La administración del presidente Donald Trump presentó una orden para eliminar un histórico programa de asistencia legal destinado a migrantes de bajos recursos económicos.
Este programa, que operaba bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia (DHS) desde hacía más de 70 años, tenía como propósito fundamental garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad contaran con una asesoría jurídica adecuada y accesible para sus trámites migratorios.
Trump provoca incertidumbre al eliminar programa de asistencia para migrantes de bajos recursos
Informaciones publicadas recientemente señalan que los abogados vinculados a la oficina del DHS fueron reubicados en tribunales migratorios durante la última semana.
Dicha reestructuración administrativa ha dejado la iniciativa con apenas dos personas de apoyo, las cuales no poseen la facultad jurídica necesaria para otorgar nuevas acreditaciones, lo que detiene efectivamente el flujo de asesores certificados hacia las comunidades más necesitadas del país.
Bajo el esquema del Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), que forma parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, más de 2 mil 600 defensores de entidades sociales como Catholic Charities y Jewish Family Services prestaban sus servicios.
Esta labor era crucial, pues facilitaba que los extranjeros con procesos pendientes ante las autoridades pudieran recibir acompañamiento profesional en la mayoría de sus gestiones sin incurrir en gastos excesivos, promoviendo así una justicia más eficiente.
Aunque representantes de la Casa Blanca han desestimado los señalamientos sobre la abolición total del programa, subrayando que su vigencia se mantiene por vía reglamentaria, el debilitamiento operativo es evidente.
Esta acción se interpreta como un paso más en la estrategia de la actual administración para endurecer las condiciones del sistema, implementando barreras que limitan severamente la capacidad de defensa de los migrantes frente a las instituciones estadounidenses.
