México.- Pobladores de tres comunidades indígenas otomíes demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, la devolución y restauración de su territorio luego de que venciera el plazo de cinco años que Enrique Peña Nieto concedió a Constructora Teya para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, que no se concluyó.

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El decreto expropiatorio, emitido en 2014, planteó que la obra debió estar concluida el 29 de mayo de 2019 “pero sólo se edificó de manera precaria: el asfalto en varios tramos tiene severos daños por el tipo de suelo y los materiales que usaron”, y reportaron que apenas tiene un avance de 40 por ciento.

En conferencia de prensa, lo afectados explicaron que de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley de Expropiación, si al plazo de cinco años no se concluyó la autopista, pueden exigir la devolución del territorio, por lo que van a solicitar la creación de un nuevo mecanismo para reparar los daños causados.

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El proyecto fue impuesto desde 2010

De acuerdo con los pobladores, en 2010 fue impuesto el decreto para la construcción de la autopista sin que fueran consultados, como lo establecen los tratados internacionales, y que se realizó en complicidad del gobierno estatal y empresas privadas.

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Con dicho convenio fueron arrebatadas 63 hectáreas a los pueblos San Lorenzo Huitzizilpan, San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotusco, todas de origen otomí; mismas que presentaron el 17 de junio una solicitud de reversión del decreto al Departamento de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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El próximo 25 de junio se llevará a cabo un recorrido público para demostrar los avances y afectaciones del proyecto de la filial de Grupo Higa, concesionado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), que ha otorgado prórrogas a la constructora para que pueda terminar la autopista aunque ésta cuenta con suspensiones judiciales definitivas.