El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años que se encontraba de intercambio académico en Morelos, ha producido algo que en México debería ser normal pero que, lamentablemente, sigue pareciendo excepcional: una investigación rápida, coordinada, visible y con resultados.
Claudia fue atacada con arma blanca la noche del 12 de septiembre en Cuautla. Las cámaras privadas de vecinos permitieron reconstruir parte de los movimientos del presunto agresor, la Fiscalía de Morelos consiguió una orden de aprehensión, se desplegó una búsqueda que llegó a convertirse en prioridad nacional y, cinco días después del crimen, Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue detenido. Una jueza lo vinculó posteriormente a proceso y ordenó que permaneciera en prisión mientras continúa la investigación. (elpais.com)
El País difundió además las imágenes de las cámaras de seguridad que permitieron observar al hombre que se convirtió en principal sospechoso, vestido con sudadera blanca y mochila negra, corriendo por las calles cercanas al lugar del ataque. Aquellas grabaciones, aportadas por ciudadanos, fueron una pieza importante para identificarlo y reconstruir lo sucedido. (elpais.com)
Hasta ahí, todo es como debería ser. Un crimen ocurre, la autoridad investiga, reúne evidencias, busca al probable responsable, lo encuentra, lo detiene y lo presenta ante un juez. Nada de eso debería parecernos extraordinario y, sin embargo, en México lo parece.
Por eso el caso Claudia Tacoronte obliga a formular una pregunta incómoda: ¿se necesita ser extranjera, extranjero, famoso o suficientemente publicitado para que una investigación avance con rapidez y produzca resultados?
La pregunta no pretende disminuir en absoluto la importancia de lo ocurrido con Claudia. Al contrario. Ella merecía exactamente la diligencia que recibió su caso. Lo que habría que preguntarnos es por qué esa misma diligencia no parece estar disponible para todas las víctimas.
Claudia era española. Su asesinato produjo inmediatamente repercusión en medios de España y México. Las autoridades españolas exigieron que el crimen se esclareciera hasta el final. La Universidad de Granada, donde estudiaba, reaccionó. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas comenzó a revisar protocolos y controles para los intercambios académicos con México. La propia universidad granadina suspendió estancias previstas en Morelos y la Universidad de La Laguna paralizó también su convenio. Otras instituciones españolas comenzaron a evaluar sus programas. (elpais.com)
De pronto, un crimen cometido en Cuautla dejó de ser exclusivamente un asunto de Morelos. Se convirtió en un problema bilateral, académico, diplomático y reputacional. Y la maquinaria funcionó.
Eso es precisamente lo inquietante.
Porque Claudia no era siquiera la primera estudiante asesinada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos este año. Era la cuarta en siete meses. El dato resulta estremecedor. (elpais.com)
La movilización que siguió a su muerte estuvo acompañada de una pregunta que distintas colectivas feministas han planteado abiertamente: si las autoridades pueden responder con semejante rapidez cuando existe presión nacional e internacional, ¿por qué no muestran la misma capacidad en los demás casos? El propio editorial publicado este lunes por El País recoge esa contradicción. Hasta julio de este año se contabilizaban 380 feminicidios en México y Morelos se encontraba entre las entidades con mayor tasa.
Las manifestantes que protestaron después del asesinato de Claudia denunciaron precisamente la lentitud y la revictimización que enfrentan otras familias cuando sus casos no alcanzan semejante repercusión pública. (elpais.com)
Y el problema rebasa ampliamente los feminicidios. México lleva demasiados años acumulando historias de personas desaparecidas, homicidios sin esclarecer, familias convertidas por necesidad en investigadoras, madres que salen al campo a buscar restos humanos y expedientes que avanzan solamente cuando alguien consigue convertirlos en noticia.
Ahí está el verdadero problema de fondo.
No necesitamos una justicia extraordinaria para casos extraordinarios. Necesitamos una justicia ordinariamente eficaz.
