Luego de que la Cámara de Senadores aprobó reformas a las leyes de la Guardia Nacional para el cambio de mando de civil a militar, organismos de derechos humanos advirtieron sobre las consecuencias de la militarización del país.
Amnistía Internacional, la Alta Comisionada interina de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentaron la decisión.
Los organismos señalaron que expresaron su preocupación por ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Amnistía Internacional: “atroz acto” pasar Guardia Nacional a la Sedena
A través de un comunicado, Amnistía Internacional calificó como un “atroz acto” la aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena porque pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México.
“Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años”.
Amnistía Internacional
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, reclamó que el plan debería ser el retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles.
Y dijo que la militarización sucede desde que más del 70% de sus elementos provienen del Ejército o la Marina, además de las más de mil quejas ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos.
Y que la estrategia de seguridad pública militarizada ha sido fallida pues México es un país mucho más inseguro que hace 16 años.
ONU-DH: Traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena es un retroceso
Por su parte, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión de ceder el control de la Guardia Nacional a la Sedena.
“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México”.
ONU-DH
El organismo internacional recordó que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso.
Y que la militarización no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos.
ONU-DH alertó también por la reciente propuesta de reforma para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
Centro Prodh pide acción de inconstitucionalidad contra decisión de la Guardia Nacional
Por su parte, el Centro Prodh pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interponer una acción de inconstitucionalidad como lo propuso la mayoría de su Consejo Consultivo.
“Siendo claramente inconstitucional e inconvencional lo aprobado, instamos a los actores legitimados a interponer los recursos existentes para que la SCJN realice el análisis correspondiente”.
Consejo consultivo de la CNDH
El pasado 7 de septiembre, el Consejo Consultivo de la CNDH pidió interponer una acción de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe la iniciativa para que la Guardia Nacional quede al mando de la Sedena.
Lo anterior porque el Consejo expresó que dicha iniciativa es inconstitucional y representa una amenaza a la protección de los derechos humanos.
Además de que contraviene todos los tratados y convenios internacionales que México tiene con otros organismos.
Senado aprueba cambio de mando civil a militar de la Guardia Nacional
La madrugada de este 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
La iniciativa, que fue enviada por el presidente AMLO, ya quedó lista para ser publicada y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin modificaciones.
Ante esta situación, el bloque opositor adelantó que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, para que sea el poder judicial el que decida si las modificaciones fueron legales o no.