No fue solamente el anuncio de nuevas acusaciones contra dirigentes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tampoco fue únicamente el incremento de las recompensas, las restricciones migratorias o el congelamiento de activos. Fue el lenguaje: Algo cambió en Washington.
El miércoles 5 de agosto de 2026, autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acompañadas por representantes de la DEA, el FBI y otras agencias federales, presentaron una nueva fase de la ofensiva estadounidense contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La conferencia debe observarse junto con una decisión adoptada apenas unos días antes.
El 23 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros —OFAC— del Departamento del Tesoro, había ejecutado la mayor acción de sanciones realizada hasta entonces contra el CJNG: 39 personas físicas y 16 personas morales, 55 objetivos en total, fueron señalados por su presunta participación en estructuras financieras relacionadas con la organización.
México no fue un espectador de aquella acción. La propia Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera había identificado indicadores relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero: movimientos en efectivo, adquisición de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, tarjetas de crédito y activos virtuales.
La importancia del acontecimiento radica precisamente ahí. Estados Unidos ya no está describiendo al narcotráfico mexicano únicamente como hombres armados que transportan droga. Está hablando de ecosistemas criminales, financieros, empresariales. Políticos, institucionales. Y eso cambia todo.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, había definido con extraordinaria claridad la nueva estrategia estadounidense después de las sanciones de julio: Washington pretende perseguir al CJNG atacando a sus dirigentes, facilitadores, finanzas y las redes de las que depende. Es una frase que merece ser leída cuidadosamente.
Porque un cártel de las dimensiones del CJNG no puede existir únicamente gracias a sus sicarios. Necesita dinero que pueda incorporarse a la economía formal. Necesita empresas, propiedades, transportistas, operadores financieros, prestanombres, información. Necesita autoridades que no vean y, en determinados casos, necesita autoridades que deliberadamente permitan.
Por eso resulta particularmente grave el énfasis que las autoridades estadounidenses han colocado en las redes de protección política y corrupción institucional alrededor de las organizaciones criminales mexicanas.
No significa que todo funcionario sea corrupto. Sería absurdo afirmarlo. Tampoco significa que cada empresario que haya tenido contacto indirecto con una estructura criminal sea automáticamente cómplice.
Significa algo mucho más inquietante: que para Washington el fenómeno criminal mexicano ha alcanzado una dimensión en la cual resulta imposible separar completamente al narcotraficante de las estructuras económicas, financieras, administrativas y políticas que hacen posible su supervivencia.
La advertencia merece atención. Especialmente porque el CJNG fue designado por Estados Unidos como Foreign Terrorist Organization en febrero de 2025.
Desde entonces, el vocabulario jurídico y político estadounidense dejó de ser el mismo. Ya no se habla solamente de perseguir narcotraficantes. Se habla de desmantelar una organización terrorista y de perseguir a quienes la financian, facilitan o protegen.
La pregunta que los mexicanos deberíamos hacernos es: ¿cómo es que llegamos hasta aquí?
¿Cómo llegó nuestro país al punto en que otro Estado considera necesario identificar empresas, congelar activos, cancelar visas, ofrecer decenas de millones de dólares en recompensas y hablar públicamente de redes políticas que protegen a organizaciones criminales mexicanas?
La respuesta incómoda es que no llegamos de un día para otro. Llegamos después de décadas de normalización.
Normalizamos que determinadas carreteras estuvieran controladas por grupos criminales. Normalizamos que empresarios pagaran derecho de piso. Normalizamos candidatos amenazados. Normalizamos presidentes municipales asesinados. Normalizamos policías infiltradas. Normalizamos territorios donde todos saben quién manda, excepto aparentemente las autoridades encargadas de impedirlo. Normalizamos que aparecieran fortunas inexplicables. Normalizamos que determinadas empresas crecieran extraordinariamente rápido sin preguntarnos demasiado por qué. Y quizá lo más grave: normalizamos el silencio.
El narcotráfico dejó de ser solamente una actividad clandestina cuando consiguió penetrar la vida cotidiana. Ahí comenzó nuestra derrota.
Durante demasiado tiempo parte del sector privado mexicano pensó que el crimen organizado era un problema exclusivo de policías, fiscales y militares. No lo es.
