Nos acercamos al último cuarto del año y comienza la discusión sobre el aumento al salario mínimo para 2027, el cual se sumará a los incrementos registrados en los últimos ocho años. Desde el inicio del sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó un camino claro: se busca que, al final de su mandato, el salario mínimo cubra dos canastas básicas y media para superar el umbral de pobreza alimentaria que afecta a la clase trabajadora.
El sector patronal no puede alegar incertidumbre; la postura oficial fue transparente desde el primer día.
Además, en las negociaciones del T-MEC celebradas en estas semanas, Estados Unidos ha enfatizado que uno de los nuevos ejes de revisión será el cumplimiento de las normas laborales. Se hace un hincapié particular en el aumento salarial para alcanzar la meta de las dos canastas básicas y media, un elemento clave para erradicar la disparidad laboral que históricamente convirtió a México en un destino de inversión atractiva basada en condiciones desiguales dentro del bloque comercial.
A pesar de esto, la patronal no pierde la esperanza y recurre al filtrado de notas periodísticas en busca de un milagro. Un ejemplo reciente fue la publicación de un artículo en El Economista donde presuntos especialistas recomendaban “cautela” ante los próximos incrementos salariales. El argumento es el de siempre: afirman que el problema de fondo en México es la productividad y que se debe trabajar en ella antes de subir los sueldos. Tratan la “productividad” como si fuera un ente místico: algo inaccesible, indefinible, pero en lo que hay que creer a ciegas.
La realidad es que el empresariado mexicano arrastra vicios de antaño que impactan directamente en la baja competitividad industrial del país:
- Dependencia tecnológica: ante la falta histórica de inversión en investigación universitaria y en la fabricación local de maquinaria, el país depende al 100% de tecnología, insumos y refacciones importadas para mantener su producción.
- Evasión y esquemas agresivos: por años se han empleado empresas “factureras” y pagadoras para eludir cuotas de seguridad social e impuestos. Esto derivó en un esquema de subcontratación que hoy abarca a cinco millones de trabajadores, eliminando la antigüedad laboral, topeando los ingresos al salario mínimo con prestaciones básicas y evadiendo responsabilidades legales.
- Incumplimiento normativo: en los centros de trabajo se ignoran las comisiones mixtas y las obligaciones de capacitación, al tiempo que se mantiene a la fuerza laboral cautiva mediante sindicatos patronales o “blancos”. Esta anulación del diálogo permite la violación sistemática de los derechos de vacaciones, la NOM-035, la “Ley Silla” y cualquier otra disposición legal que carezca de supervisión estricta por parte de las autoridades.
Los patrones pueden continuar lamentándose en sus cámaras industriales, pero no transformarán la realidad mediante boletines mediáticos. Si de verdad pretenden discutir sobre productividad, deberían empezar por dejar de llamar “colaboradores” a quienes les prestan un trabajo subordinado: son trabajadores con derechos, no sus socios.
X: @riclandero