad de quienes poseen mayor fuerza. Sus propias autoridades han reconocido que buena parte de las instituciones internacionales permanecen ancladas en otra época, mientras el poder económico, militar, tecnológico y político mundial se transforma aceleradamente. La pregunta que millones de personas pueden formularse resulta mucho más sencilla que cualquier diagnóstico diplomático: no quieren saber si Naciones Unidas existe, quieren saber si funciona.
El Consejo de Seguridad continúa funcionando esencialmente bajo el arreglo construido al terminar la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido conservan asientos permanentes y derecho de veto. África, con más de mil cuatrocientos millones de habitantes, no posee uno solo. América Latina tampoco. India, hoy una de las mayores potencias demográficas y económicas del planeta, tampoco. No se necesita ser especialista en relaciones internacionales para advertir la anomalía.
El problema no consiste únicamente en representación, sino en capacidad. Si una de las cinco potencias permanentes considera que una resolución afecta sus intereses fundamentales o los de un aliado estratégico, puede bloquearla. En ese momento los demás países pueden protestar, pronunciar discursos, aprobar declaraciones en otros órganos y elevar el tono de sus condenas, pero el mecanismo encargado de adoptar las decisiones más poderosas queda detenido. Ésa es la razón por la cual escuchar a tantos dirigentes cuestionar esta semana la inacción internacional tiene una importancia superior al discurso de cada uno de ellos.
La crítica ya no puede ser descartada simplemente como retórica antioccidental, antiestadounidense, antiisraelí, antirrusa o antichina. Proviene de gobiernos con orientaciones políticas distintas, de regiones distintas y con intereses distintos. Incluso desde dentro de Naciones Unidas se admite que existe una crisis de eficacia y representación. Y esto obliga también a evitar simplificaciones. Las Naciones Unidas no poseen un ejército mundial capaz de intervenir cada vez que alguien viola una resolución, ni deberían tener la posibilidad de enviar fuerzas militares a cualquier país por decisión administrativa de un secretario general. Un poder semejante podría resultar tan peligroso como la impotencia que hoy criticamos.
Los Estados siguen siendo soberanos. El problema es construir un sistema en el que soberanía no signifique impunidad y en el que las grandes potencias tampoco puedan convertirse en jueces de sus propias conductas. Ahí está el desafío que la comunidad internacional lleva décadas posponiendo.
La experiencia demuestra que la ONU puede funcionar cuando existe voluntad política suficiente. Ha contribuido a terminar conflictos, supervisar elecciones, acompañar independencias, repatriar refugiados y reconstruir países después de guerras civiles. Namibia, Camboya, El Salvador, Mozambique, Liberia y Timor Oriental son ejemplos de momentos en que la comunidad internacional consiguió traducir acuerdos diplomáticos en resultados concretos. También sabemos lo que sucede cuando esa voluntad desaparece. Ruanda y Srebrenica permanecen como recordatorios terribles de lo que ocurre cuando las advertencias existen, las víctimas están identificadas y, aun así, nadie consigue detener la tragedia. Hoy vuelven a aparecer ante nuestros ojos poblaciones civiles atrapadas entre guerras, terrorismo, represalias, hambre y desplazamientos mientras la comunidad internacional discute cuáles palabras utilizar para describirlas.
Los nombres cambian. La impotencia se parece demasiado.
Eso explica también por qué tantos países están buscando estructuras complementarias fuera de Naciones Unidas. Europa refuerza su autonomía estratégica, Canadá profundiza vínculos con Europa, las potencias asiáticas multiplican acuerdos regionales, Estados Unidos construye coaliciones conforme a sus intereses, China expande redes económicas y políticas y Rusia intenta preservar sus propias áreas de influencia. Nadie abandona completamente la ONU porque todos comprenden que sigue siendo necesaria, pero cada vez menos países parecen confiar en que sea suficiente.
Ese es un síntoma peligrosísimo, porque cuando el derecho internacional pierde capacidad para contener a los fuertes inevitablemente regresamos a una regla mucho más antigua: la fuerza. Y cuando la fuerza se convierte otra vez en la principal garantía de seguridad, cada país comienza a buscar más armas, más aliados, mayor capacidad militar y mayores zonas de influencia. Exactamente el mundo que Naciones Unidas debe evitar.
Podemos discutir interminablemente quién tiene razón en Gaza, quién incumplió primero en Ucrania, quién provocó determinada escalada en Medio Oriente o cuáles intereses se esconden detrás de cada guerra. Y debemos discutirlo, porque los hechos importan y las responsabilidades deben determinarse individualmente. Pero hay una pregunta anterior a todas ésas: ¿qué debe hacer la comunidad internacional cuando civiles están siendo masacrados?
Si la respuesta consiste solamente en reunirse, condenar y esperar, tenemos un problema mucho mayor que cualquier conflicto individual. Porque el derecho que no puede hacerse cumplir corre el riesgo de convertirse en consejo, la resolución que nadie está obligado realmente a obedecer acaba convertida en declaración y una organización internacional que únicamente puede registrar las víctimas después de cada tragedia terminará administrando cementerios en lugar de preservando la paz.
Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Reformar el Consejo de Seguridad será extraordinariamente difícil. Limitar el veto en casos de atrocidades masivas exigirá concesiones que las grandes potencias históricamente han rechazado. Dar representación permanente a regiones enteras hoy excluidas obligará a modificar un equilibrio que beneficia precisamente a quienes poseen capacidad para impedir su modificación. Pero la dificultad no elimina la necesidad. La aumenta.
Cada guerra que continúa después de una resolución incumplida, cada civil muerto después de una condena internacional y cada atrocidad que sucede mientras el Consejo de Seguridad permanece bloqueado desgastan algo mucho más importante que el prestigio de Naciones Unidas. Desgastan la idea misma de que existe un orden internacional. Y cuando los pueblos dejan de creer que las reglas pueden protegerlos, empiezan a creer que solamente puede protegerlos la fuerza.
Ésa sería la verdadera derrota. No que desaparezca la ONU, sino que siga existiendo, que mantenga su enorme edificio en Nueva York, que continúe celebrando asambleas, pronunciando discursos y aprobando resoluciones, pero que el mundo termine aprendiendo que frente a una masacre lo único que realmente importa es quién tiene más poder para matar y quién tiene más poder para impedir que lo castiguen.
Entonces las Naciones Unidas no habrán fracasado simplemente en detener una guerra. Habrán fracasado en sostener la idea que nació después de la peor guerra de la historia: que el derecho podía algún día ser más fuerte que las armas.
Y hay que entender la advertencia antes de que sea demasiado tarde: cuando la ley internacional deja de detener al fuerte, el débil comienza a armarse para sobrevivir; cuando todos llegan a esa conclusión, ya no estamos discutiendo una reforma pendiente del orden mundial.
Estamos preparando el siguiente desastre.
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