El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que el Gobierno federal tiene la obligación de investigar de oficio y deslindar responsabilidades ante las presuntas irregularidades dadas a conocer recientemente.
El legislador enfatizó que Claudia Sheinbaum debe despejar cualquier duda relacionada con señalamientos dentro de su administración o del sexenio anterior, mediante investigaciones formales y con apego a la legalidad.
La obligación que tiene el gobierno, una, de rendir cuentas y, la otra, de dar resultados y eso es lo que le urge a este gobierno porque esa es la demanda de las y los mexicanos.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado
Clemente Castañeda pide investigaciones formales por presunta red vinculada al huachicol fiscal
Clemente Castañeda sostuvo que más allá de los señalamientos entre actores políticos, lo fundamental es garantizar el cumplimiento de la ley y atender la exigencia ciudadana de transparencia.
En ese sentido, señaló que las indagatorias sobre posibles redes de corrupción y financiamiento ilegal de campañas, relacionadas con el llamado huachicol fiscal, deben realizarse con rapidez y profundidad para determinar responsabilidades.
Por supuesto que tiene que rendir cuentas. Por supuesto que sabemos que el huachicol terminó embarrando prácticamente toda la Cuarta Transformación, que ese es el problema del sexenio anterior y ese es el problema del sexenio actual.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado
Senado debe llamar a comparecer a funcionarios señalados
El senador también subrayó que existe una responsabilidad política, además de la legal, por parte de las y los funcionarios involucrados, por lo que consideró que el Senado de la República debería llamarlos a rendir cuentas.
Sin embargo, advirtió que la falta de mayoría legislativa ha impedido concretar comparecencias, ya que, según dijo, los intentos han sido bloqueados.
A pesar de ello, reiteró que Movimiento Ciudadano insistirá en que se esclarezcan los hechos y en que cada actor público asuma las consecuencias legales y políticas correspondientes.
Por último, advirtió sobre las consecuencias democráticas y el costo político-electoral que implicaría encubrir posibles actos de corrupción, y expresó su confianza en la sabiduría de las y los mexicanos para valorar estos hechos en los próximos procesos electorales.