La Secretaría de Seguridad (SS) del Estado de México (Edomex) rescató a dos mujeres paraguayas, probables víctimas de trata de personas, esto en los municipios de Lerma y Toluca, luego de recibir una denuncia anónima.

“Una denuncia anónima permitió que, elementos estatales rescataran en los municipios de Lerma y Toluca, a dos mujeres de origen paraguayo posibles víctimas de trata de personas<br>Denuncia este delito al Teléfono 089”<br>

Secretaría de Seguridad del Estado de México

Luego de corroborar los datos de la denuncia, la SS de Edomex en coordinación con policías municipales y la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVT) se llevó a cabo un rescate seguro.

Al ser rescatada la primera víctima, ésta proporcionó la dirección donde se encontraba su compañera por lo que elementos de seguridad se trasladaron al lugar referido sobre Boulevard Aeropuerto Toluca, donde salvaguardaron a la segunda mujer.

Les proporcionaron asistencia legal a víctimas de trata

Las mujeres paraguayas fueron llevadas ante la Fiscalía Especializada en Trata de personas, y se les brindo asistencia legal y medidas de seguridad.

Asimismo, se abrió una carpeta de investigación para localizar a los responsables del delito de trata de personas

Los migrantes son más vulnerables a ser víctimas de trata de personas en Edomex

Según la SS de Edomex, los migrantes, así como mujeres, y niños, son los más vulnerables de ser víctimas de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual, trabajos forzados y con fines de extracción de órganos.

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En 2019 se registraron 51 denuncias de Trata de personas en el Edomex, es decir, un 101.5% más con respecto al 2018, done El Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó únicamente 24 denuncias.

En 2019 el mes con más denuncias fue noviembre con 11, mientras que en 2018 fue mayo con 5 denuncias.

El código Penal del Edomex establece que comete el delito de trata de personas quién “procure, promueva, reclute, traslade, solicite, ofrezca, entregue o reciba” a una persona recurriendo a la coacción física o moral o la privación de la libertad.

Las penas por incurrir en este delito van de 9 a 18 años de prisión y a multas de 500 a 2 mil días.