Una organización criminal necesita proveedores, transporte, inmuebles, combustible, telecomunicaciones, servicios financieros, construcción, comercio y mecanismos para transformar recursos ilícitos en patrimonio aparentemente legítimo.
Por eso combatir a los cárteles también significa impedir que sus recursos encuentren acomodo en la economía formal. El empresario que conscientemente presta su compañía para lavar dinero no es una víctima del narcotráfico. Es parte de su infraestructura. El servidor público que deliberadamente proporciona protección tampoco es un observador. Es parte del problema.
Y el político que acepta recursos criminales creyendo que podrá gobernar después con independencia descubre demasiado tarde una regla elemental: quien financia también cobra.
México tiene razón cuando exige respeto a su soberanía. Pero la soberanía no puede convertirse en una palabra utilizada para evitar preguntas incómodas.
La mejor defensa de nuestra soberanía consiste precisamente en recuperar nosotros mismos las instituciones y los territorios que el crimen organizado intenta capturar. México debe perseguir a los narcotraficantes. Pero también debe perseguir su dinero. Debe identificar empresas fachada. Debe investigar patrimonios inexplicables, fortalecer controles antilavado, proteger denunciantes, impedir financiamiento criminal de campañas y, sobre todo, debe investigar sin considerar colores partidistas.
Un narcotraficante no deja de ser narcotraficante porque financie al partido que nos simpatiza; un funcionario corrupto no se vuelve inocente porque pertenezca al gobierno que apoyamos. La ley pierde su sentido en el instante en que comenzamos a aplicarla según nuestras preferencias políticas.
Así, las acciones estadounidenses contra el CJNG deben entenderse conjuntamente: Las sanciones económicas, las acusaciones penales, las restricciones migratorias, las recompensas, la persecución de las estructuras financieras y el señalamiento cada vez más explícito de quienes proporcionan protección política o institucional.
Washington está diciendo que pretende atacar al narcotráfico como sistema, no solamente como organización armada.
México debería escuchar el mensaje sin subordinación, pero tampoco con indiferencia. Porque detrás de esta discusión existe una realidad imposible de ocultar: demasiados mexicanos han sido asesinados, desaparecidos, desplazados, extorsionados o despojados por organizaciones criminales. Ellos deberían ocupar el centro de nuestra reflexión. No Washington. Tampoco los partidos, los gobiernos o las víctimas.
Todavía podemos decidir. No creo que México esté condenado; pero tampoco creo que podamos continuar fingiendo que basta con esperar a que policías, soldados, fiscales o gobiernos resuelvan solos un fenómeno que ha penetrado sectores enteros de nuestra sociedad.
La recuperación del país también necesita ciudadanos. Por eso quiero terminar este espacio haciendo un llamado muy sencillo a los mexicanos de bien, independientemente de nuestras preferencias políticas: Hagamos lo que esté a nuestro alcance.
Desde una empresa, revisemos con quién hacemos negocios. Desde una institución financiera, cumplamos seriamente los controles. Desde una organización empresarial, no protejamos a quien sabemos vinculado con actividades ilícitas. Desde el servicio público, rechacemos la presión criminal. Desde los medios y la academia, investiguemos. Desde la sociedad civil, denunciemos y exijamos. Y desde la política, cerremos definitivamente las puertas al dinero del narcotráfico.
Nadie está obligado a convertirse en héroe ni a exponerse irresponsablemente. El Estado tiene la obligación fundamental de proteger a quienes enfrentan al crimen. Pero todos podemos negarnos a normalizarlo.
Porque cada contrato que no obtiene el crimen organizado, cada peso que no consigue lavar, cada espacio empresarial que se le cierra, cada funcionario que se niega a protegerlo y cada institución pública que conserva su independencia reducen, aunque sea un poco, su capacidad de dominar nuestra vida colectiva.
Los cárteles no se hicieron poderosos solamente porque consiguieron armas. Se hicieron poderosos porque consiguieron relaciones, dinero, miedo, silencio e influencia. Quitémosles esas cinco cosas.
La batalla contra el crimen organizado no se decidirá únicamente en las montañas, en las fronteras o en los tribunales. También se decidirá en nuestras empresas, nuestros gobiernos, nuestras instituciones y nuestras conciencias.
Y esa parte de la batalla nos corresponde a nosotros.