La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de proveedores del INE en medio de escándalos de presunta corrupción por la adquisición de contratos irregulares.

De acuerdo con el diario El Universal, la misma UIF habría confirmado que entre las cuentas bloqueadas sí se encuentra Guadalupe Taddei, al igual que cuentas de los hermanos Casillas.

Por este hallazgo, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad realice las investigaciones y determine posibles responsabilidades.

Lista de Personas Bloqueadas

UIF congela cuentas de Guadalupe Taddei y hermanos Casillas

De acuerdo con El Universal, las cuentas de Guadalupe Taddei, así como las de los contratistas José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, fueron bloqueadas por la UIF.

Ambos empresarios estarían relacionados con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral:

  1. Cajas Graf
  2. Corporativo Zeg
  3. Formas Finas y Materiales
  4. Seriplast de México
  5. Diseño Reconstrucción y Comunicación
  6. Formas Finas Fernando Fernández
  7. Comercializadora Grupo Selati

Las investigaciones apuntan a un presunto conflicto de interés entre Taddei y los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas presuntamente obtuvieron contratos millonarios en el INE y en los OPLEs.

José Alfredo Hernández Casillas, presunto proveedor del INE, beneficiado por Taddei

UIF congela cuentas de 40 proveedores del INE

Este miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la UIF, informó que, derivado de los análisis financieros, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de:

  • 25 personas físicas
  • 15 personas morales

Todas las cuentas estarían vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

Es de precisar que se trata de una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva o de carácter penal.