Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de género, la gobernadora de Quintana Roo y presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, Mara Lezama Espinosa, participó en la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres.
Durante la firma de este convenio participaron el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Orti, el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora; donde Lezama subrayó la importancia de este tipo de acuerdos para garantizar el cumplimiento de la justicia, especialmente en contextos de violencia y desigualdad.
Convenio nacional fortalecerá acceso a la justicia para mujeres
Mara Lezama destacó que el convenio permitirá fortalecer los trabajos entre distintas instancias, para que se garantice un acceso a la justicia con perspectiva de género en todo el país. Asimismo, aseguró que Quintana Roo se suma a la colaboración para avanzar en materia de justicia incluyente, coordinada y sensible ante las realidades de las mujeres.
Por otra parte, señaló que en Quintana Roo hay un nuevo Poder Judicial que refleja un avance histórico en paridad con 62 juezas mujeres y 55 hombres, los cuales se distribuyen en 117 cargos sometidos a votación.
Además, seis juezas y 28 jueces son indígenas, lo que representa un avance en materia de igualdad y reafirma el compromiso de la gobernadora por fortalecer la representación de los pueblos indígenas en el estado.
Por su parte, Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación; las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa, y la secretaria Citlalli Hernández Mora, aseguraron que este convenio permite establecer mecanismos que fortalecen la atención, protección y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Con este acuerdo se permitirá articular políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres con el objetivo de consolidar instituciones más sensibles a las desigualdades y a la atención de la violencia de género.