México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que presentará una iniciativa para unificar el delito de feminicidio en todo el país, a fin de especificar características que permitan judicializarlo y aplicar castigos. 

Lo que busca es que las penas vayan de 40 a 60 años de prisión para los feminicidas y 8 años para los funcionarios que entorpezcan las investigaciones.

La propuesta sale después de que la Fiscalía General de la República (FGR) propusiera reclasificar el delito para convertirlo en agravante para "tener un tipo penal simple" y alcanzar penas altas, de 70 años, pero considerar los asesinatos de mujeres como homicidio y la figura de feminicidio como agravante.

La iniciativa de Monreal, coincide con el posicionamiento de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, para que el feminicidio sea definido así cuando se quita la vida a una persona por razón de género o por su identidad de género como mujer.

"Quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer”.

Ricardo Monreal. Senador de Morena

Además, se busca especificar en la propuesta que será feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual en cualquiera de sus formas; presente mutilaciones previas o posteriores a haberla privado de la vida; o haber presentado actos previos de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, social o cualquier otro.

También contempla que será feminicidio cuando el cuerpo haya sido depositado en un lugar público; haya sido incomunicada independientemente de que el victimario tuviese fines de lucro o no; y cuando  haya existido una relación sentimental, afectiva, de amistad o de confianza.

La iniciativa busca impedir que los cuerpos sean cremados; que el delito sea imprescriptible; y que al unificarse, en los códigos penales estatales que contradigan estas disposiciones queden sin efecto.

Las penas para el feminicida irían de 40 a 60 años y de 750 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.

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Las sanciones incrementarían en un tercio cuando los que cometan ese delito sean funcionarios, o cuando la víctima esté embarazada, sea menor de edad, pertenezca a algún grupo indígena o tenga algún tipo de dispacacidad.

Los funcionarios públicos que entorpezcan investigaciones al respecto intencionalmente o por negligencia serían castigados con penas de tres a cinco años de prisión y con 750 a 2 mil 250 UMAs.