Carlos Manzo Rodríguez, El del sombrero, el valiente alcalde de Uruapan fue ejecutado la noche del sábado 1 de noviembre en evento público acompañado de su familia y de su pueblo. De poco sirvieron los dispositivos de seguridad propios, del gobierno del Estado y del federal. El sicario pudo disparar en repetidas ocasiones; a quienes le protegían los tomó por sorpresa o no estaban en lo suyo. Así, el más decidido de los alcaldes a enfrentar a los criminales, quien solicitó apoyo a la presidenta y al gobernador fue ultimado.
El del sombrero llegó a la presidencia municipal como independiente, después de ser diputado federal por Morena y ver frustrada su candidatura a la alcaldía. Ganó de manera arrolladora frente a un competidor que pretendía reelegirse, de Morena, presuntamente, coludido con el crimen. Carlos Manzo fue un candidato exitoso; su postura firme y comprometida para defender a los suyos de los criminales y de la extorsión generalizada le dieron amplia aceptación en el poder. Se transformó en un símbolo nacional de resistencia.
El asesinato tiene repercusiones serias. La presidenta Sheinbaum lo entendió y por ello convocó de inmediato al gabinete de seguridad, llamó al secretario García Harfuch a salir a medios el domingo y en términos muy desafortunados se refirió al tema en la mañanera. El Estado queda expuesto por su incapacidad para ofrecer protección y salvaguardar la vida de quienes enfrentan al crimen, no se diga de la población expuesta. No son para subestimarse las condolencias y la condena del subsecretario de Estado de EUA, Christopher Landau, en un momento en el que Trump declara guerra total al crimen.
El diagnóstico obligado es que el saldo del abandono de la lucha contra el crimen ha significado que los delincuentes hayan penetrado a profundidad la economía, la política y la vida social en las regiones donde domina. La extorsión genera cuantiosos recursos a los criminales y combatirla desde el centro es tarea imposible. Las fuerzas federales llegan temporalmente para luego retirarse, calientan la plaza y dejan expuestas a las autoridades municipales y a quienes participen de la temporal embestida.
El mismo diagnóstico revelará que la solución de fondo no es militarizando o enviando fuerzas de ocupación; se intentó en los años de Calderón y el resultado fue insuficiente y quizás adverso. No se ha dicho ni se quiere reconocer ¿qué hubiera sucedido si Calderón, al igual que López Obrador, hubiera asumido una postura pasiva, para efectos prácticos, de complacencia o complicidad? La indignación se enciende cuando desde la presidencia se invoca a un gobierno que concluyó hace 13 años como causa de los problemas actuales.
Desde hace tiempo se ha insistido en la necesidad de fortalecer a las policías de proximidad y, especialmente, abatir la impunidad, que implica un cambio importante en las policías de investigación, las áreas técnicas asociadas y particularmente los ministerios públicos, temas ignorados por la draconiana reforma de justicia. El régimen ha creado su propia narrativa en sus dos versiones, la de abrazos no balazos y la del combate al crimen; los datos y los resultados desmienten todo éxito. La estadística criminal, particularmente la de los homicidios, se manipula minimizando dos indicadores que modifican el promisorio cuadro: el creciente número de desaparecidos y los homicidios por “otros delitos que atentan contra la vida”, asunto documentado por Guillermo Valdés en Letras Libres, Balance de la Estrategia de Seguridad.
Uruapan y Michoacán están indignados; con ellos, todo el país. El descontento, justificado, amenaza con desbordarse y la presidenta debe mantener temple. Así sucede cuando las autoridades se muestran ajenas al sentimiento colectivo de abandono por la inseguridad. Carlos Manzo no solo era alcalde de Uruapan, representaba un símbolo de una lucha desigual, cada vez más desesperada por culpa de las autoridades empecinadas en convencer que en el país prevalece el orden, la ley y la tranquilidad. Afirman que la impunidad no existe, a pesar de las evidencias abrumadoras respecto a la complicidad de autoridades con criminales, como ejemplifica el mal llamado huachicol fiscal, los desplantes de funcionarios y políticos enriquecidos por la corrupción y el que las investigaciones nunca llegan a niveles superiores a pesar de la evidencia.
Asesinaron a El del sombrero, quien exigía justicia y demandaba apoyo de las autoridades federales y estatales para cumplirle a los suyos en seguridad.
Queda claro que la solución necesariamente pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y locales, asunto negado por la estrategia de seguridad nacional bajo el supuesto de corrupción. Su abandono las vuelve un brazo armado del crimen organizado, triste realidad en muchas partes del país.
Asesinaron a Carlos Manzo. Deseable que su ejemplo sirva para un cambio que acabe con la complacencia.