Éctor Jaime, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aclaró que la sanción de ocho años de cárcel contemplados en la reforma a la Ley de Salud en materia de vapeadores no aplica para consumidores sino a quienes los introduzcan al país y hagan negocio con ellos.
Así lo aclaró en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, luego de que ha proliferado la interpretación de que se castigaría usuarios a pesar de que se sigue vapeando aún existiendo una prohibición.
“No sanciona al consumidor… en el artículo 456 Bis, propone sanciones de 1 a 8 años de prisión… a todo a quien importe, exporte, comercie, negocie, no para la gente que está usando este tipo de servicios”
Éctor Jaime. Diputado PAN
Oposición señala que castigos por uso de vapeadores sigue fomentando un mercado negro
Éctor Jaime, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), criticó que la reforma se presta al mercado negro, corrupción con autoridades y que salgan con fianza, como en el tema de consumo personal de marihuana y otras sustancias.
Y es que ejemplificó que ya pasa que los policías al momento de hacer la detención modifican su versión para señalar que es mayor la cantidad de sustancia que portan, a fin de sacar una “mordida”.
La propuesta de reforma a la Ley de Salud contempla no solo prisión de 1 a 8 años sino una multa de 100 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Prohibición a vapeadores inició en el sexenio anterior; van camino a establecer sanciones de 8 años de cárcel
Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma a la Ley de Salud para reglamentar la prohibición ya vigente de cigarros electrónicos, vapeadores y otros dispositivos.
Es decir, esta prohibición ya existía, solo faltaban las leyes que indicaran sanciones por la reforma constitucional del 2024 en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que en esa reforma se equiparó la prohibición del fentanilo y ambas fueron prohibidas en la Constitución.
Desde el 31 de mayo en le sexenio de AMLO ya se había firmado un decreto por el que se prohibía la comercialización y circulación de vapeadores, pero posteriormente se han ido endureciendo las leyes a fin de prohibir su importación.
La industria y colectivos de vapeadores han protestado para que se garantice la libre decisión de hacerlo y han señalado que están abiertos al diálogo aunque no han sido incluidos en las discusiones de los últimos años.