El Gobierno de México acusó que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, no quieren que se done el dinero de los 13 fideicomisos para apoyar a Acapulco.

A través de un comunicado, el Gobierno de México culpó a los jueces y magistrados del Poder Judicial, de oponerse a la reconstrucción de Acapulco con el dinero de los fideicomisos.

Así lo acusó el gobierno federal ante la suspensión definitiva que un par de jueces otorgaron para anular el decreto que se emitió el pasado 27 de octubre de 2023.

Cabe destacar que por medio de dicho decreto, se busca que el dinero de los 13 fideicomisos eliminados del Poder Judicial, se use para apoyar la reconstrucción de Acapulco.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (Cuartoscuro / Carlos)

Gobierno de México denuncia actuar irregular de jueces y magistrados

Los jueces y magistrados del Poder Judicial no quieren que el dinero de los 13 fideicomisos eliminados, se utilice para ayudar a reconstruir Acapulco tras el impacto del huracán Otis.

Lo anterior fue acusado por el Gobierno de México por medio de un comunicado en el que criticó la resolución de un par de jueces que anulan el decreto del pasado 27 de octubre.

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Y es que el gobierno federal advirtió que en ambas sentencias judiciales, los jueces actuaron de manera incorrecta y en beneficio tanto personal, como de todo el Poder Judicial.

Al respecto, el comunicado advierte que tratados internacionales establecen que jueces y magistrados, deben actuar con imparcialidad judicial como requisito del Estado de derecho.

Sin embargo, acusó que los jueces se condujeron a favor de beneficiar sus intereses y para mantener el control de los recursos públicos que forman parte de los fideicomisos.

Incluso, el Gobierno de México acusó que en ambos casos, los jueces faltaron a la ética judicial, pues conocieron los juicios de amparo y recursos interpuestos sobre los fideicomisos.

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Siguiendo con su crítica, el Gobierno de México indicó que el actuar de jueces y magistrados que se oponen a apoyar a Acapulco, se ha guiado por meros intereses económicos.

El gobierno federal sentenció que los integrantes de Poder Judicial, han antepuesto sus intereses económicos “por encima del bienestar de la población de Acapulco”.

En ese sentido, acusó que la intención de los jueces y magistrados, es “mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para otorgarse beneficios extraordinarios”.

“(...) Estos jueces y magistrados, que se colocan en una “situación especial”, buscan beneficiarse de los recursos públicos de los fideicomisos sin haber realizado ninguna aportación extraordinaria para recibir las “pensiones y seguros médicos complementarios”, que finalmente se cubren con las contribuciones de la población"

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Sobre ello, en el comunicado se solicita a la ministra presidenta que la SCJN resuelva de forma prioritaria, los juicios de amparo que han interpuesto miembros del Poder Judicial.

El comunicado refiere que la SCJN tiene que atraer y resolver los asuntos, dado que los amparos cuentan con “características excepcionales y trascendentes” por involucrar a jueces y magistrados.

Y es que la autoridad federal insistió en que se trata recursos que contraponen el interés público de la sociedad, en especial para la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Norma Piña
Norma Piña (Suprema Corte de Justicia de la Nación)