Por primera vez en Michoacán, detuvieron a una persona por atacar en redes sociales a un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro.

Por orden de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Cristina “N” fue detenida por “ataques al honor”.

A la imputada se le acusa de administrar perfiles apócrifos en Facebook, a fin de dañar la reputación del servidor público, de identidad desconocida.

ciberacoso

Por la denuncia del afectado y la investigación mediante la cual se recopilaron una serie de publicaciones contra el funcionario, se giró una orden de aprehensión contra la ejecutora.

Su detención se logró con la colaboración entre personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos a Través de Medios Cibernéticos, y la Policía Cibernética.

Cristina “N” fue presentada ante un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica. Hasta el momento, se desconoce si la imputada actuó por razones personales o por orden de terceros, así como es desconocido el motivo de sus ataques.

¿Cuál es la pena por realizar ataques cibernéticos?

Basándonos en el caso de Cristina “N” en relación a un servidor público del municipio de Nuevo Parangaricutiro, el ataque se tipifica bajo el delito de “ciberacoso”.

Existen 8 tipos de ciberacoso:

  1. Insultos mediante medios electrónicos
  2. Hostigamiento a través de mensajes electrónicos
  3. Denigración mediante publicaciones despectivas o divulgación de falsa información que atente contra la integridad de una persona.
  4. Suplantación de identidad
  5. Sonsacamiento. Se revela información privada de la víctima
  6. Exclusión a fin de incitar y motivar un rechazo social
  7. Ciberpersecución. Hostigamiento y amenazas a través de redes sociales.
  8. Happy slapping. Se lleva a cabo cuando se difunde videos sobre una agresión física.

Debido a que el ciberacoso atenta contra la integridad, el desarrollo y la personalidad de la víctima, este delito se castiga con prisión de meses hasta 10 años o más en México.

Así como con significativas multas basadas en el salario mínimo según cita el Código Penal Federal y las leyes específicas como la Ley Olimpia.

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