Una Fiscalía no debería desplegar toda su capacidad solamente cuando un crimen ocupa titulares internacionales. Las cámaras tendrían que revisarse también cuando la víctima se llama María, Juana o Pedro y nadie en otro país conoce su nombre. Las búsquedas deberían activarse con la misma intensidad aunque no exista una embajada preguntando por el expediente. Las investigaciones deberían continuar aunque no haya cámaras de televisión afuera de las oficinas del fiscal, porque la justicia deja de ser verdaderamente justicia cuando depende de la visibilidad de la víctima.
Hay algo particularmente revelador en lo sucedido después del asesinato de Claudia. Las universidades españolas comenzaron a revisar sus convenios con México. La Universidad de Granada suspendió próximas estancias en Morelos. La Universidad de La Laguna hizo lo propio con su convenio. La Conferencia de Rectores española anunció que reforzará los controles antes de enviar alumnos a nuestro país. Y otras universidades están revisando si mantienen sus programas. (elpais.com)
No es un asunto menor. Los intercambios académicos forman parte de la imagen internacional de un país. Miles de jóvenes deciden cada año dónde estudiar, investigar o realizar una estancia. Sus universidades hacen evaluaciones de riesgo. Sus familias también. Si México comienza a ser visto como un lugar donde enviar a un estudiante implica asumir peligros extraordinarios, las consecuencias no se limitan al ámbito educativo. Afectan prestigio, turismo, inversión y confianza.
Una nación no construye su reputación solamente con campañas promocionales, estadísticas económicas o discursos diplomáticos. También la construye con la capacidad de garantizar que quien llega a estudiar, trabajar, invertir o simplemente visitar pueda regresar a casa.
Y ahí el caso Claudia adquiere una dimensión todavía mayor.
La reacción de las autoridades demuestra que el Estado sí puede investigar, sí puede coordinarse, sí puede utilizar tecnología, sí puede desplegar policías, sí puede obtener órdenes judiciales rápidamente y sí puede detener a un sospechoso. Eso debería producir cierta satisfacción institucional.
Pero también debería producir vergüenza.
Porque si sabemos que se puede hacer, entonces resulta mucho más difícil explicar por qué tantas familias llevan meses o años esperando respuestas.
La cuestión no es exigir que todos los delitos se resuelvan en cinco días. Eso sería absurdo. Cada investigación tiene circunstancias diferentes y no siempre existe una cámara que haya grabado al agresor, testigos que lo reconozcan o información suficiente para localizarlo. Pero sí podemos exigir el mismo interés, la misma voluntad, la misma coordinación, la misma urgencia y la misma sensación de que cada víctima importa.
Durante demasiado tiempo hemos normalizado algo profundamente injusto: que existan casos de primera y casos de segunda.
Los primeros son aquellos que, por razones diversas, adquieren notoriedad. Una víctima conocida, una nacionalidad extranjera, una circunstancia especialmente estremecedora, una familia con capacidad para movilizar medios, un video que se vuelve viral o una protesta multitudinaria. Entonces el Estado aparece con conferencias de prensa, fiscales, policías, operativos y resultados.
Los otros permanecen en carpetas.
Y detrás de esas carpetas hay también personas. No números, personas. Madres que esperan a sus hijos. Hijos que buscan a sus padres. Familias que recorren ministerios públicos. Mujeres cuya desaparición no produjo una llamada de una embajada. Hombres asesinados cuya fotografía nunca llegó a un periódico nacional.
Claudia Tacoronte merece justicia. Toda. Sin reservas.
También merecen justicia las otras tres estudiantes de la UAEM asesinadas este año, y las mujeres cuyos nombres no conocemos, y los desaparecidos, y las familias que continúan buscando.
La respuesta correcta al caso Claudia no consiste en preguntarnos por qué se hizo tanto por ella. Consiste en preguntarnos por qué no podemos hacer lo mismo por los demás.
Si una estudiante extranjera asesinada consigue movilizar instituciones, medios, universidades y gobiernos de dos países, quizá su tragedia pueda servir al menos para algo más que detener a quien presuntamente le quitó la vida. Puede obligarnos a mirar nuestra propia justicia y reconocer que una justicia que funciona solamente cuando todos están mirando no funciona realmente.
La verdadera medida del Estado de derecho no está en cómo se resuelve el caso que ocupa todas las portadas.
Está en cómo se investiga el crimen de aquella persona cuyo nombre nunca llegará a ellas.
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