La mejor medida de un gobierno no es lo que dice, sino lo que hace. Las intenciones se miden con los resultados. El gobierno ha anunciado su intención de regular el derecho de las audiencias en medios concesionados del Estado. La idea ha sido recibida con una generalizada desconfianza. Tan simple como esto, si la autoridad tuviera alguna consideración al derecho de las audiencias a la veracidad y a las buenas prácticas del oficio informativo, otro sería el manejo oficial de la comunicación institucional. Evidencia clara es la manera como operan los medios del gobierno. Las mañaneras del pueblo son la mejor prueba del desdén a las audiencias. Si desde la más elevada oficina el gobierno no se apega a la verdad, agrede a quien difiere y en materia penal ignora la presunción de inocencia y los derechos más elementales del inculpado cuando es opositor ¿por qué conceder que la autoridad respetaría el disenso o a la crítica? La alerta es merecida y obligada.
La agresión a la libertad de expresión es el signo del régimen; sin consideración alguna y cada vez peor. Ocurre en un entorno de violencia, donde el oficio periodístico se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Numerosos periodistas han sido asesinados. En la estadística, un oprobio: México el país más peligroso para el oficio y a pesar de que el presidente López Obrador fue reconvenido por organizaciones civiles internacionales no cedió en su agresión a los medios y sus colaboradores. Había la esperanza de un cambio con Claudia Sheinbaum en la presidencia; al principio hubo comedimiento. Poco después la agresión se acentuó, sin precedente. El uso de la figura de la violencia política de género con la connivencia de tribunales sirvió para reprimir a críticos, incluso particulares, con sanciones humillantes y, en algunos casos, onerosas.
El coyote quiere hacerse cargo del gallinero invocando el derecho de las audiencias. El gobierno es el sujeto obligado a salvaguardar el derecho de las audiencias y, vale decir, es quien más lo violenta, directamente con la comunicación institucional y con el quehacer de sus medios; indirectamente, con la labor de la mayoría de los medios de reproducir la propaganda oficial. Extraña que el gobierno quiera más; seguramente va por los pocos espacios críticos y por acentuar la autocensura.
Nadie en el oficio con un sentido elemental de independencia estaría dispuesto a dejar que el actual gobierno o una instancia bajo su control sea última instancia para resolver la diferencia de un particular con un periodista o con un medio. El derecho de las audiencias se garantizaría por un órgano de Estado autónomo, profesional e imparcial, no por el gobierno, por ser sujeto a regular.
El derecho de las audiencias es tan legítimo como el procedimiento para sancionar la violencia política de género. Un régimen antiliberal, intolerante, autoritario, proclive al abuso y a la mentira es incapaz de garantizar el derecho de las audiencias. Allí están ejemplos recientes de lo que ha ocurrido con la libertad de expresión cuando se deja en manos de sus jueces o sus abogados la aplicación de la norma para evitar la violencia política de género.
Bajo las mismas consideraciones es la definición del sentido de la verdad, la correcta contextualización de la información o la diferencia entre opinión e información. Insisto, el desempeño presidencial matutino ofrece evidencia suficiente del sentido maniqueo del régimen para definir la verdad. Si la legalidad que tiene una expresión objetiva es manipulada groseramente contra el adversario y al de casa se le dispensa generosa y ostensible impunidad, qué sucedería en casos tan subjetivos y opinables como la verdad, su adecuada contextualización o la diferencia entre información y opinión.
Antes de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo, en este espacio anticipamos que ante las dificultades del régimen político la ruta era la represión ante la ostensible impunidad. El exgobernador Ruffo, figura emblemática de la oposición es ahora un preso político, detenido en un reclusorio de alta peligrosidad. Su detención fue espectáculo con doble propósito: amedrentar al que disiente y socializar la idea que la corrupción a todos alcanza, incluso a quienes se tiene por hombres de bien.
Una vez cruzado el Rubicón por la impunidad; el régimen político ahora más que siempre requiere someter la libertad de expresión. La pretensión del gobierno de garantizar el derecho de las audiencias hacia allá se dirige.