La profunda crisis energética que dejó como herencia el sexenio de AMLO es una combinación de corrupción, ineficiencia, despilfarro y contratos leoninos que convirtieron al sector energético en un entramado mafioso: huachicol, apagones, desinversión crónica y empresas estatales a punto del colapso.
Pemex se hunde entre la caída de su producción y una deuda impagable. La CFE por su parte se encuentra en una grave crisis financiera, sin inversión suficiente en infraestructura, transmisión y distribución, y con severos señalamientos por corrupción y decisiones técnicas cuestionables.
Discrecionalidad y abuso
La llegada de Luz Elena González a la Secretaría de Energía confirmó la continuidad del modelo impuesto por la 4T: una política energética centralizada, opaca y controlada por intereses personales y políticos.
La secretaria ha servido como protectora de quienes operaron el sector durante el sexenio pasado: Octavio Romero, Manuel Bartlett y Rocío Nahle, todos bajo la lupa por decisiones arbitrarias y redes de favoritismo.
Muestra del alto grado de discrecionalidad con que ha operado el sector energético, es el aumento exponencial de adjudicaciones directas en Pemex y CFE, y proyectos como Dos Bocas o el “rescate” de plantas obsoletas, plagados de contratos con proveedores sin historial confiable y sobrecostos.
Mientras el dinero se desviaba o se malgastaba, el país empezó a apagarse, literalmente.
El más reciente, el 26 de septiembre pasado, un mega apagón que dejó sin electricidad por ocho horas a más de 2.2 millones de personas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. No fue el primero. Desde 2019 han ocurrido al menos otros tres apagones de gran escala, eso sin contar las interrupciones diarias que sufren comunidades enteras.
Explicaciones oficiales abundan: que si el mantenimiento, que si se cortaron unos cables, que si culpa de la reforma energética del sexenio anterior...
Lo cierto es que la 4T desmanteló políticas públicas que buscaban fortalecer el sistema eléctrico y en su lugar construyó una red de corrupción.
Saqueo sobre soberanía
En lugar de invertir, se dedicaron a manipular contratos, a traficar con predios ejidales destinados a proyectos energéticos y a beneficiar a empresas ligadas al “Clan”.
Desde el sexenio de Peña Nieto se sabía de los riesgos para la Península. La reforma energética incluía la construcción de dos plantas de ciclo combinado y la ampliación del ducto Mayakán, una obra que debió concluirse en 2022.
Sin embargo, Bartlett retrasó su autorización hasta finales de 2023, generando una crisis de suministro de gas natural en la región y se ordenó que las plantas generadoras operaran con diésel, una fuente más cara y contaminante.
Ahora se habla de que este combustible provenía en parte de operaciones ilícitas presuntamente operadas por una red vinculada a Adán Augusto López, Andrés López Beltrán y el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, actualmente preso. Todo un escándalo del que ya no se habla.
Por si fuera poco, Bartlett y su equipo abandonaron el diseño original de interconectar el ducto submarino Houston–Tuxpan al sistema nacional, una solución estimada en 250 millones de dólares para impulsar un proyecto mucho más costoso: extender el ducto a Dos Bocas en alianza con TC Energy, con un presupuesto superior a los 4,500 millones de dólares.
Para asegurar el negocio, funcionarios federales impusieron en Yucatán a operadores políticos de Puebla. Ermilo Barrera Novelo, nombrado secretario de Economía estatal, trajo consigo a personajes que generaron conflictos sociales y manipularon procesos de indemnización por tierras ejidales y favoreció a empresas de dudosa reputación como SIMSA, ligada a actores políticos poblanos como Pepe Chedraui.
Por otro lado, la organización llamada “Energía Puesta en Marcha”, encabezada por Lizeth Perla Padilla, también jugó un rol clave. Ligada a Rocío Nahle, Alejandro Esquer y a los hijos del expresidente, esta asociación operaba la red de distribución de gasolina y diésel, canalizando recursos y contratos a empresas aliadas.
Otro operador identificado es Ricardo Ortega López, director de Oil&Gas, cercano al círculo presidencial y al vocero Jesús Ramírez Cuevas, quien habría promovido negocios energéticos con gobiernos estatales en China.
En cuanto a Pemex, el discurso de autosuficiencia energética resultó una fachada. Mientras la producción petrolera cayó por debajo de 1.6 millones de barriles diarios, muy lejos de la meta de 2.4 millones, la deuda de la empresa superó los 110 mil millones de dólares en 2024, convirtiéndola en una de las petroleras más endeudadas del planeta. Dos Bocas, el supuesto gran proyecto, cuyo costo se duplicó, no opera plenamente.
A pesar del desastre evidente, Luz Elena González mantiene intacta la estructura mafiosa heredada de la administración de AMLO e incluso se ha confrontado con miembros del nuevo gobierno, como la consejera Altagracia Gómez, quien pidió una transición hacia energías limpias y autosuficiencia con visión de largo plazo.
X: @diaz_manuel