México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará la nueva política de comunicación social, las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar se pronunciaron en contra porque “aunque significa una avance importante en la relación entre medios y el Gobierno, solo puede lograrse con la abrogación de la Ley General de Comunicación Social”, la conocida “Ley Chayote”.
A través de un comunicado dijeron que la política presentada ayer, que establece los criterios a seguir por las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos de publicidad oficial, “dan“mayor certeza sobre la transparencia del gasto pero son insuficientes”.
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Hicieron un llamado para abrogar la Ley General de Comunicación Social y discutir una de acuerdo a lo establecidos por Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como un modelo bajo parlamento abierto.
{username} (@FundarMexico) April 18, 2019
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Un problema común es el aumento injustificado en publicidad oficial, pues solo de entre 2013 y 2018 Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, un 89% más de lo aprobado. Además, solo 10 medios concentran entre el 45 y 50% del gasto en publicidad oficial.
AMLO y su política de comunicación social
El día de ayer, durante la conferencia de prensa de López Obrador, el director de Comunicación Social federal, Jesús Ramírez, anunció que el gasto en publicidad oficial del nuevo gobierno será de 4 mil 711 millones de pesos.
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Ramírez Cuevas destacó que aún falta que se tenga un padrón de medios y también una medición de audiencias, “tenemos que llegar a una estandarización para que haya un piso parejo para todos”.
La llamada “Ley Chayote”
El 11 de mayo de 2018, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”, a pesar de los reclamos de organismos internacionales y sociedad civil.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la CIDH habían demandado al PRI, porque la ley deja en manos del Gobierno federal miles de millones de pesos que para gastar arbitrariamente, además de que ello atenta contra la libertad de expresión.