La imagen, que todos vimos, de una autoridad en funciones siendo golpeada no es menor: retrata el tamaño del conflicto que enfrenta la Ciudad de México cuando el orden toca intereses largamente enquistados.
Alianzas incómodas
Para nadie es un secreto la relación política que existe entre la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada y la lideresa de ambulantes Diana Sánchez Barrios, una figura que durante años ha ejercido control sobre amplios sectores del comercio informal en la capital. Desde su paso por Iztapalapa hasta su llegada al gobierno central, Brugada ha mantenido interlocución con estos grupos bajo el argumento de regulación y protección social, sin embargo, esa relación ha estado bajo escrutinio por las implicaciones políticas y electorales que conlleva.
El pasado viernes 13, cuando la alcaldesa Rojo de la Vega encabezó acciones de ordenamiento en la Ribera de San Cosme, la respuesta fue brutal: empujones, golpes y agresiones que la dejaron lesionada.
La reacción del gobierno de la CDMX fue, por decir lo menos, tibia. Sin embargo, el silencio de Brugada fue menor si se compara con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó como “show” la reacción de la alcaldesa tras las agresiones, desaprobó el operativo, defendió a la líder de los ambulantes y se quejó de que este tipo de hechos se exhiban públicamente.
Más allá del matiz político, el mensaje fue contundente: el conflicto se trasladó del espacio público al terreno del respaldo institucional.
Poder territorial y presión política
El comercio informal en la Ciudad de México satura calles, genera basura, riesgos y competencia desleal. Detrás hay redes políticas ligadas a Diana Sánchez Barrios, con pasado en PRI y PRD y hoy en Morena, capaces de movilizar presión electoral. Recuperar el espacio público ya no es técnico, sino disputa de poder.
Una alcaldesa frente al aparato
Rojo de la Vega llegó a la alcaldía enfrentando al poder más rudo de Morena. Derrotó políticamente a Ricardo Monreal, uno de los operadores más experimentados del oficialismo, y desde entonces su gestión ha estado bajo presión por parte del morenismo. A pesar de ello, en diversas mediciones de desempeño aparece entre los alcaldes mejor evaluados de la Ciudad de México y es octava a nivel nacional.
Su estilo —gobernar en la calle, encabezar operativos y confrontar estructuras enquistadas— incomoda. Los hechos del viernes ponen en evidencia la violencia de un gremio que se resiste al orden y exhiben la fragilidad institucional que permite que una autoridad electa sea agredida por apostar a la legalidad y el orden urbano.
Lo ocurrido en la Ribera de San Cosme demuestra lo que pasa en una ciudad donde el comercio informal se ha convertido en músculo político y donde intentar imponer la ley puede costar no solo golpes, sino descalificaciones públicas.
Más allá de si hubo exceso en el operativo o si la reacción de la alcaldesa fue mediática. La pregunta es: ¿quién gobierna realmente el espacio público en la capital? Si una autoridad no puede aplicar la ley sin ser agredida y cuestionada incluso desde el ejecutivo, el problema ya no es administrativo sino político.
Permitir que la violencia gremial sustituya al diálogo institucional y que la aplicación irrestricta de la ley se vuelva un cuestionamiento hacia la autoridad que la ejerce, es abrir la puerta a la normalización del desorden y a que el orden y la ley se vuelva opcional para quienes movilizan los intereses de un partido político.
X: @diaz_manuel