Impulsar la Ley Sabina le ha costado a la madre y activista Diana Luz Vázquez mucho más que tiempo y pancartas de protesta. Le ha tocado la tranquilidad personal de ella, la de su hija y la de su familia.

Santa Cruz Xoxocotlán es uno de los municipios más peligrosos para ser mujer, pues concentra uno de los territorios donde mayor número de mujeres ha desparecido desde el primero de diciembre de 2016 a la fecha. También se trata de uno de los peores municipios para solicitar ayuda policial, pues de acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre 2021 y lo que qué va del 2022, se han documentado 511 indagatorias en contra de los elementos policiacos.

Dentro del adverso espacio en el que Diana Luz Vázquez ha emprendido una lucha contra deudores alimentarios que ha tenido eco nacional, se mantiene el poder entre una compleja red de políticos priístas y ex priístas cuyo mandato de miedo y silencio se ha desafiado a través de tendederos y protestas feministas.

Las columnas más leídas de hoy

Abuso policiaco y amenazas de desaparición, la realidad de Xoxocotlán para activistas

El pasado viernes, Diana Luz Vásquez junto con colectivas feministas vivieron abuso policiaco, lesiones y acusaron represión feminicida al momento de protestar en contra de las desapariciones de mujeres, la violencia económica y el abuso de poder frente a la comandancia municipal.

La denuncia que se mantiene en videos de redes sociales advierte al menos 80 policías hombres las agredieron cuando el protocolo ordena que sean elementos mujeres las que intervengan cuando se trate de otras mujeres. La protesta pacífica se alteró cuando los policías comenzaron a forcejear con las activistas, esposando a algunas mujeres y arrojando sus herramientas de protesta como bocinas y tendederos.

También puedes leer

Paradójicamente, mientras las mujeres exigían justicia por ser Xoxocotlán el segundo municipio de Oaxaca e donde en los últimos meses han desaparecido mujeres, a Diana Luz Vásquez le enviaban mensajes amenazándola de ser desaparecida si no paraba con sus protestas.

Este acto violento por parte del municipio de Xoxocotlán apenas es la gota que derramó el vaso después de que hace menos de un mes, familiares de funcionarios públicos municipales siguieran a la activista cuando salía a desayunar con su hija montando una detención y videos donde se le acusaba de ser “una mala madre”. Esta agresión se trata del segundo acto en su contra después de que su hija fue grabada y fotografiada sin consentimiento cuando policías que la seguían la arribaron por estar supuestamente alcoholizada, trasladándola a los separos por varias horas, ocultando a la menor sin respetar sus derechos y fotografiando también a la activista.

Sobre estos actos, la feminista Diana Luz Vázquez ha anunciado que interpondrá una queja ante las autoridades de los Derechos Humanos, sin embargo, el riesgo que corre es alto.

El “odio” institucional tiene nombre y apellido

El poder en Xoxocotlán ha quedado entre familia durante los últimos 12 años. Aunque la familia, en realidad, parece ser lo que menos ha importado para quienes gobiernan aquel municipio pues una de las explicaciones a la hostilidad que enfrenta Diana Luz es que el cuñado del reciente ex presidente municipal, Alejandro López Jarquín, ha sido denunciado en los tendederos de la patrulla feminista por no pagar pensión alimenticia.

El mismo López Jarquín es quien pudo haber dado la orden de la represión pues Tania López Nelio – esposa del actual encargado del despacho Alejandro López Jarquín- es la candidata de Morena en ese municipio donde este domingo 27 de marzo se celebran elecciones.

Tanto Diana Luz como la víctima ex esposa del deudor alimentario Daniel Lopez Nelio han recibido amenazas, quien, por cierto, es secretario general del PRD, tiene solvencia económica para cubrir las necesidades de sus hijos pero es protegido por su hermana y cuñado para no cumplir con sus obligaciones de padre y otros abusos.

Se trata de un político encubierto por ser deudor alimentario que utiliza el poder para violentas a niñas, niños y mujeres.

Cuando en julio del 2021 se creaba el tendedero de deudores alimentarios donde más de 600 hombres- senadores, funcionarios, políticos, abogados, maestros y muchos más- han sido denunciados por no cumplir con sus responsabilidades, Diana Luz no se imaginaría los intereses que estaba incomodando al exhibir públicamente a hombres con poder.

La propia Diana Vásquez ha explicado: “Me ofrecieron dinero para ya no seguirle, para que le parara, para que denunciará, pero qué les pasa, mi dignidad no se vende, lo que deseamos es que la policía le paré a estos abusos, que haya castigo y que nos respeten nuestro derecho a manifestarnos”.

En el país más peligroso para ser mujer y activista, el gobernador Alejandro Murat, el subsecretario Encinas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tendrían que brindar protección antes de que las amenazas atroces que Diana ha recibido se cumplan.

Ninguna mujer ni sus hijos deberían ser víctimas de violencia económica. ¿Podemos imaginar cuantas familias tendrían un piso más parejo si además de la Beca Benito Juárez, el Estado les garantizara recursos de los padres para educación, alimentos y esparcimiento? No son pleitos personales, son problemas públicos y sociales.