La terrible falta ética de seis ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser corregida —¡y se corregirá!— por el Órgano de Administración Judicial, presidido por Néstor Vargas Solano e integrado también por Surit Berenice Romero Domínguez, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez.
El pleno de la Corte aprobó, por seis votos contra tres, incluir en su anteproyecto de presupuesto para 2027 la restitución del seguro de gastos médicos mayores, una prestación con cargo al erario que la propia SCJN había eliminado a finales del año pasado como parte de su compromiso para acabar con los privilegios.
Los tres votos en contra fueron los del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y su colega Irving Espinosa Betanzo. Los seis votos a favor correspondieron a Giovanni Azael Figueroa Mejía, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero García, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra.
Seis personas sin conciencia de la austeridad en la SCJN contra tres juristas con conciencia de que se debe cuidar el dinero público.
La decisión resulta especialmente cuestionable porque el anteproyecto contempla un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos e incluye el seguro para más de 300 trabajadores. Todavía deberá ser revisado por el Órgano de Administración Judicial antes de llegar a la Cámara de Diputados. Y aquí habrá orden para no permitir el derroche.
En efecto, es precisamente en ese órgano donde está la posibilidad de corregir lo que, desde una perspectiva de austeridad republicana, constituye una terrible falta ética: que funcionarios públicos pretendan recuperar una prestación médica privada, costosísima, pagada con dinero del pueblo.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó duramente la decisión de la Corte. Con ironía, dijo que algo debe pasar cuando algunos entran al edificio de la Corte, ubicado a un costado de Palacio Nacional: “ha de estar embrujado”, pues pareciera que los “espíritus del pasado” los transforman.
Pero su crítica fue mucho más seria que la broma. Recordó a Benito Juárez y su lucha contra los fueros y los privilegios, y sostuvo que no está bien que los recursos públicos se utilicen para pagar seguros privados de gastos médicos mayores.
Si los ministros, las ministras y demás servidores públicos quieren contratar un seguro privado, dijo la presidenta, tienen toda la libertad de pagarlo con su propio salario. De lo contrario, deben atenderse en las instituciones públicas de salud, como cualquier otro servidor público.
Sheinbaum insistió en que el dinero es del pueblo y que quienes ocupan cargos públicos deben recordar que ser servidor público significa estar al servicio de la sociedad. También señaló que los ministros tienen salarios elevados, equivalentes al de la presidenta, por lo que pueden pagar de su bolsillo un seguro si así lo desean.
“No a los privilegios”, resumió.
Y tiene razón en algo fundamental: la austeridad republicana no puede ser solamente un discurso. Si la nueva Suprema Corte nació con la promesa de terminar con los privilegios del viejo Poder Judicial, resulta francamente decepcionante que seis de sus integrantes hayan votado por recuperar una prestación que se paga con recursos públicos.
Ahora corresponde al Órgano de Administración Judicial decidir si convalida o corrige esa decisión. Será una prueba para Néstor Vargas Solano y para Surit Berenice Romero Domínguez, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez.
La ciudadanía estará observando vigilante.