Al menos dos personas presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tortura y detenciones arbitrarias durante la protesta por el agua en Jalisco.
Fue este lunes 26 de octubre que se dieron a conocer las denuncias presentadas ante la FGR los días 14 y 15 de octubre, tras la marcha del 11 de octubre, en la cual resultaron detenidas.
Entre ellas, la activista y fundadora del Colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, Adriana Gabriela Dueñas Arreola, quien aseguró que en Casa Jalisco violentaron sus derechos humanos.
FGR recibe denuncias por tortura y detenciones arbitrarias en protesta por agua en Casa Jalisco
Al menos 10 personas denunciaron ante la FGR al secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, por los delitos de tortura y detención arbitraria durante la marcha del 11 de octubre en Guadalajara.
De acuerdo con lo dicho en la denuncia, durante las detenciones fueron sometidas con violencia en inmediaciones de Casa Jalisco, en donde fueron retenidas durante horas.
La activista Adriana Gabriela Dueñas explicó que las detenciones se dieron consecuencia de las personas infiltradas que estaban golpeando a los mismos manifestantes.
Durante las detenciones, los policías las habrían agredido, además de que las desnudaron entre burlas, antes de ser agredidas físicamente y sometidas por los elementos.
Aunque desconocen cuántas horas pasaron en Casa Jalisco, acusan que en el traslado a la Fiscalía de Jalisco permanecieron incomunicadas y bajo amenaza de desaparecerlos.
Denuncian violación de derechos humanos en Casa Jalisco tras protesta por el agua
Junto a Adriana Gabriela Dueñas estaba la doctora Daniela Álvarez Zepeda, quienes señalaron que en Casa Jalisco se habrían violentado sus derechos humanos.
Ya que además de las amenazas de desaparecerlos a ellos y a los otros detenidos, impidieron que la doctora atendiera a otros manifestantes como el caso de una mujer que sufrió una convulsión.
Señalaron a su vez que no les aclaraban que estuvieran detenidas; además, el abogado que las representa, José Francisco Salazar, acusa irregularidades en sus carpetas de investigación.